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Han pasado dos años del fracaso oficial de establecer por ley la Resolución 125 de retenciones móviles y compensaciones a pequeños productores. En la mayoría de los acontecimientos políticos, la evaluación sobre impactos económicos y sociales requiere de cierta perspectiva histórica, que no es otra cosa que el paso del tiempo. Dos años es un lapso breve para un análisis en ese sentido pero suficiente, en esta oportunidad, para revelar que esa medida hubiera sido beneficiosa en términos económicos para los pequeños productores. Esta conclusión no se descubre por algún informe del Gobierno sobre las alícuotas de las retenciones que estarían vigentes en caso de haberse aprobado la 125, sino por la propia acción parlamentaria de grupos políticos y patronales del sector que combatieron esa resolución y hoy proponen en el Congreso retenciones segmentadas.

La distancia permite, en cambio, observar con más nitidez que la reacción contra la 125 no fue un fenómeno espontáneo e inesperado, como entonces muchos analistas se tentaron de mencionar como explicación de lo que consideraron una improvisación del Gobierno que derivó en semejante conflicto. Esa violenta oposición a las retenciones móviles, con prolongados cortes de rutas y desabastecimiento de alimentos a centros urbanos, expresó la resistencia que se estaba acumulando contra la política de intervención estatal en un sensible mercado que afecta el presupuesto de la población vulnerable. Esto no implica minimizar ciertas deficiencias de la administración kirchnerista en su vínculo con el sector. Su política agropecuaria descansaba sólo en que un dólar alto, precios internacionales en alza y la licuación de pasivos bancarios actuarían como exclusivos dinamizadores, descuidando la necesidad de construir una estrategia específica para cada uno de los actores de esa actividad.

Ese masivo rechazo fue alimentado con insistencia por los grupos conservadores y más reaccionarios del campo desde 2004. Esto queda bien explicado en un esclarecedor libro de Sebastián Ortiz, La patria terrateniente. Entre los muchos y detallados relevamientos de opiniones y proclamas, este historiador rescata un editorial de La Nación sentenciando que “nuestra historia de la intervención del gobierno en los mercados es tan copiosa como nefasta. Mucho más cuando se trata de la carne vacuna” (29 de abril de 2006). Se señalaba que pese a las abundantes regulaciones estatales existentes en el pasado, remarcando las registradas en los gobiernos de Juan Domingo Perón, “nunca se había recurrido al sorprendente y altamente perjudicial expediente de prohibir las exportaciones”.

La constante agitación política iniciada en 2004 fue impulsada por las principales entidades patronales del agro con protestas descentralizadas a nivel regional. Ortiz explica que “la organización de una suma de acciones más radicalizadas desplegadas en diversos puntos del interior, y protagonizadas por los nucleamientos más cercanos a la base (niveles distrital, municipal o provincial), pero con apoyo abierto de las entidades nacionales (CRA y SRA), permite decir y hacer a estas organizaciones menores lo que las representaciones nacionales no dicen y hacen aún”. Esa estrategia fue hasta marzo de 2008. Ortiz menciona que, desplegándose en lo profundo de la Pampa Húmeda, “esa descentralización y el paso a la acción directa fueron en búsqueda de un clima propicio para una acción mayor”. Condiciones políticas y sociales que se presentaron en el momento del anuncio de la Resolución 125.

En el prólogo de ese libro, el historiador Norberto Galasso destaca que Ortiz observa con pertinencia los cuatro años de conflicto 2004-2008 para relatar “de qué modo se va iniciando la confrontación, de qué manera los altos precios de nuestros productos de exportación generan fabulosas ganancias y cómo el Estado ha debido intervenir pues de otro modo nuestros “esforzados hombres de campo” venderían toda su producción en el exterior, salvo que los argentinos estuviésemos dispuestos a pagarles internamente los altos precios del mercado mundial”. Galasso observa lo que es evidente, aunque oculto por el poder hegemónico que moldea el sentido común: para los empresarios, del campo y de la industria, un gobierno funciona bien si permite que ellos se queden con ganancias extraordinarias y funciona mal si formula una política económica que interviene para afectarla en una pequeña porción para redistribuirla. “Se advierten, además, no sólo los rasgos corporativistas del planteo de los terratenientes –que arrastra tras de sí a los medianos productores–, sino también de qué modo la mayor parte de la dirigencia política se convierte en portavoz de sus intereses”, ilustra Galasso.

Esa compleja dinámica económica y social alcanzó su clímax en la frustrada 125, con su posterior expresión política en la elección de medio término del año pasado que culminó en la constitución de un bloque de agrodiputados. La sucesión de pronósticos apocalípticos para instalar miedo en la sociedad y confundir sobre la situación sectorial fue –y sigue siendo– la característica más notable de los dirigentes agropecuarios. El archivo es una potente herramienta para rescatar de esa nebulosa agromediática los casos del trigo, la ganadería y la lechería. Esas actividades enfrentarían un año terrible, según las proyecciones realizadas por los máximos dirigentes de la ahora agrietada Mesa de Enlace, derivando en la necesidad de importar trigo carne y leche. Vale la pena realizar el ejercicio de contrastar pronósticos con realidad en cada una de esas actividades productivas:

-Trigo.

Pronóstico: En junio de 2009, Biolcati pronosticó que en 2010 el país iba a tener que importar trigo y que la intención de siembra sería “la más baja de los últimos años”. “Difícilmente se llegue a las 2,5 millones de hectáreas sembradas”, afirmó en La Nación del 9 de junio de 2009.

Realidad: De acuerdo con el informe de Estimaciones Agrícolas Mensuales del Ministerio de Agricultura, a junio de 2010, en la presente campaña el área sembrada se ubicará en 4,4 millones de hectáreas. Se proyecta que la producción actual casi duplicará a la anterior, que se ubicó en 7,5 millones de toneladas. El total se ubicaría en 12 millones de toneladas. O sea, no se importará trigo.

-Carne.

Pronóstico: A mediados de 2009, los máximos dirigentes de la SRA y FAA aseguraron que este año se iba a tener que importar carne. “La Argentina va a celebrar el Bicentenario comiendo carne uruguaya”, aseguró Biolcati en La Nación del 20 de julio de 2009. Por su parte, el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, dijo que “Argentina tendrá que importar carne en 2010”, en la revista Noticias de ese mismo día.

Realidad: Hay una recuperación de precios de la hacienda liviana, con valores que llegan a los 9,0 pesos/kg vivo, cuando el año pasado ese valor se ubicaba cerca de los 3,5/kg. También se verifica una mejora en la oferta forrajera debido a las condiciones climáticas favorables. La ganadería es un negocio rentable, lo cual se evidencia en la reversión de la faena de hembras y en el inicio de un proceso de retención de vientres: en mayo la proporción de hembras en la faena total descendió a 43,8 por ciento. Esas condiciones permitirán recomponer el stock ganadero en el mediano plazo. El mercado interno, a su vez, está plenamente abastecido sin necesidad de importar carne.

-Leche.

Pronóstico: Buzzi sostuvo que “no alcanzará la leche para abastecer la mesa de los argentinos en el mediano plazo” y pronosticó que “estaría en peligro el abastecimiento local en 2011”. Responsabilizó al Gobierno por esta situación, a quien acusó de implementar “malas políticas” que llevan al cierre de tambos, en declaraciones a la revista Noticias del 20 de julio de 2009.

Realidad: Luego de atravesar en 2009 un período de fuerte sequía y precios internacionales bajos, este año la lechería recuperará terreno gracias al repunte del mercado internacional y las mejores condiciones climáticas. La producción de 2010 se ubicará alrededor de los 10.300 millones de litros, lo que permitirá abastecer plenamente al mercado interno, cuyo consumo total se estima en 8000 millones de litros. No habrá necesidad de importar leche.

La 125 ya es historia, con las enseñanzas, debilidades y sorpresas que dejó como balance un conflicto traumático. Pero no lo es la persistencia de los representantes patronales de los grupos económicos y sociales privilegiados, con el acompañamiento de fuerzas políticas conservadoras, de adulterar el estado de situación de uno de los sectores más rentables y dinámicos de la economía local.

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