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Los integrantes de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas resolvieron ayer encargar a la Auditoría General de la Nación (AGN) un informe integral sobre la transferencia de recursos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de casas populares en el marco del programa Sueños Compartidos. Al mismo tiempo, los jefes de los bloques radicales de las dos Cámaras, Ricardo Gil Lavedra y Gerardo Morales, elevaron a la Inspección General de Justicia (IGJ) una denuncia a partir de la cual pedirán al ministro de Justicia, Julio Alak, la intervención de la Fundación.

Gil Lavedra denunció que en el vínculo que une a la Fundación Madres de Plaza de Mayo con el Gobierno a través del programa Sueños Compartidos “hay un sistema estructural donde la Nación obliga a contratar a la Fundación, la Fundación compra los paneles a Meldorek, que es una fábrica de la Fundación, y así se pagan a sí mismos”. El diputado caracterizó esta presunta vinculación como “un escándalo”.

Los ítems que deberán ser investigados por la AGN, de acuerdo al pedido de los legisladores, son el marco jurídico de las transferencias de recursos, la metodología de control de legalidad y de gestión, el avance en la ejecución de las obras y los costos de las viviendas sociales. Como el plazo de elaboración del informe final puede prolongarse por varios meses, se definió un período de 60 días para la concreción de un informe preliminar.

El proyecto, presentado por el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán, derivó en un único dictamen firmado por el presidente de la comisión, Heriberto Martínez, el senador Juan Carlos Romero y el diputado Walter Agosto del Peronismo Federal y, por el kirchnerismo, el diputado José María Díaz Bancalari. Ante la sorpresa por parte de la oposición por el apoyo del kirchnerismo, el senador Nicolás Fernández afirmó que “el mayor grado de rigurosidad nos va a dar la mayor información y certeza sobre de qué estamos hablando”, a la vez que pidió a la oposición que apoyara un pedido de informes a la AGN sobre “los retornos” a los inversores permitidos por la empresa Papel Prensa. Ante el rechazo de esta propuesta por parte de la oposición, los legisladores kirchneristas firmaron un dictamen de minoría a favor de pedir la auditoría.