Cuando todos esperaban el acuerdo, las negociaciones por el monitoreo de Botnia-UPM quedaron atascadas. Fuentes de la Cancillería argentina confirmaron que el gobierno uruguayo no acepta que una comisión de científicos designados por los dos países ingrese a la papelera para controlarla. Esta limitación fue una sorpresa, porque el propio presidente uruguayo, José Mujica, había aceptado que los controles debían hacerse en el interior de la pastera. “A la planta de UPM-Botnia no entraremos ni ellos ni nosotros, ingresarán los técnicos, es la ciencia la que debe resolver si contamina o no”, había dicho el 16 de junio Mujica, hace poco más de un mes. Sin embargo, hubo marcha atrás y el acuerdo por el monitoreo quedó en estado catatónico, nadie sabe si muerto o vivo. Para los funcionarios argentinos, implementar un plan de vigilancia conjunto sin poder entrar a la pastera sería absurdo. Por sobre todo, no llevaría seguridad a la sociedad.

Los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro debían reunirse ayer en Montevideo para avanzar en la discusión, con el objetivo de que Mujica y su par Cristina Kirchner pudieran anunciar un acuerdo en la cumbre del Mercosur, que se realizará el próximo 2 de agosto. Pero Timerman, informado del rechazo uruguayo, ni siquiera llegó a viajar a Montevideo. Según relataron a Página/12 fuentes que participan de la negociación, el gobierno uruguayo ofrece poner sensores en el interior de Botnia, pero rechaza que el equipo de científicos pueda ingresar sin trabas. “Si los sensores detectan que hay contaminación, el equipo entraría”, fue la propuesta de máxima formulada por los uruguayos.

El diálogo no está cortado, los funcionarios aseguran que seguirán conversando, pero no hay fecha de una próxima reunión. “Uruguay no tiene nada para ofrecer”, sintetizó con crudeza un hombre del gobierno argentino. “Estamos lejos” de un acuerdo, admitió también.

La situación recuerda a otra que ocurrió hace cuatro años, en abril de 2006. Los entonces presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez habían llegado a un entendimiento para resolver el conflicto por las pasteras: frenarían por 90 días la construcción de las plantas de celulosa ubicadas en Fray Bentos (por entonces además de Botnia estaba Ence), para poder realizar, en ese lapso, un estudio de impacto ambiental entre los dos países, que llevara tranquilidad a los vecinos. Todo parecía estar encarrilado hacia una solución, cuando inesperadamente Botnia se negó a hacer el parate de 90 días. Tabaré Vázquez no cuestionó a la empresa: volvió atrás el acuerdo y cortó el diálogo con el gobierno argentino.

Expectativas frustradas

El monitoreo de Botnia-UPM fue ordenado por la Corte de La Haya, en el fallo que habilitó a la pastera a seguir funcionando. El control conjunto de la fábrica fue el único punto que el tribunal internacional concedió a la Argentina en el juicio que el país inició luego de que Tabaré Vázquez cortara el diálogo y en el que reclamó a La Haya el cierre de la planta. Los jueces no lo concedieron, pero indicaron que para superar el conflicto ambos países debían someter a la papelera a un control “continuo”.

Para dar cumplimiento a la sentencia, los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica acordaron implementar dos planes, uno de vigilancia para Botnia-UPM y otro de control y prevención de la contaminación del río Uruguay en los 500 kilómetros de frontera compartida. Aunque el segundo no figuraba en el fallo de la Corte, fue aceptado por la jefa de Estado como una medida coherente con el objetivo buscado.

Ayer, a lo largo del día, mientras las negociaciones se iban atascando, Timerman escribió una serie de mensajes en Twitter sobre el punto en conflicto. “Si el Uruguay acepta el acceso irrestricto de una comisión de científicos a todas las plantas incluyendo Botnia hay acuerdo”, señaló en ellos. Por otra parte, remarcó que éste “no es un problema político y no debemos politizarlo”.

Fue una jornada de expectativas frustradas. Al mediodía, el subsecretario de la Cancillería uruguaya, Roberto Conde, había dicho a radio El Espectador que el plan de control para Botnia-UPM es una negociación que políticamente “está cerrada”. Esto hizo que los diarios uruguayos entendieran equivocadamente que se había llegado a un acuerdo, noticia que luego fue repetida por los medios argentinos hasta que, vía Twitter, Timerman la desmintió.

La idea de que el monitoreo “está políticamente cerrado” venía siendo sostenida en los últimos días por funcionarios de las dos Cancillerías, en alusión al acuerdo de los presidentes que se conoce como la declaración de Anchorena. El razonamiento señalaba que una vez que los mandatarios firmaron que habría un plan para Botnia y otro para el río en general, lo que quedaba por consensuar eran cuestiones “técnicas”, más vinculadas con lo científico que con lo político.

Los cancilleres con sus equipos de asesores llegaron a reunirse tres veces para avanzar en el tema. La última había sido el miércoles cuando, tras cinco horas de trabajo, las partes se habían dado 48 horas “de reflexión”. Finalmente ayer, como si el tiempo fuera circular, el punto en discusión volvió a ser quiénes podrán entrar a Botnia-UPM.

El argumento con que el gobierno uruguayo sostiene este rechazo –el de que se vería afectada su soberanía– también parecía superado. Lo había relativizado el propio Mujica, al señalar que muchas industrias exportadoras uruguayas reciben inspecciones de la Comunidad Económica Europea sin que nadie lo viva como una afrenta.