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Como si se tratara de una escena que muy pocos hubieran imaginado unos meses atrás, juntos y sin fisuras, diputados justicialistas y radicales -acompañados por los representantes del ARI y el Frente Grande– aprobaron ayer por unanimidad el comienzo del juicio político a los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia. En la mesa de la comisión de los legisladores hay casi medio centenar de expedientes para analizar. No hay plazos, y tampoco muchas precisiones sobre cuáles serán los principales elementos que utilizarán para acusar a los jueces de mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delito. Lo único concreto, tal como afirmó el titular de la comisión, Sergio Acevedo, es que “la voluntad política de enjuiciar a la Corte existe y estamos dando muestras de ello”.
La última vez que se juzgó a una Corte fue en 1947 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. En esa oportunidad, se destituyó a los integrantes del máximo tribunal por su responsabilidad en lo que se denominó “la década infame”. Calificativo similar al que algunas fuerzas políticas utilizan para referirse a los años del menemismo y la estrecha relación que ese gobierno tuvo con la actual conformación de la Corte. Será por ello que ayer muchos de los legisladores que integran la comisión se mostraron nerviosos e inquietos frente a los adversarios que tienen por delante y al hecho histórico que están protagonizando.
La reunión de la comisión de Juicio Político fue accidentada y desorganizada. Con algo más de una hora y media de retraso, el santacruceño Acevedo ingresó al salón de reuniones con la resolución en la mano. Consta sólo de dos artículos. En el primero se decretó “la admisibilidad y apertura del sumario de investigación” de los expedientes y el restante faculta a un grupo de diputados, conformado por un representante de cada bloque, a instruir la acusación contra Augusto Belluscio, Antonio Boggiano, Gustavo Bossert, Carlos Fayt, Guillermo López, Julio Nazareno, Eduardo Moline O’Connor, Enrique Petracchi y Adolfo Vázquez.
Sin duda, la tinta de la resolución estaba demasiado fresca. Tanto, que la mayoría de los legisladores buscaron introducirles modificaciones y aclaraciones extendiendo así un acto que, en principio, era formal. Desnudando así la ausencia de un acuerdo previo porque en realidad, el objetivo de la reunión de ayer era simplemente anunciar el comienzo de la instrucción del juicio político.
La falta de una directiva clara y precisa en el PJ se hizo notoria. A esto se le sumó la inexperiencia de algunos legisladores que recién se incorporaron al cuerpo y al adversario a enfrentar. Los discursos, por momentos, dieron cuenta de la carencia de una estrategia conjunta para llegar al destino que todos expresaron con mayor o menor vehemencia: el juicio a los nueve integrantes de la Corte.
Cuando pudieron alcanzar el acuerdo de la redacción final de la resolución, comenzó el debate sobre cómo se trabajará. Dudaban en encarar expediente por expediente –que por esa hora ya se acercaba al medio centenar– o sólo por tema. “Debemos recostarnos en el principio de la oportunidad”, insistió Acevedo, al tiempo que explicaba una vez más que era conveniente aprovechar las pruebas que aportan cada causa para acusar a los magistrados por mal desempeño.
Finalmente la cuestión quedó zanjada al consensuar una instrucción por temas. Decidieron designar un representante de cada bloque que tendrán como misión realizar la instrucción de la acusación a partir del análisis de los siguientes temas o causas: contrabando de armas, atentado a la Embajada de Israel, corralito y rebalanceo telefónico.
Ahora bien, si fuera por los representantes justicialistas, preferirían circunscribir la instrucción sólo al caso del corralito donde no hay ex funcionarios del PJ implicados. Pero saben que necesitan de cada uno de los votos del cuerpo para aprobar la acusación y por ello no podrán –comoalgunos especulaban– dejar de lado las causas que impulsa Elisa Carrió: armas y embajada.
A esta altura, la reunión ya debía haber finalizado. Pero las cámaras y los flashes estiraron los discursos, algunos de los cuales llegaron a poner nervioso al propio titular de la comisión.
Dos fueron las exposiciones que turbaron a Acevedo. La primera de ellas fue la de José Mirabile (PJ San Luis), quien en medio de su discurso y frente a un enjambre de cámaras de televisión y periodistas, dijo muy suelto de cuerpo que “el reglamento del juicio político es imperfecto”. Una frase que para algunos miembros de la comisión sólo sirvió para “abrir flancos débiles” frente a los jueces que deben acusar. Más nervioso se puso con el enfervorizado discurso de la duhaldista Norma Godoy, quien aprovechando las cámaras, desgranó su rabia contra los medios de comunicación que “insisten en vincularme con una causa (robo de niños) en la que fui sobreseída”, dijo. La vicepresidente segunda de la comisión se adjudicó inmediatamente ser “la primera diputada que comenzó a luchar con esta Corte y por eso me persiguen, a mí que soy una pobre laucha”.
Superado ese mal trago, un apurado Hernán Damiani (UCR Misiones) propuso pasar a sesionar en secreto, obligando a los periodistas y asesores a retirarse. Durante la reunión a solas, el misionero redobló su apuesta y propuso que todas las reuniones de la comisión fueran secretas. Posición que fue aprobada por el resto de sus colegas. Hubo una sola advertencia, la del duhaldista José Díaz Bancalari: “Debemos ser rápidos sin violentar el derecho a defensa. Pero si en un mes no hay acusación, les advierto que la gente nos vendrá a buscar a nosotros”.