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Hacia afuera, el Gobierno buscó mostrarse ajeno a todo lo relativo al escándalo de Catamarca, con el argumento de que inmiscuirse en un comicio provincial viola la autonomía de los distritos. Sin embargo, puertas adentro, en el Ministerio del Interior trabajaban sobre la posibilidad de que la suspendida elección se realizará junto a las presidenciales del 27 de abril. Siendo el gobernador Oscar Castillo radical –y dado que la UCR ni figura en las encuestas para la presidencia–, la iniciativa parecía de difícil concreción. En la fecha en que se haga, el acuerdo para la reanudación pasará por garantizar la participación del PJ catamarqueño, vaya o no Luis Barrionuevo como candidato.
Es más, en la Rosada consideraban que las ambiciones de Barrionuevo ya habían sido clausuradas en su momento por la Corte Suprema y que no era lógico esperar novedades en ese sentido. Allí remarcaban lo acertado de la frase de Barrionuevo –entre las muchas de muy variado tono que realizó ayer– acerca de que aceptaría su suerte sin chistar si la Corte finalmente falla en su contra. En el Gobierno imaginaban la aparición de un nuevo candidato justicialista surgido del congreso provincial partidario. Todavía no tenían el nombre, pero debía ser un delfín elegido por el gastronómico (ver asimismo reportaje a Barrionuevo en nota aparte).
El Gobierno insistió en recordar que todo el proceso electoral de las provincias –incluido el traslado de las urnas, el reparto de boletas, la verificación de la apertura de las mesas y la seguridad de los locales de votación– corre por cuenta de la gobernaciones. “Es una hipocresía culpar al gobierno nacional”, respondió a la mañana el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, como primera reacción por los incidentes. Pero el menemismo y la oposición repartieron las culpas por el escándalo entre la Rosada y Barrionuevo, dado que el sindicalista ahora se convirtió en ultraduhaldista. El candidato de Recrear, Ricardo López Murphy, incluso pidió la renuncia del ministro del Interior, Jorge Matzkin, pero desde el Gobierno, empezando por el propio Matzkin, rápidamente salieron a cruzarlo. “Es un problema judicial de Catamarca”, insistió Atanasof.
Un funcionario de Interior admitía que Matzkin había conversado en más de una oportunidad con el gobernador catamarqueño Oscar Castillo para tratar de abrir una instancia de negociación y detener una elección que se veía que traería problemas. También confirmaban que en uno de estos diálogos el presidente Eduardo Duhalde habló sobre lo ingobernable del carácter de Barrionuevo. “Más allá de lo que haya dicho la Justicia, no dejar participar al PJ dejaba afuera de la elección a la mitad de los catamarqueños”, explicaba el funcionario. En ese sentido, vieron como un exceso que se prohibiera participar al justicialismo en todas las categorías cuando el único que no cumplía con los requisitos para ser candidato era Barrionuevo.
Con todo, en la Rosada coincidían en que la foto de la quema de urnas que fue tapa de los diarios no era algo de lo que enorgullecerse. “Fue una chanchada”, definió en su estilo el ministro de la Producción, Aníbal Fernández. La teoría del Gobierno era que Castillo se había hecho el duro esperando que el candidato del Frente Cívico ganara la elección con un porcentaje respetable del padrón participando –pongámosle un 60 por ciento–, pero que cuando vio que no iba casi nadie a votar no le quedó más remedio que aceptar la suspensión.
De tanto pensar acerca de si la elección “complementaria” debía realizarse antes o después de la presidencial, en Interior especulaban ayer con la posibilidad de realizarla el mismo 27 de abril. En ese caso, el panorama que se abría era complejo. En su carácter duhaldista, Barrionuevo –o quien lo reemplace– podía atar su campaña a un candidato ganador como Néstor Kirchner, pero resulta que el gastronómico definió en privado al santacruceño como un “perro muerto”, imposible de pasear. Otro tanto podría decir el candidato del Frente Cívico, Eduardo Brizuela del Moral, si tuviera que definir al radical Leopoldo Moreau.