Desde Los Angeles

El tiroteo dejó cuatro personas muertas pero eso fue sólo el comienzo. Mientras el polvo empezaba a disiparse en un rancho del nordeste de México, propiedad de uno de los más poderosos carteles de la droga, los militares mexicanos se encontraron con el primer cuerpo en descomposición. Minutos después, encontraron un segundo cadáver; después, un tercero. Cuando las tropas terminaron de requisar la vivienda remota, a unos 145 kilómetros de la frontera de los Estados Unidos, un total de 72 cuerpos habían sido apilados afuera de la casa, al rayo del sol.

Los 54 hombres y las 18 mujeres habían sido recientemente asesinados. Ninguno fue identificado hasta ahora pero funcionarios del gobierno dijeron que podrían ser inmigrantes “ilegales” de Centroamérica, lo que fue ratificado por un sobreviviente del ataque. Las fuentes gubernamentales agregaron que esas 72 personas podrían haber estado alojadas por Los Zetas, una organización narco, que recientemente diversificó sus actividades hacia el secuestro y el tráfico humano.

El descubrimiento del martes por la tarde marca un nuevo punto en el brutal conflicto que ya se cobró las vidas de unos 28 mil mexicanos. Todas esas bajas se produjeron en tres años y medio, desde que el presidente Felipe Calderón les declaró la guerra a los poderosos y muy bien armados carteles de la droga.

Las tropas habían llegado originalmente al rancho de San Fernando, una localidad en la costa del golfo del estado de Tamaulipas, después de que un hombre herido de bala se acercara a un control militar. Allí el hombre denunció que habían sido atacados por una banda narco. Helicópteros de la Marina fueron derivados inmediatamente para el lugar. Pero, a medida que se acercaban, varios hombres abrieron fuego con armas automáticas mientras intentaban huir en una caravana de vehículos.

En el caos del fuego cruzado, un marino y tres presuntos integrantes del cartel fueron asesinados. Más tarde, en el rancho, los uniformados encontraron 21 rifles de asalto, armas cortas y seis mil cartuchos de municiones. Después descubrieron lo que un vocero describió como “los cuerpos sin vida de 72 personas”. Aún no está claro si las víctimas fueron asesinadas por separado o en una única masacre.

Las fosas comunes se están convirtiendo en un elemento cada vez más común de la ola de violencia narco que sacude al país. En mayo, se sacaron 55 cuerpos de una mina abandonada que estaba cerca de Taxco, al sur de la ciudad de México. El mes pasado, otros 52 fueron desenterrados de un campo que lindaba con un basural, cerca de la norteña ciudad de Monterrey. Esos casos proveen cruda evidencia de lo poco que vale la vida en un conflicto que constantemente exhibe nuevos parámetros de barbaridad. Durante el fin de semana, cuatro cuerpos decapitados –con sus genitales y dedos índices amputados– aparecieron colgados de un puente en las afueras de la capital nacional. Dos cadáveres más fueron arrojados el martes en esa zona.

“El gobierno federal condena categóricamente los bárbaros actos cometidos por las organizaciones criminales”, dijo la Marina mexicana en un comunicado en el que se refería a la última atrocidad. “La sociedad debe condenar estos actos, que ilustran la absoluta necesidad de continuar luchando contra el crimen con todo rigor.”

La región de Tamaulipas, en el nordeste de México que limita con Texas, da una ilustración clara de los problemas que enfrentan las fuerzas legales y del orden a lo largo del territorio. Los uniformados deben enfrentarse a bandas que trafican cocaína desde Centro y Sudamérica, donde la sustancia es producida, hasta los Estados Unidos, donde encuentran un amplio mercado de consumidores.

Por años, las rutas locales fueron controladas por el Cartel del Golfo, una organización criminal de larga data que mantenía sus actividades ilegales lejos del radar público. Pero en 2007, varios de sus líderes fueron arrestados poco después de que el recientemente electo presidente Calderón anunciara medidas enérgicas contra el narcotráfico. En vez de terminar con el Cartel del Golfo, produjo la promoción de un grupo rival, Los Zetas. La guerra por el manejo de las rutas se cobró centenares de víctimas. También se cree que sirvió para que se expanda la corrupción en los niveles más altos de la policía y del servicio social. En junio, también asesinaron a Rodolfo Torre Cantú, el candidato para la gobernación de Tamaulipas.

Calderón les advirtió a los mexicanos que estén preparados para mayores matanzas. Pero agregó que la catarata de muertes muestra que sus medidas, que incluye reemplazar a los policías corruptos locales, están de a poco funcionando. “Este es un proceso de autodestrucción de los criminales”, afirmó.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.