El dictador Jorge Rafael Videla volverá a escuchar una sentencia después de un cuarto de siglo. El general Luciano Benjamín Menéndez, impune en los ’80, alcanzaría el record de cinco condenas a prisión perpetua. Julio Simón va por su tercer fallo adverso. Los coroneles Carlos Alberto Tepedino y Mario Gómez Arenas van por el segundo. Debuta el civil Raúl Antonio Guglielminetti, el mayor Guastavino, que supo ser custodio del presidente Raúl Alfonsín. Celebridades al margen, más de medio centenar de imputados por crímenes de lesa humanidad serán condenados o absueltos en los próximos días por secuestros, torturas, violaciones y asesinatos cometidos durante la última dictadura.

“La acción del Estado de administrar justicia y las condenas correspondientes revalidan la palabra histórica y el testimonio de las víctimas del terrorismo de Estado porque le dan credibilidad”, explicó Martín Fresneda, uno de los sobrevivientes que impulsó una de las querellas del juicio a Videla. “La condena es muy reparadora no sólo para los muertos sino para los vivos, para los que son sobrevivientes del horror. Lo primero que hace una persona que pasó por una situación similar es ir y hacer la denuncia, pero el hecho de que el Estado genere impunidad es un modo de invisibilizar el horror, la palabra y el cuerpo de la persona que denuncia y, en ese sentido, la condena es absolutamente reparadora porque vuelve a tomar credibilidad la palabra”.

Las cifras de 2010 marcan un quiebre histórico en el proceso de justicia. Según la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, en lo que va del año fueron condenados 66 represores en catorce procesos orales y públicos. La cantidad de acusados que llegaron a juicio es casi cinco veces mayor que la de 2009. Creció también la base de la pirámide: ochocientos procesados aguardan turno para sentarse en el banquillo. Son 166 más que el año pasado. En el debe, producto del “notable incremento de las excarcelaciones” dispuestas por distintos tribunales, la unidad que encabezan Jorge Auat y Pablo Parenti destaca que sólo el 57 por ciento de los procesados tienen prisión preventiva. De ese universo, el 56 por ciento está en una cárcel, el 37 encerrado en la casa.

Mañana, a las 10, en Mar del Plata escucharán su sentencia el general Alfredo Arrillaga, el contraalmirante Luis Pertusio y el capitán de navío Justo Ignacio Ortiz. El juicio es por delitos en el campo clandestino que funcionó en la Base Naval local, donde operó la Fuerza de Tareas 6, que encabezaba Ortiz. Pertusio dirigía la Escuela de Submarinos e integraba la FT6. Arrillaga, que volvería a torturar y matar en La Tablada en 1989, era jefe de Inteligencia de la subzona militar 15, que coordinaba la actuación de todos los grupos de tareas. Será la primera sentencia contra marinos desde la condena a Massera en 1985. El turno de Acosta, Astiz & Cía. sería recién en abril. El fiscal Daniel Adler y los querellantes Gloria León, César Sivo y Alejo Ramos Padilla coincidieron en el pedido de penas: prisión perpetua. Los imputados confían en los votos de Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris, que estiraron el proceso al máximo y ya absolvieron en 2009 al coronel Alejandro Duret, identificado a la cabeza del grupo de tareas que llevó a Carlos Labolita encapuchado, torturado y descalzo a allanar la casa familiar antes de desaparecer.

También mañana, pero a las 19, el Tribunal Oral Federal 2 porteño dictará sentencia a un grupo de diecisiete represores del circuito Atlético-Banco-Olimpo, incluidos Simón, Guglielminetti, el apropiador Samuel Miara y el capitán Enrique José del Pino, que hoy podrán decir sus últimas palabras ante jueces, víctimas y seres queridos. Se trata del primer juicio a un número significativo de imputados en la ciudad de Buenos Aires, por secuestros, tormentos y homicidios contra 184 víctimas. El proceso que condujeron Jorge Tassara, María Laura Garrigós de Rébori y Ana María D’Alessio duró trece meses, dato relevante si se tiene en cuenta que 800 procesados esperan turno. El fiscal Alejandro Alagia reclamó en su alegato que se condene por genocidio. Los organismos querellantes coincidieron en el pedido de prisión perpetua. Hijos, Familiares, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otros, organizan un festival mañana desde las 17.30 frente a los tribunales de Comodoro Py. El fallo se podrá seguir en vivo en pantallas instaladas en la calle y los canales podrán tomar la filmación oficial, a cargo del Incaa. La Televisión Pública estará con móviles en vivo, aunque hasta ayer un problema con la programación impedía obtener la certeza de que esta sentencia histórica pudiese ser trasmitida en vivo. En la calle, habrá un recital de Dancing Mood, Actitud María Marta, La Chilinga y Fidel Nadal.

“Es la primera vez que se estarán condenando a los actores más cercanos a la plan exterminio”, explicó Miguel D`Agostino, sobreviviente de los campos. “Tenemos hasta ahora las condenas a los autores intelectuales pero no a los que tomaron la decisión de ejecutarlo.” Todos los acusados estuvieron en los centros clandestinos, como dice D`Agostino: “Estaban ahí, a lo largo de los dos años que funcionaron los centros, cambiando o alternando responsabilidades o tareas”. En la línea de acusados hay gendarmes, policías, hombres del servicio penitenciario, y esos son los nombres y apellidos de los asesinos. Detrás de los 17 acusados, hay otros siete que están en lista de espera para la segunda parte del juicio y otros cinco están muertos, una suma que eleva a 29 el número de criminales identificados. El juicio termina después de unas 80 audiencias que empezaron el 24 de noviembre del año pasado. Por decisión del Tribunal, los acusados estuvieron presentes en casi todo el debate y aquellos como Miara que no estuvieron en condiciones de estar presente por razones de salud, debieron seguir la audiencia por videoconferencia.

El miércoles, en tanto, Córdoba volverá a marcar un hito en la historia del proceso de Justicia. A la sana costumbre de condenar a Menéndez, que hasta los ‘90 solía integrar palcos oficiales de gobiernos radicales y ahora carga con cuatro perpetuas, se suma esta vez la imputación al dictador Videla, indultado por Carlos Menem en 1990, y una diferencia sustancial con todos los juicios anteriores: hay 31 imputados, desde el presidente de facto hasta torturadores. Militares, policías y civiles, incluida una mujer, juzgados por los fusilamientos a presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1 y por tormentos. Según Será Justicia, semanario abocado a la cobertura del juicio, la acumulación de alegatos de los querellantes arroja como resultado pedidos de prisión perpetua para 21 imputados. Los fiscales pidieron cuatro absoluciones y la pena máxima para 17 imputados.

“Como juicio histórico ha servido mucho porque ha interpelado las distintas capas de la sociedad”, indicó Fresneda. “Distintos niveles de la cultura política como a la justicia misma, estoy pensando en que se han conocido durante el juicio niveles de responsabilidad inusitados de la justicia, no sólo en relación a los episodios del pasado sino que los imputados arrojaron datos sobre personas que han participado de los servicios de Inteligencia.”

Córdoba fue, por lejos, el escenario donde los acusados hablaron poco más. Una de las explicaciones es que al integrar distintas fuerzas no pudieron articular una defensa conjunta y por lo tanto, muchas veces, en el afán de defenderse, castigaron a otro acusado: “Esa es la ventaja de tener como imputados a toda la cadena de mandos”, indicó Fresneda. Y en esa línea, plantea el mismo tipo de reparación que marcó D’Agostino: hasta ahora no estaban condenados los responsables directos del horror. “No teníamos ningún torturador, que son los mismos que tiene la foto en sus ojos de los desaparecidos o de los muertos.”

La sentencia de Córdoba será transmitida en directo por la Televisión Pública. La programación incluirá una conexión en directo con el auditorio de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que desde las 16.15 retransmitirá las condenas en pantalla gigante y un debate en la sala del que participarán organismos de derechos humanos y organizaciones sociales como Carta Abierta, entre otros.