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Analizar el golpe militar de 1976 desde una perspectiva económica y social nos remite a dos aspectos centrales. El primero es que la Argentina atravesaba, por entonces, la quinta década de su proceso de industrialización, iniciado de manera forzosa ante las consecuencias de la crisis mundial de 1930, para luego transformarse en una estrategia de desarrollo nacional, en primera instancia con el peronismo (de mayor base nacional, estatal y el protagonismo de los trabajadores) y luego con el desarrollismo (con mayor presencia de firmas transnacionales).

Mucho se ha hablado sobre las deficiencias de aquel proceso de industrialización, que sin lugar a dudas las tuvo, pero también se ha pretendido opacar o negar sus logros. Sin ir más lejos, si hoy tenemos una industria competitiva en sectores tan alejadas de las ventajas comparativas que postula el pensamiento liberal, como lo son la siderurgia, el aluminio o la petroquímica, entre muchas otras, fue porque hubo políticas industriales en dichos períodos.

Se ha dicho que el proceso de industrialización estaba agotado a mediados de los ‘70, que el balance de divisas no soportaba los requerimientos del crecimiento manufacturero generando recurrentes crisis de balance de pagos y que la industria argentina era poco competitiva e ineficiente. Sin embargo, los cultores de este tipo de posturas (no todos provenientes de la derecha liberal) omiten que entre 1964 y 1974 Argentina no tuvo un solo año de recesión y la industria creció en forma persistente a un ritmo del 5,6 por ciento anual. Más aún, a comienzos de los años ’60, el 99 por ciento de las exportaciones argentinas eran agropecuarias. Diez años más tarde, la industria manufacturera explicaba el 15 por ciento de las exportaciones, e incluso vendía plantas industriales llave en mano a otros países periféricos. Nada mal para un país periférico de industrialización tardía.

Se ha dicho que las reformas de corte liberal eran inevitables y que había que alterar el rumbo económico. Sin embargo, otros países del mundo que persistieron en el camino de la industrialización obtuvieron resultados económicos espectaculares. Sirva de ejemplo el caso de Corea, país que en 1970 mostraba un nivel de riqueza por habitante cinco veces más bajo que el nuestro y que pocos años más tarde nos había sobrepasado con creces en su capacidad de producción industrial.

La industrialización no estaba agotada. Lo que estaba agotado, para ciertos sectores sociales privilegiados, era un sistema económico que tendía al pleno empleo e introducía tensiones distributivas permanentes que los obligaba a ceder porciones crecientes de su riqueza. Aquí aparece el segundo aspecto central del golpe militar: su carácter clasista. Y qué mejor para apreciar tal carácter que la figura de José Alfredo Martínez de Hoz, el ejecutor de la política económica que daría por tierra con el proceso de industrialización. Descendiente de una tradicional familia de estancieros, su actividad pública estuvo dedicada con exclusividad a gobiernos de facto. Ministro de Economía de Salta durante la denominada Revolución Libertadora y luego de la Nación durante el gobierno de Guido. La intención disciplinadora del golpe era clara y evidente: esa sociedad de pleno empleo y tensiones distributivas eran el blanco central de la política económica. En un futuro ya no sería necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas: serían las propias fuerzas del mercado las que disciplinarían a la sociedad. Tras la larga noche de la dictadura, el miedo a la represión y a la desaparición física sería reemplazado, ya en los años ’90, por el miedo a la desocupación.

Por ello es adecuado interpretar la política de derechos humanos de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no sólo en el marco de la legítima búsqueda de verdad y justicia, sino también como parte de una reformulación integral y coherente del papel del Estado y la política. En dicha dirección, la política económica implementada a partir de 2003 ha permitido revertir el escenario de desindustrialización, devolver a los trabajadores sus ámbitos de negociación y recuperación del salario real y, fundamentalmente, restablecer al Estado y a la política su vocación transformadora.

* Economista. Director del Banco Nación. Presidente de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina.