“La responsabilidad no termina en los jefes de la Regional III y hay que investigar a la cúpula de la Policía de Río Negro y a sus jefes políticos.” Rubén Marigo, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), sostuvo que el 17 de junio pasado, cuando se produjo la represión policial en Bariloche, en la cual murieron Sergio Cárdenas (29) y Nicolás Carrasco (16), allí se encontraban presentes “el jefe de la Policía de Río Negro (Jorge Villanova), el ministro de Gobierno (Diego Larreguy) y el secretario de Seguridad (Víctor Cufré) y por eso creemos que ellos también son responsables de lo ocurrido”. Como se sabe, el 17 de junio, cerca de las cinco de la mañana, fue asesinado de un tiro en la cabeza el joven Diego Bonnefoi (15), lo que dio lugar a protestas populares que, entre las 16 y las 18 de ese mismo día, terminaron con la muerte de Cárdenas y Carrasco, al ser heridos ambos con perdigones de plomo que todo parece indicar que fueron disparados por los policías. El gobierno, además del pase a disponibilidad de los dos jefes de la Regional III, aplicó sanciones a por lo menos otros seis oficiales.

El miércoles, un mes después de los hechos, el gobierno de Río Negro admitió por primera vez que “un reducido grupo de empleados policiales” utilizó para reprimir “cartuchos de escopeta no autorizados”, admitiendo en forma implícita que dispararon con postas de plomo. Ayer, en la causa por las muertes de Cárdenas y Carrasco, prestaron declaración testimonial el intendente de Bariloche, Marcelo Cascón; el ex segundo jefe de la Regional III, Fidel Beroiza, y el jefe del Departamento Criminalística, Walter Muñoz quien, consultado sobre la munición que usa la policía, dijo que disponen los cartuchos PG (propósitos generales) de plomo y los AT (antitumulto), que son las postas de goma.

Muñoz precisó que las PG –los cartuchos “no autorizados” mencionados en el comunicado del miércoles– “son munición de guerra que se utilizan en enfrentamientos armados porque pueden provocar la muerte” del oponente y que siempre están a disposición del personal. En la declaración de Muñoz hay contradicciones respecto del testimonio de otros jefes policiales y funcionarios políticos que aseguraron que las municiones PG “no fueron usadas” durante la represión en Bariloche e incluso que “sólo se usaban para prácticas de tiro”, según afirmó Marigo.

Sobre la presencia de Larreguy, Cufré y Villanova en Bariloche, el 17 de junio, Marigo precisó que llegaron “cerca del mediodía”, cuando ya se había producido la muerte de Bonnefoi, y cuando habían comenzado las manifestaciones de protesta que después fueron reprimidas por la policía. “Ellos participaron de la visita que ese día realizó el gobernador de Río Negro (Miguel Saiz) a El Bolsón y antes, de paso, estuvieron en Bariloche, de manera que sabían lo que estaba pasando y tienen una responsabilidad”, que puede ser por acción u omisión.

En la causa habría elementos que indicarían que alguno de los altos jefes policiales y políticos se hizo presente, incluso, en la Comisaría 28ª, que fue el epicentro de la represión policial, ya que sus instalaciones fueron destruidas por la multitud que protestó por el asesinato de Bonnefoi. “Los funcionarios políticos y el jefe de la policía son responsables si se quedaron en Bariloche mientras ocurrían los sucesos, porque tienen que haber dado directivas, o también lo serían si se fueron, porque no tomaron las medidas necesarias para evitar la muerte de dos personas (Cárdenas y Carrasco)”, comentó el abogado de la APDH.

“Incluso se puede analizar la responsabilidad del gobernador, que estaba en El Bolsón y que tendría que haber venido a Bariloche de inmediato”, señaló Marigo. El mandatario recién viajó a Bariloche a fines de junio para anunciar una serie de medidas en materia de “seguridad”. Marigo aclaró, además, que todavía no se presentó a declarar en la causa el ex jefe de la Unidad Regional III, Argentino Hermosa, como se había informado el miércoles en forma errónea.

Hay expectativa por lo que pueda decir Hermosa, quien ayer hizo declaraciones a una radio de Viedma. El jefe pasado a disponibilidad coincidió con lo que dijo el abogado de la APDH que representa a la familia Cárdenas: “En estos casos, las responsabilidades son compartidas entre los mandos superiores y los mandos medios. No siempre hay un solo responsable”. Por esa razón, insistió en que “cuando se vive una situación tan delicada, las responsabilidades se deben compartir. Debería haber una (en este punto pareció señalar a un superior o a un jefe político) y la mía (que) era netamente operativa”.

Hermosa también ratificó que el día de los hechos estuvo “acompañado permanentemente por mi jefe de policía y ese día (también estaban en Bariloche), el ministro de Gobierno y el secretario de Seguridad”. Sostuvo que la orden recibida del jefe de la policía fue “disuadir racionalmente utilizando armas no letales y eso es lo que se hizo”. En ese punto Hermosa desconoció la información oficial, del gobierno provincial, en la que se admitió que algunos policías cargaron cartuchos “no autorizados”.

Ayer se supo que habría entre seis y dieciséis oficiales y agentes separados de sus cargos. Algunos de ellos por haber actuado durante la represión con los rostros tapados para no ser reconocidos.