Rapidez, adrenalina, un trámite expeditivo. A las órdenes de Mauricio Macri, el PRO buscará aprobar lo antes posible el juicio político. Para eso deberá pasar primero por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que no suele caracterizarse por su velocidad: el legislador de Igualdad Social Martín Hourest presentó un informe en el que analiza cómo la comisión tiene demorados 67 proyectos de ley y 14 vetos. “Esta es la comisión que administra la calidad institucional: la reforma política, la ley de financiamiento de partidos, los pedidos de informes, la citación de ministros. Todo esto se negaron a tratarlo. Esa es la idea que tienen de calidad institucional”, advirtió Hourest ante Página/12. “Por supuesto que hay proyectos que esperan ser debatidos, porque los consideramos en forma gradual”, se defendió el titular de la comisión, Martín Ocampo, un hombre del PRO.

Hourest elaboró un informe en el que señala que la Comisión de Asuntos Constitucionales que ahora el macrismo requiere con ansiedad estuvo todo este tiempo “virtualmente paralizada”. “Tiene cajoneados 67 proyectos de ley del oficialismo y de la oposición, 20 de ellos correspondientes a la reforma política, incluida la creación de la Oficina Anticorrupción porteña. Nueve fueron presentados por diputados del PRO. También hay 14 vetos del gobierno macrista”, indicó el legislador de la CTA.

Según el informe de Hourest, entre esos proyectos están desde marzo de 2009 una modificación de la ley de Defensoría del Pueblo y una ley de amparo colectivo; desde junio de 2006 una ley que fija plazos al Ejecutivo para reglamentar las leyes y otro de acción de Hábeas Norma; desde agosto del año pasado, el de la participación ciudadana ante los vetos y otro que regula las reuniones con ministros; y, desde octubre del año pasado, la creación de una Oficina Anticorrupción en el gobierno porteño.

Ya entre los proyectos de este año, de marzo están pendientes el de ley de transparencia en la gestión pública, el amparo por mora de la administración y una modificación ley de DNU; desde abril, una reforma de la ley de información pública y una ley que regule la posibilidad del jefe de Gobierno de vetar, además de una normativa que fije plazos para los pedidos de informes de los legisladores; desde junio esperan la reglamentación sobre concesiones y permisos y la reforma política.

También duermen en esa comisión los pedidos de la oposición porteña para solicitar copias del expediente judicial en el que Macri está procesado como parte de una asociación ilícita dedicada a espiar (lo presentaron el 6 de mayo) y otros que solicitan convocar al jefe de Gobierno a dar explicaciones sobre esos menesteres ante la Legislatura, que junta polvo desde el 14 de mayo. “La comisión no puede resolver 70 u 80 proyectos con más de 100 o 200 artículos todos juntos”, se quejó Ocampo. “Tenemos un montón de proyectos en consideración. Algunos de ellos son extremadamente complejos y requieren un debate intenso”, afirmó.

Por su parte, Hourest estimó que “se prioriza la táctica del Viejo Vizcacha, operando de acuerdo con el oportunismo y la conveniencia. Resulta ridículo que Asuntos Constitucionales no haya tratado la solicitud de copias del expediente judicial o la convocatoria al jefe de Gobierno a dar explicaciones por este escándalo y que ahora aparezca una inusual premura por activar la comisión con el juicio político”.