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Los ministros de la Corte Suprema se disponen a firmar hoy un fallo que declararía la inconstitucionalidad de la pesificación y ordenaría devolver en moneda de origen 247 millones de dólares acorralados que reclama la provincia de San Luis. Hasta ayer a última hora, sin embargo, los supremos seguían intentando superar sus discrepancias en cuanto a los alcances de la resolución con la intención de emitir un pronunciamiento unificado. Para tranquilidad del Gobierno, la balanza parecía inclinarse por una fórmula que se limitaría al caso puntano y sería de complicada proyección para el común de los ahorristas, aunque no dejaría de sentar un crucial precedente en relación con la legislación económica. La Corte, así, propiciaría una instancia de negociación de devolución pero no establecería modalidades ni plazos para eso.
Certezas hay por lo menos una, no menor, pero que por sí misma no alcanza: son cinco los jueces de la Corte que sostienen que la pesificación es inconstitucional y que viola básicamente el derecho de propiedad. Entre esa mayoría, que integran Julio Nazareno, Adolfo Vázquez Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López y Carlos Fayt, persistían ayer, sin embargo, algunas diferencias de criterio. En contra de la redolarización están Augusto Belluscio, Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda. Enrique Petracchi está excusado por tener un depósito atrapado en el banco.
Como siempre, los caminos en la Corte son sinuosos y lo que ahora parece de un modo dentro de un rato puede ser de otro. En ese recorrido, en el que Carlos Menem mueve hilos pero en el que el gobierno de Eduardo Duhalde también sabe predicar, hacia el fin de semana Nazareno apostaba en sintonía con Vázquez a fijar un plazo al Congreso o el Ejecutivo para que establecieran los mecanismos de restitución de ahorros, una opción capaz de allanar el camino a Economía para imponer un bono compulsivo; en cambio, Moliné O’Connor, escolatado por López y Fayt, alentaba la devolución sin vueltas en dólares y a todo ahorrista a quien le correspondan, dejando su ejecución en manos de los jueces de primera instancia.
En cuanto los pataleos desde la Casa Rosada fueron subiendo de tono, una alternativa que comenzó a cobrar forma entre Sus Señorías –siempre partiendo de la base de un fallo a favor de San Luis– apunta a dar un plazo para que el gobierno nacional y el puntano negocien un esquema de reintegro de los dólares o su equivalente en pesos y las herramientas para eso. Si no hubiera arreglo, el expediente volvería al máximo tribunal, que daría finalmente las directivas. Un punto adicional de discusión se centraba ayer en la extensión del plazo negociación. Si fuera de 60 días, como barajó un sector de los supremos, el problema seguramente quedaría de herencia para los próximos gobernantes. Pero la opción que tendía a cosechar más adeptos era la que ponía como tope el 31 de marzo.
Un fallo que, de este modo, circunscriba sus efectos a un problema entre la Nación y una provincia dejaría para la posteridad la instrumentación propiamente dicha de la redolarización por más que dé por tierra con todas las leyes de emergencia económica. Sin esa definición será algo más arduo para los ahorristas individuales recorrer el eterno camino judicial, aun llevando la declaración de inconstitucionalidad bajo el brazo. Para peor, el expediente en que los cortesanos deberían dar las precisiones en cuestión es el iniciado por Mirta Beratz que, dicen en el tribunal, no tienen ninguna intención de firmar antes de las elecciones. En cuanto a las deudas, los jueces no piensan meterse con el tema y en el Gobierno confían –aunque prefieren por las dudas evitar gritarlo a los cuatro vientos– en que los bancos se abstendrán de iniciar demandas basadas en la ilegalidad de la pesificación.
Sentarse otra vez a conversar con la Nación no es lo que más seduce a los puntanos. “Siempre estuvimos dispuestos a hablar, intentamos hacerlo de hecho, lo que tememos es que aunque nos den la razón en nuestro reclamocon esto de dar un nuevo plazo aprovechen otra vez para dilatar definiciones”, dijo a este diario un funcionario de la gobernación de San Luis quien, además, desmintió algunas versiones que decían que Economía les había ofrecido devolverles la plata en cuotas. “Sólo tenemos desde la semana pasada una promesa de que la Corte resolverá mañana (por hoy)”, añadió. La gobernadora puntana Alicia Lemme, prometió que hoy estará –una vez más– en la puerta del despacho de Nazareno desde bien temprano junto con un grupo de legisladores de la provincia.