Oficialmente ningún obispo lo admitirá. Pero en los ámbitos eclesiásticos católicos se descuenta que la reunión de la Comisión Permanente del Episcopado que se inicia mañana por la mañana en la sede de Suipacha 1034, en el centro porteño, alcanzará alto voltaje por el nivel de las discusiones que se pueden plantear. Llegó el momento de evaluar el reciente fracaso de la ofensiva de la jerarquía católica en contra de la reforma del Código Civil que habilitó el casamiento entre personas del mismo sexo. No hay discrepancias sobre la cuestión de fondo entre los obispos, pero sí acerca de la estrategia. Tales diferencias quedaron en evidencia en la última asamblea plenaria de abril pasado, ocasión en la que triunfaron las propuestas de los ultraconservadores. El arzobispo platense Héctor Aguer fue el abanderado de esa postura, firmemente respaldado por el nuncio apostólico (embajador del Vaticano) Adriano Bernardini, quien dijo entonces tener precisas instrucciones de Roma para oponerse tenazmente a cualquier iniciativa que habilitase la unión entre personas del mismo sexo.

Ahora llegó el momento de rendir cuentas. La Conferencia Episcopal informó que “como se hace habitualmente, las jornadas comenzarán con un tiempo de Intercambio Pastoral”. Ese es el título que habilitará las discusiones y los pedidos de explicaciones. Tendrán que rendir cuentas, entre otros, el obispo auxiliar de La Plata, Antonio Marino, vocero de Aguer, y el médico Justo Carbajales, la figura laica de la ofensiva eclesiástica.

Más allá de que su imagen pública haya quedado afectada por el debate y sobre todo por la carta que dejó trascender invitando a “una guerra de Dios”, el cardenal Jorge Bergoglio, presidente del Episcopado, no será señalado como el principal responsable de la derrota. Es más. Es probable que él mismo se convierta en acusador. Es conocido que el arzobispo de Buenos Aires sostuvo en el plenario de abril que, al margen de sus convicciones doctrinales, tácticamente no convenía dar una batalla que parecía perdida de antemano. El hubiese preferido aceptar la posibilidad de la unión civil. “Es un mal menor”, dijo textualmente en aquella ocasión.

Esa posición fue considerada inaceptable por Aguer, Marino y el grupo ultraconservador que ellos lideran. Tuvieron el respaldo del nuncio Bernardini, encargado de transmitir que para el Vaticano el punto resultaba “innegociable”. Después de un largo debate, la estrategia se sometió a votación. La postura de Bergoglio fue derrotada por la propuesta de los más conservadores. ¿Por qué entonces el cardenal porteño se puso a la cabeza de la ofensiva eclesiástica? Frente a la pregunta, los interlocutores eclesiásticos responden recordando que Bergoglio es un hombre apegado a la institucionalidad, reforzada por su condición de jesuita y por el ejercicio actual de la presidencia del Episcopado. El mismo responde que no hizo otra cosa que acatar la decisión colectiva. Ahora considera que está en condiciones de pedir cuentas a quienes imaginaron la estrategia eclesiástica y a quienes la respaldaron con su voto.

La discusión puede no terminar ahí. Existe un grupo de obispos que se mantuvo por lo menos alejado del debate público. Son los que pueden reclamar ahora por los resultados, pero ellos mismos serán interpelados por no haberse sumado a la campaña pública. Otro capítulo para el análisis son las consecuencias dentro de la propia Iglesia, donde la postura de la jerarquía recibió críticas muy duras de curas como Nicolás Alessio –el cordobés que ya dejó el sacerdocio–, de grupos de laicos y de actores de peso como los Curas de la Opción por los Pobres y la Coordinación de los Seminarios de Formación Teológica.

Toda esa discusión servirá además para perfilar la estrategia episcopal para afrontar la eventualidad de un nuevo debate parlamentario sobre la despenalización del aborto. La próxima asamblea plenaria del Episcopado se realizará en Pilar, la segunda semana de noviembre, pero muchas de las discusiones podrán anticiparse desde mañana en Buenos Aires.