La jueza Wilma López busca las razones del crimen de Mariano Ferreyra en el círculo íntimo del líder de la Unión Ferroviaria (UF) José Pedraza y adentro de su propia casa. El inmueble, un departamento en una torre de Puerto Madero, formó parte del itinerario de los allanamientos que se realizaron hace diez días, también en oficinas del gremio y de la Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur. Los investigadores se llevaron documentación de todas partes y obtuvieron las primeras evidencias, según pudo saber Página/12, que probarían el vínculo de Pedraza y la cúpula del sindicato con la cooperativa allanada, que es una de las tercerizadas utilizadas para pagar bajos salarios a los empleados ferroviarios, contratarlos fuera de los convenios colectivos y despojarlos de derechos laborales. Esa confluencia entre intereses sindicales y patronales era, de hecho, uno de los ejes de la protesta en la que participaba el militante del Partido Obrero (PO) cuando fue asesinado el 20 de octubre.

Aquel día un grupo de tercerizados del ferrocarril Roca, apoyados por agrupaciones políticas y sociales, habían ido a cortar las vías a la estación Avellaneda, en reclamo de la reincorporación a planta permanente de todos los contratados a través de empresas que están por fuera de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), que administra las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur bajo tutela estatal. Esas “tercerizadas” son una veintena y comenzaron a funcionar hace algo más de tres años. Muchos de sus empleados, junto con despedidos de Ugofe, ponían el dedo en la llaga al denunciar la participación del gremio en el negocio de esa forma de flexibilización. La intención de bloquear las vías como protesta quedó frustrada por el apriete de una patota de la UF que, ensañada, también atacó a los manifestantes con piedras y armas de fuego en el momento en que se retiraban. Mariano murió por un disparo en el abdomen. Otras tres personas sufrieron heridas de bala.

Todo hace suponer que en los procedimientos que se hicieron el viernes 11 en oficinas de la UF, en la cooperativa, en la casa del segundo del gremio, Juan Carlos “Gallego” Fernández, e incluso en la de Pedraza, la jueza fue a buscar pistas para establecer los “móviles” del accionar de los matones del sindicato, que con el argumento de “evitar un corte” en el servicio de la línea Roca habían ido armados para matar, y mataron. Los allanamientos habían sido requeridos por el fiscal Fernando Fiszer –quien reemplaza a Cristina Caamaño, actual viceministro de Seguridad– en plan de determinar por qué había tanto interés de la UF de actuar con semejante brutalidad contra los trabajadores tercerizados. La fiscalía, de todos modos, hace tiempo considera que hay pruebas para indagar a Pedraza y Fernández por el homicidio; dos semanas atrás le reclamó a la magistrada que los detuviera y los interrogara como sospechosos, algo que aún no resolvió.

Enemigo íntimo

La Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, encargada de canalizar los contratos de personal de limpieza y mantenimiento de vías, había sido señalada en la causa por varios testigos como paradigma de las tercerizadas y la precarización del trabajo ferroviario, con salarios de 2200 pesos, la mitad que el de los empleados de planta. Además, atribuían la propiedad y la conducción de la firma a Pedraza y su entorno familiar. Decían que el Gallego Fernández habría oficiado de gerente y que Pablo Díaz se presentaba como delegado del personal.

Cuando allanaron la cooperativa, los investigadores encontraron indicios de que uno de los despachos lo usa Maximiliano Pedraza, hijo del jefe del gremio, quien allí recibiría correspondencia a su nombre, informaron allegados a la causa. Se llevaron otros tantos papeles que acreditarían, así, que el gremio es patrón de sus trabajadores, lo que podría explicar la vocación de la UF por mantener un modelo de bajo costo que afecta a su propia gente.

Oficialmente, Unión del Mercosur no tiene a ningún Pedraza entre sus socios, pero su presidente es Raúl Castellano, secretario de Medios de Comunicación de la UF y muy cercano al líder sindical; el vice es Armando Matarazzo, secretario de Finanzas del sindicato, y el secretario es Domingo Galeano, secretario de Emprendimientos Laborales de la UF. Una de sus asambleas se hizo en la sede de la propia UF. Así figura en los registros del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) –que dependen del Ministerio de Desarrollo Social– según constató Página/12. En el organismo explican que ellos no tienen “poder de policía” sobre las cooperativas y que sólo les compete verificar que tengan sus balances en orden.

Algunos testimonios de ferroviarios descontentos describían cómo funcionaba, al menos hasta noviembre, esta tercerizada ligada al entorno de Pedraza: decían que obligaba a sus empleados a asociarse (como cooperativistas), no los encuadraba en ningún convenio o los empleaba en el de la Uocra (para pagar menos), no tenían asignaciones familiares, ni vacaciones pagas, ni indemnización por despido. De los 1500 trabajadores contratados a través de este tipo de empresas externas para trabajar en tareas ferroviarias, cerca de 200 pertenecían a Unión del Mercosur. Y algunos de ellos estaban en la protesta en la que fue asesinado Ferreyra. En enero el Gobierno comenzó el proceso de traspaso de los tercerizados a planta permanente.

En el departamento allanado de Pedraza, los sabuesos encontraron, entre otras cosas, el contrato de su esposa Graciela Isabel Coria, secretaria del consejo directivo de la empresa Belgrano Cargas, que en los noventa quedó en manos de la UF, tras la privatización de todos los servicios de carga. Pedraza y señora son investigados por el uso de facturas truchas para cobrar subsidios por más de 10 millones de pesos. Aunque el hallazgo no tiene relación con la causa por el homicidio de Ferreyra, pintaría los presuntos negocios familiares con subsidios ferroviarios.

La abogada del PO, Claudia Ferrero, recordó que en la causa declaró un ex directivo de Ugofe, quien denunció que la empresa se quedaba con un 30 por ciento del dinero que el Estado enviaba para su sueldo, algo que creía que se repetía con el resto del personal. “Suponemos que lo mismo sucedería con los tercerizados”, señaló Ferrero. García es uno de los testigos que recientemente denunciaron amenazas. También había declarado que el Gallego Fernández y el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Guillermo Luna, definían quiénes debían ser contratados para la línea Roca y a qué tercerizadas se destinaban los subsidios.

Pendientes

Cuando la jueza López procesó en noviembre último por homicidio calificado a siete integrantes del grupo de choque, afirmó que respondían a la UF y mostró cómo se habían movido bajo las órdenes del delegado Pablo Díaz, secretario de la Comisión de Reclamos de Ugofe, uno de los detenidos. En la misma resolución ya daba indicios de que podría buscar en la cúspide del gremio a los autores intelectuales del crimen de Mariano. Le daba importancia al análisis de “problemas en el ámbito de la actividad ferroviaria que están relacionados con el sistema de contratación de personal por parte de las empresas tercerizadas que realizan tareas específicas para la Ugofe y cuyo salario es sensiblemente menor”, y consignaba en la enumeración de pruebas del expediente los llamados constantes que el Gallego Fernández intercambió con el delegado Díaz en pleno ataque a los tercerizados. La fiscal Caamaño sostuvo entonces que ese dato, sumado a la corroboración de que mientras Fernández le daba instrucciones a Díaz estaba en compañía de Pedraza en la sede de la UF, eran suficientes para imputarlos e indagarlos.

Uno de los papeles incautados en la UF es el “original” del trámite de ingreso vía Ugofe del barrabrava de Defensa y Justicia Cristian Favale, donde su nombre era sugerido para un puesto ferroviario junto con otros, poco antes del homicidio de Mariano. Estaba firmado por el Gallego Fernández. Para Caamaño ese documento era de gran importancia. Al pedir las indagatorias de Fernández y Pedraza, sostuvo que a la hora de organizar la patota, para tentar a los matones les ofrecían “un rédito económico” como asegurarles el empleo, en el caso de Favale, “o el de sus familiares” “o mejores expectativas para aquellos que fueran empleados”. La jueza está haciendo ahora su propio armado del rompecabezas.