Jorge Bergoglio se negó a comparecer oralmente en el juicio de la Escuela de Mecánica de la Armada. El jefe de la Iglesia argentina había sido convocado para declarar como testigo por el secuestro de los jesuitas Francisco Jalics y Orlando Yorio, que pertenecían a su congregación. La semana pasada, en una audiencia, el Tribunal Oral Federal Nº 5 notificó a cada una de las partes que, amparándose en el artículo 250 del Código Procesal Penal, el cardenal se negó a concurrir a la audiencia aunque acepta contestar las requisitorias por escrito. Los representantes de las víctimas de la Marina rechazaron el planteo: pidieron al TOF 5 que lo convoque o, tal como lo dispone ese mismo artículo, se traslade al lugar físico donde se desempeña el cardenal. Ahora, aguardan la resolución del Tribunal.

Bergoglio fue convocado a Comodoro Py a raíz del testimonio de María Elena Funes de Perinola, una catequista a la que secuestraron con los dos sacerdotes en la villa del Bajo Flores, donde hacían trabajo social. En su declaración, María Elena contó que el jefe de la congregación quitó a los jesuitas su respaldo por “razones ideológicas”. Recordó que les pidió irse de la villa y que esa misma semana los secuestraron en “un gigantesco operativo”. Ella también recordó que Bergoglio había mandado una nota al entonces obispo de Morón, Miguel Raspanti, advirtiéndole que los dos jesuitas “eran algo así como malisísimos” y que “estas dos personas no deberían ser aceptadas”.

Desde aquel día quedó abierta la posibilidad para que el cardenal primado de la Argentina se presente a dar su testimonio en el juicio oral por los crímenes de la última dictadura en la ESMA. Pero el jueves de la semana pasada esa opción quedó en duda. Durante el debate, los integrantes del TOF 5 comunicaron la decisión del cardenal de ajustarse al artículo que prevé las condiciones de los tratamientos especiales. Ahí se indica que no están obligados a comparecer presidente, vicepresidente de la Nación, ni gobernadores o vices, ministros, legisladores, miembros del Poder Judicial y altos dignatarios de la Iglesia.

Sin embargo, recordó en la audiencia Luis Zamora –representante de una de las querellas– que el artículo no sólo prevé la opción del escrito, también dice que “según la importancia que el juez le atribuya a su testimonio y el lugar en el que se encuentren, aquellas personas declararán en su residencia oficial”, hasta donde se trasladará el Tribunal.

Más temprano, por la sala había pasado Roberto Moreno, un vecino de la última casa de San Vicente en la que vivió Rodolfo Walsh. Operario, fue testigo de la explosión con la que los militares destruyeron la casa del periodista, escritor y militante el 26 de marzo de 1977. Moreno nunca había declarado, no conocía siquiera a Walsh, al que sólo reconoció leyendo un diario veinte años más tarde. Antes de retirarse, sin embargo, dijo al Tribunal que estaba dispuesto a volver todas las veces que hiciera falta. Zamora recordó justamente esa disposición cuando tuvo que replicar la posición de Bergoglio.

“Más allá de que ese vecino ni siquiera conocía a Walsh –dijo–, se acercó a relatar lo que había ocurrido por una cuestión solidaria con la sociedad.” El cardenal, en cambio, debe declarar sobre cosas que sí conoció, como es el caso de esas dos personas que dependían de él y, según un testimonio, de las que tuvo conocimiento. En ese sentido, recordó en plena audiencia las opciones que puede evaluar el Tribunal para obtener su testimonio en vivo. No porque haya que hacer cumplir la ley, dijo, “sino porque esas condiciones permiten repreguntas, pero además evaluar la espontaneidad de un testimonio, por alguna razón se hacen los juicios orales”. Agregó que no hacerlo es demostrar que “hay desigualdad ante la ley”.

El pedido de Zamora recibió el respaldo unánime de los organismos de derechos humanos que integran las querellas en el juicio. Y además, de la fiscalía. En el otro extremo de la sala, los abogados de los represores rechazaron el planteo del cardenal pero por razones distintas. Los abogados de los acusados pidieron citar a Bergoglio y que se declare “inconstitucional” el artículo.