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Esta semana el gobierno nacional terminó de firmar con los gobernadores los convenios para la puesta en marcha del nuevo plan de empleo. Los beneficiarios no llegarán al millón, pero según el ministro de Trabajo Alfredo Atanasof “hay suficientes fondos para cubrir a todos los jefes y jefas de hogar desocupados con hijos en edad escolar”. La clave y los riesgos del nuevo esquema es que el grueso de las decisiones se tomará a nivel municipal. A diferencia del sistema anterior, parte de las partidas podrán destinarse a auxiliar a empresas en riesgo de cierre.
–En los últimos días las organizaciones de desocupados denunciaron que el Gobierno tomó la decisión de canalizar la asistencia social a través de los punteros del PJ y la UCR.
–Pero no es cierto. Lo que se modificará es el mecanismo de asignación de los recursos. Como mínimo, existían sospechas sobre la forma en que se distribuían los planes; tomamos medidas para transparentar el mecanismo. La primera es crear un registro único de beneficiarios de planes sociales.
–¿Por qué ningún ministro de Trabajo consiguió hacerlo hasta ahora, a pesar de los anuncios?
–No lo sé. Nosotros lo estamos haciendo, estamos cruzando los listados de beneficiarios y en internet ya se puede ver quiénes están recibiendo programas.
–¿Eso quiere decir que todas las provincias enviaron su padrón de beneficiarios?
–Algunas lo están haciendo, aunque todavía no lo han hecho todas.
–¿Cuántas cumplieron?
–Ocho o nueve y las demás deberán hacer lo mismo. Nosotros estamos sumando a ese padrón los beneficiarios nacionales. El segundo punto que consideramos importante fue descentralizar la distribución de los recursos. El sistema actual implica que la Nación envía fondos a los gobernadores de manera proporcional y equitativa; ellos a su vez los distribuyen a los municipios. ¿Cómo se asignan finalmente estos programas? Buscamos un mecanismo para que la sociedad civil tenga una fuerte participación, constituyendo en cada ciudad un comité consultivo integrado por el intendente, los sindicatos, las cámaras empresarias, las ONG y la iglesia. Estos comités son los que reciben y califican los proyectos para ejecutar los programas de empleo.
–Justamente a eso están apuntando los cuestionamientos: a que estos Consejos Consultivos, que finalmente deciden cómo se reparten los planes, son copados por punteros políticos.
–No es así. La iglesia no tiene una actitud partidaria; los sindicatos, los empresarios y las ONG tampoco tienen un encolumnamiento partidario, las organizaciones piqueteras pueden participar del Comité consultivo.
–Bueno, los sindicatos sí tienen vínculos partidarios y hemos visto muchos casos de ONGs truchas cuya única razón de existir es recibir subsidios para financiar la política.
–Hay por encima otras instancias de control, como el consejo consultivo provincial, que es un organismo presidido por el gobernador y está el control que ejerce este Ministerio.
–¿El gobierno definió en qué porcentaje tiene que estar representado cada sector dentro del Consejo Consultivo?
–No, esto lo resuelve cada provincia y cada municipio.
–¿El ministerio va a publicar en internet cuánto dinero recibe cada intendente para planes de empleo?
–Sí. No hay ninguna razón para que no sea público.
–¿Cuántos planes habrá?
–La partida que se incorpora en el presupuesto es suficiente como para llegar a todos los jefes y jefas de hogar desocupados de la Argentina que tengan hijos en edad escolar. La cantidad final de planes dependerá delvalor que los gobernadores le asignen, porque en algunas provincias decidieron crear planes de 200 pesos y en otras de 150. Es una estimación general, entendemos que va a haber más de 650 mil beneficiarios. A eso habría que agregar 250 mil de los programas provinciales, 200 mil que cobran seguro de desempleo y 350 mil beneficiarios de pensiones no contributivas. A todo el paquete a su vez es posible que se le sumen 250 mil programas que podría financiar el Banco Mundial a través de créditos que estamos gestionando.
–¿Cuáles son los requisitos para acceder a un plan?
–Ser jefe o jefa de hogar desocupado, extranjeros únicamente con DNI, tener como mínimo un hijo menor de 18 años en edad escolar, presentar una declaración jurada en la que se consigne que no se tiene empleo, presentar también el certificado de escolaridad de los hijos y el de vacunación.
–Del total de 650 mil, ¿cuántos están en ejecución hoy?
–Alrededor de 200 mil.
–¿En cuánto tiempo se podrían instrumentar los 650 mil?
–Podrían hacerlo en un mes o dos. Depende de cómo se vayan organizando los grupos y cómo vayan presentando demandas en los Consejos Consultivos. Nosotros ya firmamos convenios con todas las provincias.
–¿Una parte de esos fondos va a utilizarse para auxiliar a empresas en problemas?
–Sí. Para explicarlo con un ejemplo: tomemos el caso de un taller de calzado que como consecuencia de la devaluación y de los ajustes en materia aduanera hoy tiene perfil competitivo en el mercado interno. Ese taller de calzado podría ponerse en marcha, pero ocurre que el empresario está fundido y necesita capital de trabajo. Una iniciativa del Consejo Consultivo podría ser que ese taller tome a jefes y jefas de hogar desocupados a los cuales se les asignará un subsidio, mientras que el empleador deberá pagar la diferencia hasta llegar al salario de convenio y las cargas sociales. De esta manera se puede poner en marcha la empresa hasta que pueda seguir sola.