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Un centenar de trabajadores de la empresa Artes Gráficas Rioplatenses (AGR) del Grupo Clarín, acompañados por familiares y amigos, realizaron una protesta frente a la planta de distribución del matutino e impidieron su salida a la calle un domingo. El Grupo Clarín responsabilizó por la acción al titular de la CGT, Hugo Moyano, pero el líder camionero aseguró que su gremio no tuvo participación en la protesta, que fue encabezada por trabajadores de AGR que denunciaron “persecución sindical” por parte de la empresa. El Ministerio de Trabajo llamó a las partes a una conciliación obligatoria para hoy, con el objeto de destrabar el conflicto. En tanto, desde el arco político opositor llovieron críticas hacia el Gobierno por no haber impedido la manifestación, que además afectó parcialmente la salida del diario La Nación. Desde la UCR anticiparon que pedirán juicio político a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, por no dar la orden a la policía para que actuara, ante el pedido de la fiscalía interviniente. En ese contexto, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró que el Gobierno no avala “ninguna situación que atente contra la libertad de prensa”, además de precisar que se trató de “un conflicto de índole laboral”.

A las 22.30 del sábado, un grupo de aproximadamente cien personas, dentro del que había mujeres y niños, se apostó en la puerta del centro de distribución de Clarín en el barrio porteño de Barracas, en reclamo de la presencia de algún directivo del multimedio. El piquete se mantuvo ante la planta de Clarín hasta el mediodía del domingo, con lo que se impidió además de la salida a la calle de la edición dominical del matutino, la distribución del diario deportivo Olé, también perteneciente al grupo. La medida terminó por levantarse pasado el mediodía, sin la intervención policial, que mantuvo una guardia en el lugar junto a efectivos del Cuerpo de Infantería.

“La protesta tuvo que ver con el conflicto iniciado en el año 2004 y con los 120 despidos a compañeros y a la cúpula gremial”, relató a Página/12 Luis Siri, uno de los delegados de AGR, compañía del grupo que se encarga de la impresión de folletería inserta en varios productos de la empresa. “Hoy estamos reinstalados pero sin haber cobrado ningún haber adeudado y con el riesgo de no poder acercarnos a ningún compañero porque puede ser sancionado si habla con nosotros”, apuntó el delegado. En su reclamo, los gremialistas denuncian falta de “libertad sindical”, y enumeran la quita de horas extras, las suspensiones y la presencia de patotas, como medidas que llevaría a cabo Clarín para evitar la actividad gremial. “Decidimos hacer esta medida para mandar un mensaje contundente al directorio del diario. Un medio de comunicación no se puede escudar atrás de la libertad de expresión para vulnerar derechos laborales”, aseguró Siri. Por su parte, Nicolás Rivero, otro delegado, aseguró que “la comisión interna tiene permitido ingresar a la planta, pero no se nos paga el día y tampoco nos dan tareas”. Asimismo, señaló que “nos ubican en un cuartito rodeados por personal de seguridad, que nos siguen a todos lados con cámaras”.

Los manifestantes y el propio Moyano (ver aparte) negaron que hubiera habido presencia de afiliados de Camioneros, tal como acusaron desde el Grupo Clarín. “No hubo organizaciones sociales, ni de la juventud sindical, ni de camioneros. Lo único que hicieron fue no venir a buscar los diarios en los camiones ya que no iban a salir”, indicó Siri. Directivos del multimedio apuntaron a Moyano como el instigador de la medida y la relacionaron con el exhorto enviado desde la Justicia suiza por una investigación en torno de una firma que se le adjudica al titular de la CGT.

Mientras tanto, un cable de la agencia DYN indicó que la fiscal Marcela Solano intimó en la madrugada de ayer al comisario de la Seccional 30ª a que “identifique a los autores, recabe pruebas fotográficas y fílmicas, labre las actuaciones, intime al cese de la contravención” y disponga la “aprehensión de quien no acate las órdenes” de cese del bloqueo a la planta impresora.

El Grupo Clarín presentó dos denuncias penales y una contravencional al señalar que la medida generó “un daño irreparable” que dejó 600 mil ejemplares inmovilizados. El directivo de la empresa Martín Etchevers dijo que dos fallos protegen las plantas de este tipo de “cercenamiento de circulación de medios impresos” y, por eso, consideró que “lo que está sucediendo es el incumplimiento de la medida judicial”.

Por su parte, directivos de los diarios, de la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y diputados de la oposición consideraron “grave” el incidente y criticaron al Gobierno. La diputada radical Silvana Giudici reclamó el juicio político de Garré, por no implementar medidas de prevención para evitar el bloqueo, tras los fallos judiciales que lo impedían. Los diputados que integran la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja acordaron reunirse hoy a las 15 para redactar una denuncia del hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los peronistas disidentes Eduardo Duhalde, Jorge Busti y Francisco de Narváez sumaron sus críticas a las de los radicales Ernesto Sanz y Ricardo Gil Lavedra. Desde el GEN, el PRO y la Coalición Cívica también hubo pronunciamientos rechazando el episodio. Todos apuntaron hacia Moyano como supuesto instigador del bloqueo y criticaron un virtual “consentimiento” oficial. Por el contrario, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró que el Ejecutivo no avala “ninguna situación que atente contra la libertad de prensa”, y consideró que el bloqueo “tiene que ver con un conflicto de índole laboral”. El Ministerio de Trabajo informó que, además de la reunión prevista para hoy, se designará a “un inspector para relevar y constatar los incumplimientos denunciados sobre el desarrollo de actividades sindicales en la empresa”.