Ante la falta de temas de fuerte impacto político en el Senado, la oposición logró ayer introducir por la ventana el debate sobre la caducidad de la licencia de la empresa Fibertel. Más allá de los casi nulos efectos concretos de la iniciativa impulsada por el radicalismo, el Grupo A aprovechó para cuestionar la medida adoptada por el Gobierno y lateralmente el anuncio de la presidenta Cristina Fernández sobre Papel Prensa. Fuera de eso, la Cámara alta fijó ayer una agenda, que incluye el tratamiento de las leyes de glaciares, acceso a la información pública y portabilidad numérica para la sesión del 8 de septiembre y del 82 por ciento móvil a los jubilados para mediados de octubre. Por último, se aprobó la ley que controla el consumo de tabaco (ver página 15).

“Estamos haciendo un planteo desde el punto de vista del usuario, que está en el medio de una puja entre el poder central y el Grupo Clarín. Por esta pelea del Gobierno termina la gente de rehén. Nuestro planteo ha sido que el defensor se movilice por un amparo colectivo, ya que el Poder Ejecutivo no ha cumplido con los preceptos legales”, aseguró el titular de la bancada radical, Gerardo Morales. Puntualmente, la oposición aprobó una moción de preferencia para que se trate en la última sesión de septiembre un proyecto de resolución que le solicite al defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, que presente un amparo colectivo en defensa de los usuarios de Fibertel.

La peronista disidente Graciela Di Perna arremetió contra el anuncio del ministro de Planificación, Julio De Vido, de avanzar hacia la implementación de Wi Fi en todos los espacios públicos del país. “Ahora habrá Internet donde no hay pan, no hay garrafas, no hay salud, ni educación”, aseguró la chubutense luego de recordar el proyecto del tren bala y del cohete a la estratosfera de Carlos Menem. El senador socialista Rubén Giustiniani consideró que el servicio de Internet debe entrar en la categoría de “servicio público” y advirtió que “se saca a un jugador de la cancha y se favorece a las telefónicas”. El peronista disidente salteño Juan Carlos Romero aconsejó “ver para qué lado va Venezuela para saber para qué lado va Cristina”. “Es un chavismo de brocha gorda, preparémonos para ver más restricciones a las libertades en este país”, remató.

La defensa de la posición oficial cayó en manos del santacruceño Nicolás Fernández, quien advirtió que Cablevisión está en “una situación antijurídica, ilícita, que genera un beneficio espurio” al haber absorbido a Fibertel y continuar prestando el servicio sin la autorización de la Secretaría de Comunicaciones. Para Fernández, lo que debería solicitarle la oposición al defensor del Pueblo es que analice si Cablevisión está incumpliendo el artículo 42 de la Constitución nacional. “Los voceros del grupo deben decirle al grupo que la ley debe ser igual para todos”, concluyó el santacruceño, en alusión a la oposición.

Mientras se discutía esto, el defensor del Pueblo inició de oficio una investigación para conocer “las circunstancias que motivaron la declaración de caducidad de la licencia de la empresa Fibertel S.A.” y elevó pedidos informes a la Secretaría de Comunicaciones, a la Comisión Nacional de Comunicaciones y a Cablevisión S.A. El jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, cerró el debate defendiendo el anuncio de la Presidenta respecto del envío de un proyecto al Congreso para crear una comisión bicameral investigadora de Papel Prensa y el envío a la Justicia del informe elaborado por Beatriz Paglieri. “El mensaje de la Presidenta fue de mucho equilibrio, de mucho respeto. Colocó el tema en los dos poderes del Estado, el Judicial y el Legislativo”, aseguró.