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“’Es un caballero’, dicen dentro de la fuerza los que alguna vez lo trataron” publicaron los diarios cuando el comisario Rubén Santos fue designado al frente de la Policía Federal en enero de 2000, cuando apenas había asumido el presidente Fernando de la Rúa. Delgado, culto, de hablar pausado y maneras académicas, la imagen del nuevo jefe policial como un hombre formado en el accionar investigativo de inteligencia fue contrapuesta por el imaginario periodístico a la idea del policía tradicional más vinculada a la fuerza y la represión.
“Es uno de esos policías como los que se ven en las series norteamericanas, el detective científico y metódico capaz de resolver un crimen porque encontró un pelo del asesino en el ensangrentado baúl del auto en el que apareció la víctima”, dice un perfil periodístico de Santos publicado en aquella época.
El comisario general Rubén Santos tiene 36 años en la Policía Federal, es casado y con tres hijas y llegó a la jefatura de la fuerza con un poco común curriculum de estudios. Es técnico en escopometría y licenciado en Criminalística en la UBA, en 1974 y calígrafo público nacional desde 1987. Fue asesor de la Organización de Aviación Civil Internacional y del Mercosur, en asuntos aduaneros y acuerdos y dirigió seminarios en Brasil, Canadá, Colombia y China.
Dentro de la Policía Federal fue director de los programas de registración informática de personal, de identificación automática de huellas digitales y fue el gestor de la nueva cédula de identidad y el pasaporte, documentos que incorporaron nuevas medidas de seguridad contra falsificaciones.
La polémica que levantó el código de convivencia en la Capital Federal, había puesto el centro de la discusión en las facultades policiales. La Alianza aparecía como “garantista” y recibía una durísima campaña desde la oposición, Gustavo Beliz y Domingo Cavallo que la acusaba de desarmar a la policía. Santos asumió con ese perfil académico y muchos presumieron que se trataba del hombre de la Alianza en la Federal. Pero el nuevo jefe policial puso alguna distancia de esas posiciones y presentó su imagen como la de un hombre de la policía dispuesto a dialogar con la fuerza gobernante. Fue proverbial su buena relación con Federico Storani, el primer ministro del Interior de la Alianza, representante del ala progresista del gobierno de Fernando de la Rúa.
Lo cierto es que Santos provenía del sector “científico” de la Federal que no era el que tradicionalmente llegara a ocupar los cargos más altos de la fuerza y pronto se encontró una durísima puja de poder interna donde las tensiones corporativas se disfrazaban con la problemática de la seguridad que se había crispado y polarizado el ánimo en la opinión pública. A mediados del 2000 inició una fuerte reestructuración interna que dejó fuera de la institución a 32 comisarios, muchos de ellos jefes de los departamentos más importantes. “Pienso que debe haber (involucrados en la conspiración en su contra) entre 15 ó 20 personas y después de esta modificación que he hecho creo que se redujo sensiblemente” expresó en una entrevista.
Unos días más tarde, el juzgado de María Servini de Cubría, la misma magistrada que acaba de ordenar su detención, recibió en octubre del 2000 una denuncia por enriquecimiento ilícito contra Santos. La firmaban ocho comisarios retirados, que inmediatamente desmintieron que hubieran suscripto el documento.
Santos no dio solo esa pelea, en todo momento contó con el respaldo del presidente De la Rúa un gesto que después devolvería el comisario a costo de su carrera. El tema de seguridad fue un tema central en la campaña para elegir al nuevo jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Santos fue requerido por los candidatos, en especial por el de la Alianza, el actual jefe de gobierno, Aníbal Ibarra. En sus declaraciones subrayó que no estaba de acuerdo con la “tolerancia cero” que impulsaban Beliz y Cavallo,que prefirieron no convocarlo para identificarlo más como un hombre de la Alianza.
El eje de su política fue volcar más efectivos a las calles y mantener un contacto permanente con los medios. Sus opiniones, como la de legalizar casas de prostitutas para evitar que trabajaran en las calles, solían ser polémicas. Pero su gestión no fue tan pacífica. Tras la fuerte represión de una movilización de colectiveros en Plaza de Mayo, afirmó que la fuerza podría eliminar la utilización de balas de goma.
No sólo no se eliminaron, sino que las balas que mataron a los seis manifestantes que murieron en la represión de las protestas del 20 de diciembre pasado, y por las cuales ha sido apresado ahora el comisario, fueron de plomo.