Mientras el conflicto por la toma de edificios en el Bajo Flores sigue irresuelto, el gobierno porteño creó otro frente de conflicto al destinar uno de los terrenos que estaban asignados a la reubicación de vecinos que habitan sobre la orilla del Riachuelo a un emprendimiento del llamado Polo Tecnológico de Parque Patricios. “El terreno no podía ser desafectado porque había de por medio una sentencia judicial, que el gobierno estaría incumpliendo”, dice el abogado que patrocina a los vecinos. Desde el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) dicen que el terreno no fue cedido sino permutado por otro, en la calle Iguazú, en Barracas, aunque no precisó la ubicación. Un legislador porteño presentó un pedido de informes para que el gobierno explique cuál es el plan de obras para cada asentamiento.

“Desde hace años venimos con promesas y mentiras”, dice Serafina Falagán, que vive en la Villa 26 desde hace 56 años. “Cuando vine había cinco casas y todavía no estaba el relleno, que impide que se

inunde todo cuando viene la sudestada”, cuenta la mujer, presidenta de la junta vecinal y responsable del comedor Los Angeles. El barrio fue creciendo desde la esquina de Luján y Perdriel hacia el sur, unas tres cuadras, hasta el puente Bosch, y hoy alberga a unas 240 familias. La mitad de las casas tienen su frente hacia un pasillo y el fondo al Riachuelo. “Uno no termina de acostumbrarse nunca al olor, pero el problema más grave es la contaminación”, dice Marcelo, que tiene una hija que sufre asma y eczemas en la piel. Los habitantes cuentan con agua de red, pero las descargas cloacales van a parar directamente al río.

La reubicación de esas familias y de todas las que viven sobre la margen del Matanza-Riachuelo debe hacerse en cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de julio de 2008, que ordena el saneamiento de la cuenca. El plan para relocalizar a las familias de la Villa 26 estaba en marcha –al menos en los papeles– desde mucho antes. “En 2003, el IVC había comprado tres terrenos para destinarlos a viviendas para estas familias”, explica a Página/12 el abogado Alejandro Franco, representante legal de los vecinos.

Esos terrenos están ubicados en Pedro Chutro 2922/28, en Parque de los Patricios, Luzuriaga 727 y Gonçalves Días 758, en Barracas. Cuando en 2009 el IVC incluyó a estos lotes en una lista de tierras para poner a la venta, los vecinos presentaron una acción de amparo, a la que hizo lugar el juez Andrés Gallardo, frenando la venta de los lotes.

“Lo insólito es que cuando el Gobierno de la Ciudad puso a la venta esos terrenos, ya estaban licitadas las obras para construir viviendas en Pedro Chutro”, advirtió Franco. Es más, el contrato había sido firmado en 2007 a favor de la empresa Raffo y Mazzieres. “Y el Estado nacional había desembolsado el 20 por ciento del monto total de la obra”, ya que su financiación se inscribe en el Plan Federal de Viviendas, advirtió.

El juez Gallardo, además de impedir la venta de los terrenos, dispuso en su sentencia que se llame a licitación para la construcción de viviendas en los otros dos terrenos, destinadas únicamente al traslado de familias de la Villa 26. El gobierno porteño apeló, pero el fallo quedó firme y ahora la causa la lleva el juez federal de Quilmes, Luis Armella.

“En las audiencias que tuvimos en el juzgado, el presidente del IVC (Omar Aboud) se comprometió a que las obras en Pedro Chutro comenzarían en diciembre, y que las otras dos se iniciarían en enero”, recordó el abogado de los vecinos. A la fecha no hay ninguna obra iniciada en ninguno de los predios.

“A este incumplimiento se agregó un plan que el Gobierno de la Ciudad presentó en el juzgado de Armella, reemplazando el terreno de Pedro Chutro por otro ubicado en la calle Lacarra, donde en lugar de 54 viviendas se edificarían 21”, agregó. Ahora, el IVC dice que la gente irá a otro terreno, en la calle Iguazú, aunque no precisaron la altura.

El argumento que utilizó la ciudad para desafectar ese terreno es que está ubicado en el llamado Distrito Tecnológico de Parque de los Patricios. “No hay ninguna ley que prohíba la construcción de viviendas en esa zona”, aseveró Franco.

El legislador porteño Eduardo Epszteyn presentó un pedido de informes al Ejecutivo porteño para saber, entre otros puntos, cuál fue el destino del dinero que habría adelantado la Nación, si se informó al Acumar que se desistía del uso del terreno de Pedro Chutro y si conoce la vigencia de la medida judicial que dispone el uso exclusivo de ese lote para familias de la Villa 26.