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“Como surge de lo expuesto, al conocerse la muerte de David Graiver (el 9 de octubre de 1976) y la quiebra del grupo, las máximas autoridades nacionales del momento tomaron la determinación de liquidar el grupo; para ello decidieron obligar a los herederos a transferir las empresas. En nuestro caso, la Junta de Comandantes decidió que el Grupo Graiver debía transferir el paquete accionario clase A de Papel Prensa S.A. Esto surge claramente, no sólo de las dichos de los integrantes del Grupo Graiver, sino de todas las declaraciones informativas o testimoniales reunidas.” La cita textual es de hace veintidós años y forma parte del dictamen que firmó el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas cuando concluyó el expediente que ya entonces había puesto la lupa sobre la transferencia de acciones de los Graiver en Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón. La investigación, iniciada en 1984, daba por hecho que la venta se hizo en un contexto de sucesivas presiones, que se montaban a la situación de ahogo financiero del grupo, y también que fue previa a los secuestros de varios de sus integrantes para evitar que la empresa terminara en poder de la Comisión Nacional de Reparación Patrimonial (Conarepa), que se quedaba con los bienes de los detenidos.

La investigación de Molinas, nombrado fiscal general en la presidencia de Raúl Alfonsín, se abrió con una denuncia del sindicalista Norberto Imbelloni, cercano a Herminio Iglesias en esa época, que de manera genérica pedía que se esclareciera si hubo delitos como extorsión, defraudación o hasta asociación ilícita en el traspaso del paquete mayoritario de Papel Prensa a los tres diarios, que se produjo entre noviembre de 1976 y enero de 1977. Molinas se embarcó en la pesquisa, del mismo modo que encaró otras de tenor similar como la del secuestro extorsivo de los empresarios textiles Federico Gutheim y su hijo Miguel. El menemismo lo expulsó en 1991 de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA) y fue diputado hasta 1995 por el Partido Demócrata Progresista.

El expediente de la FIA, que llevó cuatro años de averiguaciones y declaraciones, era terminante en sus conclusiones: cuestionaba la compraventa de Papel Prensa por considerar que había sido forzada y teñida de irregularidades; se dio en un escenario de grandes dificultades económicas para el grupo pero no fue éste el que promovió la venta a Fapel SA sino a la inversa, y la oferta a precio vil llegó tras una cadena de advertencias que provenían de los jerarcas de la dictadura; la junta militar investigaba los vínculos de los Graiver con Montoneros por lo menos desde septiembre de 1976, o sea dos meses antes de la transacción; los secuestros de los Graiver y su entorno se produjeron una vez que la compañía ya estaba en manos de los diarios.

A los 35 años David Graiver era dueño de varios bancos, como el Comercial del Plata y el de Hurlingham en Argentina, el Banco para América del Sur de Bruselas, el American Bank and Trust y el Century en Estados Unidos, y tenía empresas de todo tipo, desde inmobiliaria hasta imprenta. Su ingreso a Papel Prensa se produjo en 1973, cuando compró las primeras acciones. Terminó siendo socio mayoritario, a medida que acordó la transferencia de acciones clase “A” de los fundadores de la empresa (César Civitta, César Doretti y Luis Rey). Los Graiver estaban representados por Galería Da Vinci y Rafael Ianover. La asamblea de accionistas de la productora de papel –que tiene participación del Estado– todavía no había aprobado la adquisición de acciones por parte del grupo, cuando se produjo la extraña muerte de David Graiver en un accidente aéreo en México.

Palabras indelebles

La viuda de Graiver, Lidia Papaleo, y su hermano Isidoro Graiver declararon en la investigación de Molinas en 1985. Sus relatos sobre lo que ocurrió con posterioridad al fallecimiento de David Graiver son prácticamente idénticos, según pudo constatar Página/12 al leer el viejo expediente, y pintan el clima previo al traspaso societario.

Ambos coincidieron en que en octubre de 1976 el abogado de la familia, Miguel de Anchorena, se había puesto en contacto con ella para advertirle que “había recibido una información de Francisco Manrique –el ex ministro de Acción Social– cuyo contenido era, sintéticamente, que el gobierno nacional vería con agrado la desaparición del conjunto empresario Graiver como tal, para lo cual sería necesaria la venta de los paquetes accionarios del Banco Comercial del Plata, del Banco de Hurlingham y del paquete de control, o mejor dicho del control accionario, de PPSA (Papel Prensa) estimando que los compradores lógicos de este último paquete eran los diarios Nación, Clarín y Razón”. Esas eran las palabras de Isidoro, quien además aclaró que Manrique “en el ínterin ratificó” lo que había dicho Anchorena. Las palabras de Lidia fueron casi las mismas. Quien interrogaba en la fiscalía era el hijo del fiscal Molinas, Fernando Molinas. La pregunta que originó aquellas respuestas era “cómo se había elegido el comprador” y si había “existido algún tipo de presión por parte de autoridades públicas o particulares”.

La semana pasada Isidoro sostuvo primero en una carta ante un escribano y luego ante el juez Arnaldo Corazza que nadie le indicó quién debía ser el comprador y que la compra se hizo con el mejor oferente. En los papeles de la FIA no se consignan otros oferentes, ni los menciona él en su declaración ante ese organismo, como no lo hace tampoco Lidia Papaleo. Ella, en cambio, suma al relato de entonces un episodio con Pedro Martínez Segovia, presidente de Papel Prensa y muy cercano a Martínez de Hoz, que la invitó a encontrarse en el bar del Plaza Hotel, donde le dijo que estaba al tanto de las tratativas para la venta de las acciones y señaló que “esa venta no podía efectuarse ni a personas de la colectividad judía ni a un grupo extranjero”. Cuando le tocó declarar, Martínez Segovia admitió el encuentro, contó que tomaron el té, pero dijo que no recordaba qué le había dicho a la viuda de Graiver.

Rafael Ianover, al presentarse en la FIA y asumirse como prestanombre de David Graiver, relató que cuando se aproximaba la asamblea de accionistas prevista para el 3 de noviembre del ’76, donde se debía tratar el pase de acciones de los antiguos dueños a Galería Da Vinci (para luego ser transferidas a Clarín, Nación y La Razón), recibió un “pedido”: Manuel José Benito Campos Carlés –titular de Fapel y apoderado de La Nación– le dijo que el secretario de Desarrollo Industrial, Raymundo Podestá, le pedía que no fuera a la reunión “para que la asamblea no fracasara solamente por la ausencia del representante estatal”. La asamblea, en efecto, no tuvo quórum. La noche anterior, el 2 de noviembre, firmaron la venta bajo la amenaza de que podían quedarse sin nada. El precio, declaró Lidia Papaleo, era mucho “menor al que” aspiraban pero “no había otra alternativa”, dijo. Tanto ella como Ianover en sus manifestaciones recientes dijeron que no hubo ninguna chance de opinar sobre el precio ni la forma de pago: el valor fijado fue cercano a un millón de dólares y el adelanto de 7 mil dólares.

Ianover dijo también que poco antes de la operación un grupo de tareas había ingresado a su casa, tomaron a sus hijos y a la empleada como rehenes y antes de irse le hicieron firmar un papel que decía que no faltaba nada. Agregó que Patricio Peralta Ramos –de La Razón– le había dicho que si firmaba el convenio no le iba a pasar nada. Sin embargo, fue detenido en abril de 1977. Igual que Juan Graiver y Eva Gitnacht (padres de David), Lidia Papaleo de Graiver, Isidoro Graiver y su esposa Lidia Brodsky, Jorge Rubinstein (abogado de los Graiver, quien murió en la tortura según los testimonios), Silvia Banjul (empleada del grupo) y Lidia Gesualdi (secretaria de David y luego de Lidia), todos cautivos desde marzo de ese año en adelante y sometidos a torturas en centros clandestinos de detención del llamado “Circuito Camps”, en la provincia de Buenos Aires. La asamblea de accionistas de Papel Prensa había aprobado la venta a Clarín, La Nación y La Razón a mediados de enero, dos meses antes.

Acusados

La investigación del fiscal Molinas incursionó en varios ejes y uno de ellos tuvo que ver con la constitución inicial de Papel Prensa y sus sucesivas composiciones accionarias. A su entender, hubo irregularidades desde los orígenes, ya que se hizo una adjudicación directa porque ninguna empresa cumplía con los requisitos de base y luego, las transferencias se encadenaron vía testaferros y sin aprobación en asamblea.

Un tramo de la pesquisa se centra en la relación de los Graiver con la agrupación Montoneros y da por hecho que el origen del dinero de sus operaciones era dudoso. Muestra que la junta militar venía investigando al grupo en su vinculación con Montoneros desde por lo menos dos meses antes de la venta de Papel Prensa y luego, ya detenidos, los sometieron a un Consejo de Guerra. Hace hincapié, para eso, en la declaración del propio represor Emilio Massera, quien señala el 15 de septiembre como momento en que “la Junta Militar había tomado conocimiento de los hechos relativos al caso Graiver” y que “de acuerdo con lo que surgía de las investigaciones realizadas, dicho Grupo habría tenido estrechas vinculación y colaboración con la subversión”. En la misma línea declara Martínez de Hoz.

Sobre esa base, su dictamen final advierte que a pesar de todo, y del carácter de accionista del Estado en la empresa, los ex comandantes “trataron y resolvieron” la venta como “una cuestión estrictamente comercial”. En la lógica del terrorismo de Estado, Molinas mostraba un escenario absurdo. Los militares, aunque “conocían –dice– la situación financiera del grupo, a pesar de haber investigado y comprobado según sus propios dichos la vinculación de David Graiver con Montoneros en ese entonces declarada al margen de la ley”, no propiciaron y hasta forzaron la venta de Papel Prensa.

“Insólitamente, la Junta asistió impávidamente al enajenamiento de todos los principales bienes del grupo y recién después que ellos fueron transferidos, procedió a detenerlos” e “intervenir los bienes” restantes. “En la práctica la Junta militar ocultó todo lo referente a la vinculación GraiverMontoneros hasta la finalización de la transferencia del paquete accionario de Papel Prensa”, afirma.

El dictamen, finalmente, acusa a los dictadores Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, a Martínez de Hoz y al secretario Raymundo Podestá por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, incumplimiento de sus deberes y administración fraudulenta. Propone que se revoquen parte de los convenios por los que se reparó patrimonialmente a los Graiver y gira las actuaciones al Poder Ejecutivo, para que haga su propia investigación (algo que recién ocurre ahora). En cuanto a los tres diarios, Molinas concluye que no tiene pruebas para incriminarlos y que, hasta ese punto, aparecen como compradores “de buena fe”,

“Nuestra hipótesis inicial y lo que se pudo comprobar en la investigación es que la junta militar quería sacarles Papel Prensa a los Graiver y desvincular la operación de cualquier posible circunstancia ilícita. A su vez, todo hacía pensar que no se la iban a entregar a cualquiera, ellos eligieron al comprador, pero no aparecieron pruebas al menos hasta ese momento de que los diarios actuaran en connivencia. Esperábamos que esa línea se profundizara en el juzgado”, le dijo Fernando Molinas a este diario. Pero nada ocurrió, ni siquiera avanzó el caso contra los dictadores, que terminaron sobreseídos por prescripción por decisión del entonces juez federal Néstor Blondi.

Hasta hace apenas unas semanas, cuando el juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente para investigar los hechos sobre la venta de Papel Prensa que surgieron de los testimonios recibidos este año en la Secretaría de Comercio y los envió al juez Corazza para que los incorporase a la causa sobre el circuito Camps de centros de detención clandestinos. A esto, en los próximos días se sumará la presentación que están preparando la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Derechos Humanos. La Justicia tendrá entonces otra oportunidad para fallar sobre el tema.