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En la Facultad de Ciencias Económicas se cursa una carrera poco elegida por los estudiantes. Es mucho más exigente que el resto con una duración similar estimada de cinco años. Tiene una orientación de Economía y otra de Administración. Son pocos los que transitan los pasillos de la facultad, pero se los identifica rápidamente en los cursos que comparten con jóvenes de las otras carreras. En general, son los que se sacan las mejores notas. Hay pocos graduados en relación con la demanda del mercado. Por ese motivo son muy requeridos y reciben una buena retribución por su trabajo profesional. En términos básicos, el actuario es un matemático-economista que originalmente estaba orientado a calcular primas de seguros y que luego fue ampliando su área de influencia. Aplica sus conocimientos para evaluar los hechos económicos y sociales sometidos a leyes probabilísticas y financieras, con el fin de proponer planes equilibrados que permitan el cumplimiento de prestaciones recíprocas de ambas partes (compañía de seguro/asegurador o sistema previsional/jubilado). Analiza las condiciones de cambio de valores presentes por valores futuros, estableciendo el equilibrio actuarial y las cotizaciones o compensaciones necesarias. Elabora las bases de cálculo de las reservas monetarias requeridas para hacer frente a los reclamos esperados en la industria del seguro, en la seguridad social, seguro de enfermedad y los programas de jubilaciones y pensiones. El cálculo actuarial es, en definitiva, la herramienta para definir seguros, primas y pensiones, entre otras prestaciones.

La contribución de los técnicos es fundamental para la acción política. Esto no significa que se atribuya a una tecnocracia la capacidad de ser gobierno, como pasó con el increíble gabinete nacional compuesto por seis economistas durante la administración De la Rúa o que pase a ejercer el predominio en la gestión como en la década del noventa. Deben estar subordinados a los objetivos planteados por el poder político, pero los aportes de los expertos no pueden ser ignorados si el objetivo es dar solvencia a iniciativas políticas.

El cálculo actuarial es un instrumento fundamental para iniciar un debate riguroso en el tema jubilatorio. Esos estudios definen el compromiso que asume el Estado estableciendo el valor presente de todos los haberes futuros a favor de personas que tengan o vayan a adquirir ese derecho. Ese valor se establece en forma anual en bases a estudios actuariales. Ese monto se proyecta en el tiempo y se lo trae a valor presente: debido a que el dinero tiene valor en el tiempo, a cada uno de estos pagos se le aplica una tasa de interés o de descuento. Pero se debe agregar otro condimento: se define el monto pero también se tiene que precisar la posibilidad de pagarlo. Aquí interviene el actuario con una valoración económica en la cual además de reconocer que el dinero tiene valor en el tiempo, estima la posibilidad de que cada pago se haga. Es decir, a cada pago se le asocia la probabilidad de ocurrencia. Las variables clave para ese cálculo son la proyección de largo plazo de la población total, la tasa de natalidad, la expectativa de vida, la composición por sexo. También son importantes la relación trabajadores activos/pasivos y la estimación del porcentaje de personas mayores de 65 años respecto del total de la población. Ese indicador es para Argentina de 10,4 por ciento en la actualidad y se proyecta a 19,0 por ciento en el 2050, según análisis de la Anses.

Proponer cambios en el sistema previsional requiere de cierta seriedad analítica y rigurosidad conceptual para no tropezar en el papelón ante la mirada de actuarios, o para no caer en falsas promesas en el ámbito de la política. La interpelación “la plata está” o “existe un superávit de las cuentas previsionales” para argumentar la posibilidad de pagar el 82 por ciento móvil con base en el salario mínimo, vital y móvil avanza por la misericordia de expertos llamados a silencio. También porque pocos se atreven a ser antipáticos de una causa noble que postula la mejora de las jubilaciones. Ese debate forma parte de la tensión política mediática que en esta oportunidad pone en disputa las expectativas de los jubilados. Se sabe que la solvencia temporal e intertemporal del sistema previsional es más compleja que el vulgar cálculo contable de economistas.

Más aún cuando varias de esas estimaciones, como en los noventa con las AFJP que derivó en el desquicio del régimen previsional o como hace dos años con la fórmula de movilidad, se revelaron fallidas. A veces ciertos proyectos generan inquietud sobre su resultado, aunque presuponen un avance respecto de la situación previa. Ese fue el caso de la complicada fórmula de movilidad jubilatoria aprobada el 2 de octubre de 2008 en el Senado con 45 votos a favor y 22 negativos, luego de la media sanción en Diputados del 4 de septiembre de ese año por 140 a 78. En esos meses de intensas deliberaciones diferentes referentes políticos que se oponían afirmaron que “esa fórmula es una maldad”, “es tramposa y ciega”, “no es de movilidad”, “tira para abajo el incremento de los jubilados”, “es inconstitucional porque no respeta la movilidad”. Incluso algunos de ellos realizaron proyecciones sentenciando que el ajuste de 2009 sería de 5,7 a 7,8 por ciento. Como se conoce, el aumento fue bastante superior a esas cifras. También se cuestionó cómo se diseñó la fórmula, que por cierto es complicada, asegurando que los aumentos serían mayores si se aplicara el Ripte (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, elaborado por la Secretaría de Seguridad Social) o el índice de salarios del Indec. La evolución del ajuste jubilatorio en el período diciembre 2008-marzo 2010 relativiza esas comprensibles inquietudes. El aumento acumulado de los haberes según el índice de movilidad vigente fue de 29,73 por ciento, mientras que si se hubiese optado por el Ripte habría alcanzado el 23,15 por ciento, o si el elegido hubiera sido el índice de salarios del Indec las jubilaciones habría subido menos, 22,19 por ciento en ese lapso.

La propuesta de sumar otro factor a ese índice de movilidad, que por ahora ha mostrado ser más favorable a los jubilados que otros sugeridos, estableciendo que el piso debe ser equivalente al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, puede distorsionar el funcionamiento del sistema. Esto lo sostienen actuarios preocupados por la solvencia del régimen de reparto. Señalan que a una fórmula general de actualización se le agregaría un componente aleatorio como el monto del salario mínimo, vital y móvil. Este es fruto de la negociación en el Consejo del Salario, donde los representantes de las empresas buscan moderar su alza mientras que los trabajadores impulsan su incremento. El Estado es el tercer protagonista de esa puja actuando de árbitro en función de su análisis del mercado laboral, estructura salarial de la economía y convicción política respecto de qué sector favorecer. Si se incorporara al salario mínimo una carga más sobre su mochila en esa negociación, al vincularlo con el sistema previsional, el Estado tendría más prevenciones por su impacto presupuestario de la Anses. Se puede plantear entonces un escenario de ciencia ficción política: teniendo en cuenta que influye en la definición de los montos de las jubilaciones, ¿qué posición tendría ante la negociación por el salario mínimo, vital y móvil un gobierno que dispuso la emergencia previsional, congeló haberes o directamente los redujo en un 13 por ciento?

En la razonable aspiración de una jubilación más elevada se podrían encontrar otras vías o, si existiera, presentar un fórmula superadora de la actual, porque en última instancia lo que se está planteando es modificar el esquema de movilidad jubilatoria. Por los antecedentes recientes, antes en el debate por la fórmula de movilidad y ahora con el 82 por ciento móvil, sería prudente que aquellos interesados en los ingresos de los jubilados se preocupen en llamar a un actuario para evitar que propuestas supuestamente bien intencionadas terminen en la quiebra del sistema previsional abriendo así las puertas para generar las condiciones a una nueva privatización.

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