En la investigación por el homicidio de Mariano Ferreyra ya hay policías federales acusados con nombre y apellido. El fiscal Fernando Fiszer pidió ayer la indagatoria de cinco uniformados a quienes responsabiliza de haber permitido que una patota de la Unión Ferroviaria (UF) asesine al joven militante del Partido Obrero, quien acompañaba una protesta de trabajadores tercerizados, y de haber “facilitado los medios para alcanzar la impunidad de los hechos”. El dictamen, al que accedió Página/12, afirma que el personal policial incluso propició el ataque de los matones, a pedradas y balazos, al correr los patrulleros y despejarles el camino hacia los manifestantes en el momento en que se retiraban. Luego permitió que los agresores huyeran y ocultaran las armas, omitió notificar a la Justicia, no preservó las pruebas, utilizó teléfonos que impiden registrar el contenido de sus conversaciones e interrumpió su propia filmación de los sucesos en el momento de mayor violencia. La fiscalía reitera, además, que el titular de la UF, José Pedraza, y su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, deberían ser considerados tan implicados en el homicidio como los siete detenidos como sus autores materiales.

Dos de los policías imputados por Fiszer son los que estaban a cargo del operativo: el comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla, jefe del Departamento de Control de Líneas de la Policía Federal, y el comisario Jorge Raúl Ferreyra, jefe de la División Roca. Los otros tres agentes bajo sospecha son Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones; Rolando César Garay, subcomisario de la seccional 30ª, y David Ismael Villalba, agente de la División Exteriores de Video de la Federal. Los delitos que se les podrían atribuir van desde incumplimiento de sus deberes hasta el encubrimiento del homicidio de Mariano y la tentativa de asesinato de otras tres personas. La jueza Wilma López debe decidir ahora si los cita como sospechosos.

El fiscal Fiszer –quien reemplaza a Cristina Caamaño desde que asumió como viceministra de Seguridad– sostuvo que los policías “omitieron” cumplir su obligación “de impedir” el despliegue violento y armado del grupo de choque de la UF. “Contaron con los medios para evitarlo, estaban obligados a hacerlo en razón de su posición de garante y no ordenaron interrumpir la conducta de los nombrados, abandonando a su suerte a las víctimas y poniendo en peligro la vida y la salud de los mismos, lo cual derivó en los resultados señalados”, sintetizó la pasividad. “El accionar policial –añadió a renglón seguido– no se limitó a ese estadio previo, sino que posteriormente se facilitaron los medios para alcanzar la impunidad sobre el hecho. Permitieron que los autores huyan y oculten los elementos utilizados para el ataque, no se adoptaron los recaudos para la obtención y preservación de la prueba en el lugar del hecho y no revelaron la totalidad de los elementos que en el lugar se hallaban.”

¿A quiénes dejó actuar y luego habría intentado proteger la Policía Federal? La fiscalía hace una enumeración y en la lista incluye a Pedraza y a Fernández en la misma condición que a los siete hombres que ya están detenidos, que son los barrabravas Gabriel “Payaso” Sánchez y Cristian Favale, los delegados Pablo Díaz y Daniel González, el picaboletos Guillermo Uño, el portero de los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez y el empleado Salvador Pipitó. Al líder del gremio, a Fernández y Díaz los considera “instigadores”, al igual que a otro ferroviario, Claudio Gustavo Alcorcel, quien habría intervenido como nexo entre un grupo que respondía a Favale y Díaz (ver aparte).

Al recapitular los sucesos del 20 de octubre y la relación de la Policía Federal con el desenlace, la fiscalía distingue tres momentos. Primero, unos treinta tercerizados y despedidos de la línea Roca que reclamaban sus puestos de trabajo intentaron cortar las vías en la estación Avellaneda, con apoyo de agrupaciones sociales. Cerca de cien ferroviarios afines a la UF, al mando de Pablo Díaz, llegaron amenazantes y “se interpusieron” para evitar el bloqueo. Los tercerizados se fueron bordeando las vías, por la calle Bosch, mientras parte de la patota los seguía por el terraplén. Al llegar al puente que cruza el Riachuelo, ambos bandos se enfrentaron con piedras y otros objetos, pero la policía los separó. Los tercerizados siguieron hasta Luján y Santa Elena, donde hicieron una asamblea, a la que se sumó más gente. En el ínterin, el grupo de la UF se juntó con otro que venía al mando de Favale. La Federal interpuso tres patrulleros “sin adoptar ningún recaudo”, pese a que la “agresividad” de la fuerza de choque del gremio “era ostensible”, señaló la fiscalía. Cuando la patota bajó del terraplén y fue derecho a abalanzarse sobre los tercerizados con palos, piedras y bulones los patrulleros se corrieron, como si les liberaran el paso. Fue entonces que Favale y Sánchez comenzaron a disparar con armas de fuego. “El personal policial se limitaba a observar”, dijo Fiszer. Se mantuvieron en esa postura de “espectadores”, que sólo cambiaron “para detener la marcha de los damnificados y no la de los autores materiales” de “los disparos y lanzamientos”, a quienes “se les facilitó la fuga”.

El fiscal acusa a los policías de: “no interrumpir” el ataque del grupo de choque; “omitir brindar el apoyo” que pedía la seccional 30ª; ordenar a los subalternos seguir a los grupos a distancia, “sin intervenir” (“Expectantes, no sea cosa que después las dos facciones antagónicas se unan contra nosotros”, se escuchó en las modulaciones, como reveló Página/12); no ordenar “la inmediata detención de los agresores, el secuestro de los materiales utilizados” ni “arbitrar los recaudos para la preservación de la prueba”; “omitir dar inmediata intervención” al juez y al fiscal de turno; evitar la obtención de imágenes directas de la zona de la gresca y cortar todo registro fílmico al momento de los disparos (no hay imágenes entre las 13.33 y las 13.39); “omitir la utilización de un medio de comunicación que permita el registro de su contenido, utilizando en su lugar los teléfonos denominados POC” (que impiden guardar las conversaciones) en contra de una orden interna de 2003 que obliga a “registrar todo lo actuado”.

A Mansilla, que lideró el operativo, se le atribuye incluso haber mentido al pasar por radio un parte de la situación con “información falsa”. “La gente de la UF ha descendido a la calle, pero sin ninguna represalia con el otro grupo que está a 200 metros”, decía el comisario en el momento en que la patota en realidad estaba entrando en acción contra los tercerizados y las organizaciones que los acompañaban. Al igual que a su colega Ferreyra, también se le endilga haber permitido la presencia de al menos catorce policías de civil, contra una orden policial interna de 2006 que los obliga a estar identificables en manifestaciones masivas.