[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Mario Fera es un ex secretario letrado de la Corte Suprema y actual presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Es el primer candidato de la Lista Celeste en la elección del próximo miércoles 15 en que los jueces decidirán quiénes van a ocupar los tres lugares que sus señorías tienen en el Consejo de la Magistratura. Fera es políticamente independiente y su lista enfrenta a la Bordó, que encabeza Ricardo Recondo, un radical que ha hecho un culto del choque contra los otros dos poderes. En la lista de Recondo, por ejemplo, ocupan puestos Olga Pura de Arrabal, la jueza mendocina que suspendió la Ley de Medios Audiovisuales, y María José Sarmiento, quien prohibió el uso de reservas para pagar la deuda externa y repuso a Martín Redrado al frente del Banco Central. Si gana la Lista Bordó, ocupará un lugar en el Consejo de la Magistratura el juez federal de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, denunciado por haberle aumentado la pensión a un imputado por delitos de lesa humanidad, con el argumento de que se vio afectado por “daños psíquicos” por la difusión de las acusaciones en su contra. Fera dialogó con Página/12 sobre la inminente elección de los jueces.

–¿Cuál es la diferencia entre la Lista Celeste, que usted encabeza, y la Bordó?

–Como introducción quiero decir que en los últimos años estamos asistiendo a una renovación del Poder Judicial, a partir de la nueva composición de miembros de la Corte Suprema. Y este año nos sitúa frente a un nuevo impulso, pues además de que se debate la posible reforma a otro órgano clave como es el Consejo de la Magistratura, se renovarán casi todos sus representantes por el vencimiento de sus mandatos. Esto implica una ocasión ideal para hacer efectivos algunos cambios. Y acá es donde nuestra lista puede marcar ciertas diferencias, porque tiene como uno de sus ejes la idea del diálogo y no la confrontación. Entendemos que es necesario, partiendo de una firme posición como representantes de un poder del Estado, dialogar maduramente con todos los sectores sociales y políticos, así como con la sociedad. Eso tiene relación con la necesidad de “despolitizar” el Consejo de la Magistratura, es decir, ponerlo fuera de la confrontación partidaria de los poderes políticos, para fortalecerlo como un verdadero poder independiente. Y también creemos que debe dársele mayor profesionalidad a este órgano judicial que aspiramos a integrar como representantes jueces, para abordar temas urgentes e importantes que nos permitan avanzar en una mejor gestión y en la incorporación de tecnología.

–¿Hace esa referencia porque Recondo aparece como un hombre de la Unión Cívica Radical?

–No, con todo el respeto que me merece el colega que encabeza la otra lista, a quien además aprecio personalmente, expreso esas ideas esencialmente porque yo no aspiro a encabezar ni a integrar un bloque opositor al gobierno actual, así como tampoco aspiro a identificarme políticamente ni alinearme con el oficialismo. Lo que necesitamos es una postura superadora que implique construir un verdadero Consejo de la Magistratura y desterrar la idea de un Consejo político sobre los magistrados. Por eso no creemos que haya que estar en la vereda de la oposición, ni del oficialismo, porque esto implica, en definitiva, una subestimación del Poder Judicial como poder independiente. Además, el que hoy es oposición, mañana es oficialista y estamos con el mismo problema de falta de independencia. Entiendo que tenemos que tener una posición judicial.

–Está en marcha una reforma del Consejo de la Magistratura. ¿En la Lista Celeste están de acuerdo?

–En algunas cosas sí y en otras no. Advertimos un avance, por ejemplo, en la incorporación de un miembro de la Corte Suprema como presidente del Consejo, pero eso se relativiza porque la incorporación está prevista de modo limitado en lo que hace a su posibilidad de voto. Y no se agrega ningún otro magistrado. Nosotros creemos que, sobre la base de ese proyecto de reforma, se tendría que aumentar el número de jueces en el Consejo, hasta alcanzar como mínimo al 30 por ciento de sus miembros. Pero para abordar la cuestión como solución de fondo hay que destacar que el Consejo está dentro del Poder Judicial y debe tener una representación de jueces de todas las instancias. Si además consideramos las características y el modelo de sistema judicial seguido por nuestro Constituyente, correspondería en rigor que la presencia de los jueces en el Consejo sea mayoritaria.

–No faltará quien diga que ese reclamo fortalece la corporación de jueces.

–Es una forma peyorativa de identificar a los jueces. ¿Por qué se piensa que vamos a defender a los ineficientes frente a los que son eficientes, a los que son malos frente a los que son buenos, a los que son probos frente a los que no lo son? Una eventual defensa “corporativa” nos terminaría perjudicando, y no dudo que quienes queremos mejorar al Poder Judicial, que somos amplia mayoría, estamos convencidos de la importancia de contar con colegas que enorgullezcan a nuestro estamento. Es necesario confiar en la capacidad del Poder Judicial para depurarse cuando y cuanto corresponda y lograr dar, con esa pureza, cada vez mejores respuestas a la sociedad. Aquí encontramos otra razón por la cual es importante la adecuada elección de los representantes. No tenemos que temer, por lo tanto, a una presencia fuerte de los jueces en el Consejo. En definitiva, esa presencia permitirá consolidar la identidad del Poder Judicial como poder del Estado, con políticas propias, y esto tendrá un efecto positivo para la sociedad; porque con un Poder Judicial fortalecido los derechos de las personas se verán resguardados frente a su posible avasallamiento por quienes en los hechos aparezcan como más poderosos.

–Esa idea corre el riesgo de no ser bien recibida por los demás poderes del Estado.

–Puede ser que ello ocurra en la actualidad, pero en buena medida se debe a la ausencia de una información completa y adecuada sobre el funcionamiento interno del Poder Judicial. También probablemente se deba a la falta de canales de diálogo maduro para poder avanzar en el análisis de estos temas con proyectos de mediano y largo plazo. Fíjese que el Consejo tiene distintas funciones, como la selección de jueces o como el control de su conducta, que en otras épocas ostentaban en todo o en parte los poderes políticos; pero hay otras atribuciones muy específicas que hacen al funcionamiento interno del Poder Judicial, como su administración o las facultades reglamentarias. Nadie mejor que nosotros para ocuparnos de esos temas. Después, en las distintas comisiones que conforman la organización interna del Consejo, podremos analizar la pertinencia de su mejor integración; pero lo cierto es que hoy afecta enormemente al adecuado funcionamiento y finalidad del Consejo la baja representación numérica que tenemos los jueces.

–Uno de los temas más polémicos es el de la selección de jueces.

–Así es. Nosotros proponemos acelerar los procesos de selección y hacerlos más transparentes. Cuanto más dure la selección, más chances hay de que haya influencias indebidas. Por otra parte, para nosotros es fundamental que haya una selección que se anticipe a la producción de vacantes. O sea que exista un listado de candidatos ya seleccionados que puedan ocupar de inmediato las vacantes que se produzcan. Esto debe conjugarse con un régimen adecuado de subrogaciones para las vacancias temporarias. Con el sistema actual se producen largas demoras en los procesos de selección, a los que se agregan las de la etapa posterior a la conclusión de esos procesos, vale decir, la instancia política. Por ejemplo, en el fuero que yo presido, el Laboral, nos encontramos hoy con trece vacantes del total de treinta camaristas y en los juzgados de primera instancia con dieciocho vacantes de ochenta. Es una situación de evidente anomalía, producto de diversas demoras, y en la mayoría de los casos estamos cubriendo esas vacantes el resto de los jueces, subrogando en otros juzgados o en otras salas, con la consiguiente sobrecarga de trabajo y demoras en las respuestas que los jueces debemos dar a juicios en los que se debaten créditos de naturaleza alimentaria.

–Hace algún tiempo se propuso que los jueces aprueben algún tipo de examen cada tantos años para revalidar su permanencia en el cargo. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre esa propuesta?

–Nos oponemos. Cuando un juez obtuvo su cargo por concurso, el sistema indica que ya demostró idoneidad, y todo intento de evaluación posterior debe ser observado a la vista de la garantía de inamovilidad que nuestra Constitución prevé para los jueces, pero cuyo destinatario final es la sociedad. Desde ya que reconocemos la importancia de la capacitación de los jueces y los beneficios de una Escuela Judicial, tema que merecería un tratamiento más amplio. Pero fíjese que existe ya un control sobre la labor y la conducta de los jueces. Por un lado, ese control se da por la posibilidad de revisión de sus decisiones por parte de los jueces de una instancia posterior. Lo resuelto en primera instancia es susceptible de ser revisado por los camaristas y así sucesivamente hasta la Corte Suprema. Se trata de la revisión de las decisiones dada por las diversas instancias que tienen una relación competencial. En esa relación, dada por el ejercicio de la jurisdicción por cada juez, no existe un orden jerárquico, y por eso no corresponde referirnos a las cámaras revisoras como superiores al juez de primera instancia, sino como posteriores; ya que desde el punto de vista jurisdiccional nuestro jefe es la Constitución Nacional. El tema de revisión de las decisiones, entonces, implica un control que se ejerce por parte de instancias posteriores; y así, cuando a un juez le revocan muchos fallos, se pone de manifiesto la eficacia de los controles. Por otro lado, el buen desempeño de los jueces es controlado a través del Consejo de la Magistratura. De manera que no se necesita ningún examen periódico de idoneidad, el cual se traduciría indefectiblemente en un modo de presión. Ello sin perjuicio de que hay características muy importantes de un juez que no pueden verse sujetas a un reduccionismo tal como el de someterlo a un examen. Un juez tiene que tener capacidad de decidir, sentido común, estar informado sobre situaciones que hacen al dinamismo social y político, tiene que medir las consecuencias de sus fallos, necesita prudencia. Es un análisis simplista pensar que esas cuestiones se pueden percibir en un examen.