El juez porteño Roberto Gallardo suspendió la vigencia del decreto de necesidad y urgencia dictado por Mauricio Macri para modificar el Código Contravencional, penalizando con arrestos y multas a aquellos que “obstruyeran la impresión y/o distribución de medios de prensa”. El DNU había sido dictado por el jefe de Gobierno porteño a raíz de que trabajadores del Grupo Clarín realizaron medidas gremiales que afectaron al diario de esa empresa y también a La Nación. Ayer, el juez sostuvo que el decreto es inconstitucional porque el Poder Ejecutivo no tiene la atribución de crear figuras penales. El magistrado recordó que en un Estado republicano rige la división de poderes y criticó la intención de Macri de arrogarse mayores atribuciones que las que le da la Constitución: “Llama poderosamente la atención que el ingeniero Mauricio Macri haga especial hincapié en el ‘... debido control de los actos de gobierno’ al tiempo que mediante su accionar no hace otra cosa que apartarse de dicho control”.

En los hechos, el fallo judicial hace inaplicable el DNU hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad se expida sobre su validez constitucional. La medida cautelar había sido pedida por un grupo de letrados encabezados por Eduardo Tavani, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que trabajaron junto a los legisladores Gonzalo Ruanova, Aníbal Ibarra, Tito Nenna y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. En la presentación, que fue llevada a los tribunales el miércoles, también habían solicitado a Gallardo que declare la nulidad del decreto, pero el juez consideró que no tiene competencia para eso y mandó este punto al Tribunal Superior de Justicia porteño.

En su fallo, Gallardo hizo una serie de observaciones sobre el decreto:

- Dijo que Macri parece haber buscado hacerse propaganda cuando sostuvo que lo firmaba ante “la notoria inacción de las autoridades competentes del Estado nacional” frente al bloqueo a Clarín. Esto, porque el jefe de Gobierno porteño podría haber pedido directamente a la Justicia contravencional el desalojo de la calle y, de conseguir el visto bueno del juez, “podría haber ejecutado la orden judicial de desalojo con los efectivos de la Policía Metropolitana”. Gallardo aclaró que, a su criterio, las medidas por las que Macri dictó el DNU estuvieron dentro “del derecho a protesta y huelga de los trabajadores –art. 14 bis, de la Constitución nacional–”, por lo que “de ninguna manera encuadrarían en una contravención”.

- Además de intentar decretar “normas manifiestamente inconstitucionales”, apuntó el juez, el decreto usó “una redacción que no se condice con los parámetros constitucionales mínimos”. Por ejemplo, castiga a quien “por cualquier modo perturbe esta actividad”, lo que habilita que cualquier medida pueda ser considerada un delito, según “la valoración particular del sujeto que la interprete”.

- Gallardo hace notar que el DNU hace extensibles las penas de multa y arresto a las personas de existencia ideal. “Sin lugar a dudas se entiende la aplicación de una multa a una persona de existencia ideal, empero me pregunto, ¿cómo se arresta a una persona de existencia ideal?”, inquirió el magistrado.

- Consideró “ilógico” que el jefe de Gobierno porteño use como argumento las protestas gremiales ocurridas en Córdoba en los diarios La Voz del Interior y Día a Día para crear una pena con la intención de aplicarla localmente en la ciudad de Buenos Aires.

El DNU agregaba tres artículos al Código Contravencional para reprimir con arrestos de hasta 10 días o multas de hasta 50 mil pesos a quienes obstruyeran la impresión o distribución de medios de prensa. Su dictado generó inmediatas críticas, que apuntaron que Macri estaba criminalizando la protesta, en este caso la que pudiera provenir de los trabajadores de empresas periodísticas. Además del frente judicial, los legisladores de la oposición al PRO quieren tratar el tema en la sesión del próximo miércoles, para que no quede sentado el precedente de que el Poder Ejecutivo cree figuras penales.