Vecinos, organizaciones sociales y especialistas dieron su testimonio en el Congreso sobre la situación socioambiental de la contaminada cuenca Matanza-Riachuelo y las actuales políticas de Estado en torno del tema. Por cuestiones sanitarias o por falta de ejecución presupuestaria, las distintas voces apuntaron contra la Acumar, la autoridad de cuenca formada por los Estados nacional, provincial y de la ciudad. El objetivo de la audiencia en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja fue generar un informe con nuevas denuncias y datos para presentarle al juez federal Luis Armella, quien entiende en la causa sobre este conflicto ambiental.

A una semana de que los representantes de Acumar y del cuerpo colegiado que la controla –integrado por organizaciones de la sociedad civil– participaran de una audiencia en la Corte Suprema de Justicia, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Victoria Donda, convocó a los miembros del órgano de control, a asociaciones barriales y organismos de derechos humanos para evaluar y ampliar lo expuesto en la Justicia.

“Los niños se presentan con granos y alergias en la piel, porque ellos son los que más aspiran esos olores”, relató Sara Ledesma, vecina de la Villa 21-24 de Barracas, sobre la situación de quienes habitan a la vera del agua contaminada. La mujer reclamó mayor presencia del Estado para atender la salud en estos barrios. “No hagan abandono de pobres”, imploró. Otra queja en ese sentido la realizó Alfredo Alberti, de la Asociación Vecinos de La Boca. “Acumar desactivó el servicio de toxicología que se iba a instalar en el Hospital Argerich y lo puso en un hospital de La Plata”, cuando este barrio está lindero al polo petroquímico, denunció. Alberti, miembro del cuerpo colegiado que evalúa a la autoridad de cuenca, dejó sembrada la duda sobre el motivo del traslado del servicio médico.

En otro punto, Daniel Betti, asesor de la legisladora Laura García Tuñon (Proyecto Sur), señaló que de los cinco millones de personas afectadas por esta problemática, “cerca de tres mil están en situación de extrema peligrosidad”. Eso se trasluce en que en las zonas más contaminadas “la mortalidad infantil ha aumentado” y la expectativa de vida en adultos ha bajado”. El ejemplo lo puso Martín Calveti, médico del Centro de Salud 35, que atiende a los vecinos de la Villa 21-24. El centro sanitario donde trabaja “es el que más notificaciones de enfermedades respiratorias tiene” en la Capital Federal. Y está “entre los cuatro primeros respecto de enfermedades gastrointestinales”.

Lugar aparte mereció el control sobre la ejecución de partidas destinadas a acciones gubernamentales vinculadas con los problemas de la cuenca. “En la ciudad sólo pudimos reconocer el 0,1 por ciento del presupuesto destinado al trabajo en el Riachuelo”, aseguró Cecilia Alvis, secretaria General de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Es por esto que Alvis exigió que tanto el Congreso como las legislaturas locales “armen comisiones para controlar” esta ejecución presupuestaria.

Informe: Leonardo Rossi.