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Por Graciela Daleo*

Señores Obispos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA): Así como la impunidad genera más impunidad, el ejercicio de justicia -aun parcial e insuficiente– conduce a ampliar la posibilidad de esa justicia. Los genocidas militares lo saben. Sus socios civiles también. Por eso cada vez es más feroz su campaña para lograr que la Corte Suprema borre con sus cortesanos fallos la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y las reponga en toda su infame vigencia.
La impunidad de los poderosos es uno de los pilares en los que se asienta el sistema de injusticia y explotación. Ampara a los que desde el gobierno o desde cualquier lugar de poder diseñan o ejecutan las políticas de hambre, miseria y desocupación contra millones de argentinos. Ampara a quienes vistiendo uniforme matan a los jóvenes pobres; a los patrones que bastardean el salario de los obreros y hacen del trabajador un esclavo; a los empresarios de medios de comunicación que distorsionan la realidad y ocultan las responsabilidades por la situación que estamos viviendo. Ampara a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad y sus socios civiles que durante la dictadura militar nos secuestraron y recluyeron en campos de concentración, que torturaron y desaparecieron a miles de hombres, mujeres y niños. Ampara a los militares que durante los gobiernos constitucionales se alzaron en armas para no ser juzgados por sus crímenes. Ampara también a quienes desde el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo fabricaron y fabrican leyes y mecanismos para garantizar más impunidad. La lucha contra la impunidad, contra toda forma de impunidad, es asumida por los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales, el pueblo argentino como un eje central de su política. Por eso, pese a las infinitas argucias con que los sucesivos gobiernos constitucionales han querido impedir el juicio y castigo a los genocidas de la dictadura, hoy algunos de ellos están presos –una ínfima cantidad, es cierto, y con prebendas como la prisión domiciliaria–, y en varias instancias judiciales se ha declarado la nulidad de dos instrumentos aberrantes: las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Estos fallos judiciales, resultado de que jamás hemos abandonado la lucha porque se concrete la “cárcel para los genocidas”, han servido para que nuevas causas se abran, o se retomen las que quedaron paralizadas por las leyes infames. Los militares y sus aliados civiles –como el ministro Jaunarena, y el diario La Nación, entre otros– una vez más están en maniobras para cerrar este camino. Uno de sus aliados más activos es el obispo Baseotto, vicario castrense. Con celo y sin disimulo les reclama de viva voz y en persona a los cortesanos que repongan totalmente la impunidad de los criminales de la dictadura.
Ante esta aberración nos dirigimos a la Comisión Ejecutiva, y por su intermedio a todos los integrantes de la CEA. Reclamamos un pronunciamiento de este organismo que establezca con claridad cuál es su posición frente a la actitud de uno de sus miembros que asume de manera indudable la campaña a favor de la impunidad de los genocidas. Durante la dictadura militar la institución calló ante los crímenes, muchos de sus miembros –como los monseñores Tortolo. Medina y Bonamín, el sacerdote policial Christian von Wernich, entre tantos– bendijeron las picanas, alentaron a los genocidas y les dieron una justificación “teológica” para su accionar. También hubo muchos otros de la vereda opuesta: sufrieron la tortura y la desaparición, confortaron a los perseguidos, alentaron y participaron de la rebeldía contra la injusticia, como los que sobrevivieron y muchos más lo siguen haciendo hoy.
Durante los últimos años hemos escuchado algunos tibios amagos de autocrítica de la Iglesia Católica por su complicidades, acciones, silencios y bendiciones espurias consumadas 27 años atrás.
Creemos que es hora de que las palabras sean dichas en el momento en que los hechos suceden, y que las decisiones se tomen cuando todavía se está a tiempo de impedir lo repudiable y nefasto. ¿O es que la Iglesia dejará pasar este público respaldo a los genocidas que hoy publicita en nombre detoda ella uno de sus miembros, y dentro de veinte años dirá “Tendríamos que haber dicho algo, pero no sabíamos cómo ni qué...”?
La hora de la palabra y las acciones contra la impunidad es ahora. Es ahora por los crímenes contra el pueblo cometidos ayer y por los que se están cometiendo hoy. No alzarse contra la impunidad no es más que complicidad. Y no valdrá escudarse mañana tras la ignorancia para justificar arrepentimientos tardíos.
* Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos