El núcleo duro de la oposición rechazó ayer en bloque el proyecto oficial para declarar de interés público la producción, comercialización y distribución de papel de diarios. Excepto el presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, quien admitió no conocer el texto y dejó una puerta abierta al debate, los dirigentes de la Coalición Cívica, el PRO, el PJ disidente y la propia UCR calificaron con adjetivos que oscilan entre “trampa” y “mamarracho” la iniciativa de crear una comisión bicameral y un Consejo Consultivo Federal para buscar el modo de democratizar el acceso igualitario al insumo básico de los diarios, monopolizado desde hace un tercio de siglo por los socios de Papel Prensa. “Yo entiendo que la oposición empieza ahora a buscar excusas, pero me parece que (el proyecto) es tan claro que hay que decir si se está a favor o en contra, nada más que eso”, respondió el jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi.

Elisa Carrió, líder de la CC, advirtió que el Gobierno “va por la detención” de los dueños de Clarín y La Nación, consideró que “este grupo (sic) es el último baluarte” para defender la libertad de expresión y alertó sobre los riesgos de caer “en la dictadura”. El empresario Francisco de Narváez, del peronismo disidente, alertó que “tratan de avanzar sobre la propiedad privada y sobre la libertad de prensa”, y acusó al Gobierno de “intentar callar las bocas de los que pensamos distinto”. Federico Pinedo, del PRO, consideró al proyecto “de una pobreza franciscana”.

Los radicales Sanz y Gerardo Morales advirtieron que no respaldarán ninguna reglamentación que limite la libertad de expresión, aunque el jefe de la UCR se permitió un átomo de prudencia: “Si de lo que se trata es de un proyecto que garantice el acceso a los insumos para beneficiar esa libertad de expresión, estamos dispuestos a discutirlo”, dijo, y agregó que los radicales serán “muy cuidadosos en separar los tantos, analizando y leyendo muy bien lo que el Gobierno haya mandado”. Su correligionaria Silvana Giúdici fue más drástica: denunció que el Gobierno apunta a “apropiarse de los medios que le faltan” para “hacer lo mismo que hacen con la publicidad oficial: asignársela enteramente a sus amigos”.

El socialista Roy Cortina no se quedó atrás: apuntó que la Rosada “no pretende que el Congreso discuta un marco normativo para la producción y distribución de papel sino conseguir un aval para que sea el propio Gobierno el que regule a su antojo esta actividad tan sensible”, con el fin de “condicionar todavía más a la prensa independiente”. La postura de Cortina es contradictoria con la del gobernador Hermes Binner y la titular del bloque socialista, Mónica Fein, que antes del envío del proyecto al Congreso habían manifestado su voluntad de que el Congreso debatiera un nuevo marco regulatorio.

“No admito el calificativo de pobreza a un proyecto que tiene la virtud de ir específicamente hacia el núcleo de la cuestión”, afirmó Rossi. El diputado kirchnerista consideró que la iniciativa “tiene la virtud de transparentar un mercado” y generará “condiciones igualitarias para todos” los diarios. “Regulará una actividad que tiene un fabricante monopólico”, con el fin de generar “las mismas condiciones de competencia” para los distintos actores, agregó.

Carrió confió en que “el resto de la oposición se dé cuenta de que es una trampa” y aseguró que el proyecto “viola la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica”. “Quieren cambiar los intereses del Grupo Clarín por el monopolio de Kirchner”, advirtió. “Si no defendemos el país, caemos en la dictadura”, dijo. Agregó que el Gobierno “va por la detención” de los dueños de Clarín y La Nación y “no por la expropiación (de Papel Prensa) porque ésa es una declaración del Congreso y (en ese ámbito) no sale”. La cívica Patricia Bullrich consideró que el interés público es “una figura poco clara” y disintió con su jefa: “El objetivo final es la apropiación de Papel Prensa”, arriesgó.

Pinedo, del PRO, calificó el proyecto de “mamarracho”, no es “mínimamente votable”, dijo. Consideró que es “ridículo si el Poder Ejecutivo cree que el Congreso tiene que aprobar una ley que establezca un marco regulatorio de cualquier cosa”. “Ningún diputado, salvo los del Frente para la Victoria o aliados extremos, votará a favor de delegarle facultades a la Presidenta para que haga lo que quiera”, aseguró.