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En junio del 2008, en pleno conflicto entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, el presidente de Cargill Argentina, Cristian Sicardi, fue a la embajada estadounidense a quejarse por lo que él llamó “el flujo creciente de regulaciones para incrementar el control del gobierno de Argentina sobre las exportaciones agrícolas”. La visita fue sigilosa, acorde con los tiempos que corrían: salvo investigaciones aisladas, las grandes firmas agroexportadoras estaban logrando ser, en público, el gran ausente en el llamado “conflicto con el campo”.

Según un cable filtrado por Wikileaks al que tuvo acceso Página/12, lo que más parecía molestar al empresario era su falta de llegada al “círculo íntimo” de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.

La transnacional Cargill, a través de su filial argentina, forma parte de un oligopolio que concentra la mayoría de las exportaciones argentinas de granos.

“Sicardi explicó que el gobierno de Argentina está dictando nuevas regulaciones casi a diario para incrementar el control de las exportaciones agrícolas, con muchas regulaciones ilógicas. Está preocupado no sólo por el daño a las operaciones de la compañía, sino por el daño a largo y mediano plazo que el Gobierno le está causando al atacar al altamente eficiente sector agrícola”, arranca el cable, que firma el entonces embajador Earl Anthony Wayne. Conviene aclarar que en el lenguaje habitual del diplomático, “altamente eficiente” significa, entre otras cosas, que al sector le va muy bien.

El cable continúa con la queja por no tener llegada a la Presidenta. “Sicardi expresó su frustración por la falta de acceso para su empresa y otros grandes exportadores a las figuras clave del Gobierno. Señaló que en el gobierno de Argentina las decisiones las toma un grupo muy chico y cerrado, cerca de la presidenta Cristina Kirchner y su marido Néstor Kirchner”, dice el despacho.

Y sigue con más frustración: “El gobierno de Argentina está dictando nuevas regulaciones importantes sin consulta previa, con las nuevas reglas siendo desarrolladas por personas que no entienden el sector. Representantes de su sector han sido incapaces de reunirse con contactos que tengan acceso a ese círculo íntimo y limitado”.

A continuación el empresario pasó a detallar las medidas que a su entender habrían perjudicado a Cargill, como el achicamiento del período de embarque para evitar la especulación. Medidas como cambios en el sistema de registro de exportaciones empezarían meses después de la visita del empresario a la embajada.

Después de esta introducción, el directivo llegó al nudo del asunto: la embajada tenía que hacer algo, pero no podía nombrar a Cargill para no exponer su nombre en público.

Es que los pulpos exportadores habían sido los grandes ausentes públicos del conflicto entre el Gobierno y las cuatro entidades de la Mesa de Enlace excepto, por ejemplo, para quienes analizaron entonces la transferencia de ingresos dentro de la cadena productiva en favor de las exportadoras.

Dos semanas antes de la visita del empresario a la embajada, el periodista Raúl Dellatorre escribió en Página/12: “Curioso y paradójico punto de llegada al que arriban las didácticas explicaciones de los dirigentes. Pero para nada ingenuo ni absurdo: es la lógica del planteo de los ruralistas desde que empezó el conflicto. Permanentemente han atacado la parte que queda en manos del Estado (impuesto), pero jamás aluden a la que se devora el comercializador que domina la mitad de la cadena, desde la tranquera hasta el barco. El dueño de las plantas de acopio, de los puertos privados, de los molinos y socio en la venta de fertilizantes y semillas. Tal es el caso, en toda la cadena, de Cargill y, en algunos eslabones, de Bunge, Dreyfus, Nidera y Aceitera General Deheza, grandes beneficiarios de la renta agropecuaria”.

El presidente de Cargill Argentina le pidió al embajador que ejerciera su poder de lobbing para que la crisis no afectara finalmente las ganancias de las exportadoras.

“El prolongado paro granjero está teniendo un fuerte impacto en la capacidad de Cargill para exportar (los grandes exportadores están trabajando al 50 por ciento de su capacidad), pero las nuevas regulaciones que se están dictando en medio del conflicto tendrán un impacto negativo en el largo plazo”, dijo Sicardi según Wayne. También alertó en el sentido de lo que definió cómo “el impasse” afectaría a largo plazo a la economía argentina.

El presidente de Cargill argentina no quería que se diera a conocer su preocupación por el bienestar de “la economía argentina en general”. Wayne lo aclara: “No estaba dispuesto, sin embargo, para que Cargill sea identificado como pidiéndole a Estados Unidos que intervenga”. Eso se debía, según el embajador, a la “preocupación de que el gobierno de Argentina terminase convirtiendo a la compañía en un blanco”, señala el cable.

La respuesta del embajador seguramente complació al empresario. “El embajador estuvo de acuerdo en elevar la preocupación con funcionarios de alto nivel del Gobierno sobre el impacto extendido de las nuevas regulaciones (sin mencionar específicamente a Cargill). La naturaleza arbitraria de los nuevos requerimientos y el intento de cobrar impuestos retroactivamente puede socavar seriamente la inversión futura de empresas que están mirando a la Argentina, lo cual podría traer serias consecuencias para el crecimiento del país”, le contestó Wayne, según el cable.

El despacho no indica si Wayne cumplió su promesa y ante quién lo hizo.

Además de la velada amenaza de no promover inversiones en el país por las quejas de Cargill, el embajador le sugirió al empresario que hiciera uso de un instrumento legal disponible. “El embajador también señaló que el tratado de inversión bilateral les otorga algunas garantías a las empresas estadounidenses”, dice el texto.

En su comentario final, el embajador ofreció su particular visión del conflicto con la entidades ruralistas, al hablar, con lenguaje bélico, de “daño colateral”. Para Wayne, la economía argentina estaba sufriendo. Más aún, las empresas estadounidenses con negocios en el país estaban sufriendo. La causa era, según Wayne, la supuesta intención del ex presidente Néstor Kirchner de “poner de rodillas” al sector agropecuario, basada en la versión periodística, nunca comprobada, de que ésas habían sido las palabras de Kirchner entre sus íntimos para explicar la insistencia en no ceder ante los reclamos de los empresarios del agro.

Conviene citar textualmente el remate del despacho de Wayne. “Comentario: el extendido impasse entre el sector agrícola y el Gobierno amenaza con tener un impacto negativo a largo plazo en la economía de Argentina y las compañías de Estados Unidos que operan aquí. La intención del ex presidente Néstor Kirchner de ‘poner al sector de rodillas’ le está infligiendo un daño colateral severo”, concluye el representante de Washington.

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