En un solo día, el macrismo recibió dos pésimas noticias por parte de la Justicia. Ayer, el fiscal federal Jorge Di Lello propuso desestimar la investigación sobre el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, a quien legisladores del PRO habían intentado vincular con el espía Ciro James por haberle otorgado un permiso para explotar un locutorio. Con esto, se echó por tierra uno de los principales argumentos del PRO para sostener que James estuvo vinculado en las escuchas ilegales con el antecesor de Mauricio Macri. Al mismo tiempo, como anticipó Página/12, la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña respaldó la actuación del juez Roberto Gallardo en la citación de testigos a la comisión investigadora de la Legislatura y dispuso que fuera el juzgado de turno el que se siguiera haciendo cargo de las notificaciones con el respaldo de la Justicia.

En su dictamen, Di Lello le sugirió al juez federal Norberto Oyarbide que desestimara la autodenuncia que Ibarra había presentado ante las acusaciones del PRO, “habida cuenta de que los hechos no encuadran en figura penal alguna”. El fiscal pidió que no se continúe con la investigación sobre la presentación formulada el 21 de septiembre, ya que no se aportaron pruebas sobre “cuál sería la falta”, “ni la posible conducta que podría imputarse a los funcionarios” que intervinieron en el contrato por el cual se le cedió a James un permiso para instalar un locutorio en el 2002. Di Lello enfatizó que “del comportamiento denunciado como presuntamente sospechoso –del que Ibarra tomó conocimiento merced a sus opositores políticos– no se verifica acontecer alguno que pueda ser tildado de ilícito”.

El fallo es un nuevo revés para el PRO, que había convocado a una conferencia de prensa para anunciar con bombos y platillos que había descubierto el nexo entre Ibarra y James. En aquella ocasión, los macristas Martín Borrelli y Cristian Ritondo denunciaron ante las cámaras el contrato del 6 de septiembre de 2002 –revocado a los cuatro meses– para que James instalase un locutorio en el Parque de la Ciudad donde, según el PRO, “están los aparatos de escuchas de la Policía Federal y la SIDE”. “No se señala la posible conducta negligente que podría imputarse a los funcionarios que intervinieron en la firma y posterior revocación del referido contrato”, concluyó Di Lello.

Ante la falta de impulso de la fiscalía, Oyarbide no tendría otra opción que la de desestimar la denuncia por “inexistencia de delito” en el obrar del ex jefe de Gobierno. La estrategia del macrismo de demostrar que James comenzó sus tareas de espionaje antes de desempeñarse bajo el ala del Ministerio de Educación porteño no prosperó, al igual que el intento de vincular este hecho con episodios de espionaje anteriores a los que hoy mantienen a Macri procesado.

Por otra parte, la Sala I en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad resolvió “no hacer lugar a los agravios” planteados por el PRO, por la intervención del juez Gallardo en la citación de testigos para la comisión investigadora. De este modo, resolvió que fuera el Juzgado Nº 5, a cargo de la jueza Fabiana Schafrik, el que tenga a su cargo las futuras citaciones. La Cámara no trató el planteo de nulidad solicitado por la fiscal Daniela Ugolini ni el recurso presentado por legisladores macristas, que podrán volver a plantear sus objeciones. El presidente de la CIE, Martín Hourest, se reunirá hoy con la magistrada para establecer de qué forma se llevarán a cabo los llamados a declaración que estaban pendientes.

Informe: Gabriel Morini.