Los diputados de Proyecto Sur tomaron distancia de la puja entre el Gobierno y el Grupo Clarín por la caducidad de la licencia de Fibertel como servidor de Internet, pero también del Grupo A en el Parlamento que se abroqueló en defensa de la compañía. “El Congreso no puede legislar sobre una sola empresa sino sobre toda la actividad económica del sector”, sostuvieron los legisladores del interbloque de centroizquierda en una audiencia pública en la que proponen declarar de “interés público” el acceso a Internet y la telefonía celular, que el Estado regule un mercado concentrado y la necesidad de desarrollar una industria nacional en esos rubros. Al debate también se incorporó una iniciativa similar de la fueguina Nélida Belous (Proyecto Progresista) y Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro).

La audiencia pública realizada ayer en el anexo de la Cámara de Diputados fijó como ejes declarar de “interés público” el acceso a Internet y la telefonía móvil, la universalidad, calidad y obligatoriedad del servicio, y la necesidad de regularlos, en especial sus precios.

Los diputados de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas y Claudio Lozano, impulsores de la iniciativa, juzgaron como “desacertada” la forma con que el Gobierno decidió la caducidad de la licencia de Fibertel. “No porque no existan razones para darle la caducidad –afirmó Lozano–, aunque hubiera sido mejor un procedimiento distinto. No se entiende por qué, en un mercado donde hay tres jugadores importantes, deben quedar sólo dos.”

Aunque de esta manera los legisladores del interbloque de centroizquierda también se diferenciaron de la defensa incondicional que el núcleo duro opositor hizo de la compañía del Grupo Clarín. Coincidieron en la necesidad de regular ambas actividades (Internet y telefonía móvil) e hicieron propio un proyecto elaborado por el Centro de Profesionales de la Empresas de Telecomunicaciones (Cepetel), que va en el mismo sentido. Pero también le abrieron la puerta a la posibilidad de consensuar con un proyecto similar presentado por Belous en 2008 para “declarar de interés público” el servicio de Internet.

“No es cierto la máxima que dice que sobre Internet no puede regularse”, afirmó Magdalena Restovich (asesora de Belous y redactora de la iniciativa) y recordó que el inicio de la red fue a partir de “capitales armamentísticos de los Estados Unidos” y que “recién en el ’95 se abrió a fines comerciales”. También repasó la legislación vigente, como la Ley de Bienes Culturales y un decreto presidencial del ’97 (que declara a Internet como de “interés nacional”) que abren la puerta para regular el mercado, además de la experiencia internacional en países como Finlandia, Suiza, España, Australia, México y Chile, donde se plantea una reforma constitucional para regular Internet.

Beatriz Busaniche, de Fundación Vía Libre, remarcó que “el mercado ya está regulado por los prestadores privados, que definen sobre qué puede circular o no” en la red, aseveró que “quienes utilizamos el software libre somos considerados clientes de segunda” por los servidores y alertó que “Internet no sólo es para recibir información, sino para emitir mensaje”, cosa que los servidores privados también “restringen”.

El director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, Martín Becerra, afirmó que “no es aconsejable surfear sobre la plataforma legislativa de la ley de Reforma del Estado en telecomunicaciones”, pero que “también existen considerandos del decreto 764 de 2000 que establecen la portabilidad numérica de la telefonía celular y declara servicio público a Internet. Temas que el organismo de control no aplica”.