El trayecto que une la Casa de la Provincia de Jujuy y las oficinas de la empresa azucarera Ledesma en la ciudad fue el escenario de reclamos de organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos en repudio a la violenta represión que un grupo de familias jujeñas sufrió la semana pasada en el pueblo Libertador General San Martín y por la que murieron cuatro hombres. Hugo Yasky, líder de la CTA, organizadora de la movilización, responsabilizó “al gobierno provincial, a la policía brava de Jujuy y a la familia Blaquier” por los hechos y exigió una “reacción” del gobierno nacional.

“Un gobernador o jefe de policía tienen que ir presos. No se puede seguir matando a compañeros que reclaman”, exigió el docente. Más tarde, en diálogo con este diario, remarcó: “La defensa de la propiedad privada de los Blaquier no justifica una sola gota de sangre de ningún trabajador de Jujuy”. Los trabajadores de la CTA fueron parte de las cerca de 3 mil personas que, junto a integrantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos, MTL, Frente Transversal y Federación Tierra y Vivienda, llevaron a cabo la protesta. La manifestación concluyó con “el compromiso de los presentes a coordinar un boicot contra los productos de Ledesma”.

“Queremos involucrar en una misma denuncia al gobierno provincial y a la policía brava de Jujuy y también a la empresa Ledesma y sus dueños, los Blaquier”, por la violenta represión desatada contra los vecinos de Libertador General San Martín, explicó Yasky. Añadió que la familia propietaria de la empresa y de la mayoría de los terrenos de la ciudad jujeña “se siguen manejando en la provincia como verdaderos señores feudales y deben ser investigados”.

Luego, en diálogo con Página/12, denunció “la connivencia entre el aparato y los jerarcas políticos, la familia judicial, la oligarquía jujeña y las fuerzas represivas” que permite que “algunos jueces sólo defiendan los intereses de esa oligarquía y el poder político no haga nada por impedirlo”.

La atribución de responsabilidades realizada por los manifestantes alcanzó también al gobierno nacional. “No puede seguir sin tomar una iniciativa fuerte en contra de la avanzada de sectores de derecha económica, que quieren volver a la época del disciplinamiento con represión”, consideró el líder de la central obrera, antes de ejemplificar como “intentos claros” del avance de esa “derecha oligarca” a lo ocurrido en Jujuy, en el Parque Indoamericano de la Capital y en Formosa, con la represión a la comunidad Qom de La Primavera. En esa línea, opinó que “pretender que la autonomía federal deja las manos libres a los gobernadores y al aparato de seguridad de cada provincia para producir más hechos como los de Jujuy es inadmisible”.