El gobierno bonaerense otorgó pensiones a 1602 ciudadanos de la provincia que fueron detenidos por razones políticas durante la última dictadura, es decir, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. La Secretaría de Derechos Humanos provincial estima que de los 3500 bonaerenses que fueron víctimas del terrorismo de Estado, casi la mitad ya recibe asistencia por parte del Estado. “Entre ellos hay hijos de ex detenidos que al momento de la aprehensión quedaron a cargo de familiares o amigos de sus padres”, explicaron los funcionarios. También resaltaron que Buenos Aires es la primera provincia que reconoce y otorga una pensión a víctimas del Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), un plan de represión de huelgas y protestas establecido por el gobierno de Arturo Frondizi, y detallaron que “para otorgar la pensión se utiliza como base el Registro Provincial de ex presos políticos”. El gobernador Daniel Scioli (foto) dijo que “esta medida busca la reparación, en alguna medida, ante el dolor de estos ciudadanos que fueron perseguidos por creer en la política como herramienta para cambiar la realidad y que postergaron objetivos personales para defender sus ideales”. De los 1602 beneficiarios, el 75 por ciento son hombres, el 64 por ciento tiene un trabajo, el 25 es jubilado y el 9 por ciento se encuentra desocupado, mientras el 20 por ciento de los registrados no contaba con cobertura médica, ahora tendrán Ioma.