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Mientras el Gobierno espera, no sin cierto temor, el primer día de flotación cambiaria y continúa esperanzado en el salvavidas del respaldo del Fondo Monetario Internacional, fuentes vinculadas al organismo expresaron que no habrá dólares del FMI para intervenir en la flotación. El apoyo económico de la comunidad internacional se limitaría a la ayuda humanitaria, pues se reconoce que el aparato productivo local se encuentra en estado similar al de una situación de posguerra. Sin embargo, no habrá fondos para que la Argentina “financie déficit o mantenga el tipo de cambio”. Sólo habrá recursos para retomar los pagos de deuda y siempre que se garantice un presupuesto equilibrado y una nueva baja del gasto en las provincias. Mientras esto no ocurra, si es que puede ocurrir, los funcionarios argentinos deberán conformarse con las declaraciones de buena voluntad.
Al igual que Fernando de la Rúa con el riesgo país, Eduardo Duhalde parece haber centrado la evolución de su programa económico en una variable principal: la cotización del dólar. Y esta semana será clave. El principal dilema es si las reservas y el accionar del Banco Central alcanzarán para mantener el tipo de cambio en niveles razonables o si indefectiblemente será necesario el apoyo del FMI. Aunque se descuenta que el respaldo no vendrá como plata fresca, en el gobierno creen que la sola promesa de, por ejemplo, un crédito contingente alcanzaría para darle al Central un máximo poder de intervención con las divisas que ya posee. Los más pesimistas consideran que si el apoyo del Fondo no se concreta esta misma semana, el gobierno podría ver comprometida su continuidad. En el Ministerio de Economía dicen que Jorge Remes Lenicov está deprimido por la actitud del Fondo. Según cuentan hombres cercanos al ministro, antes de que asumiera, la primera línea del organismo le habría asegurado su respaldo.
¿Pero qué desea exactamente el FMI de la Argentina? ¿Cuáles son sus exigencias para transformar las expresiones de buena voluntad en apoyo concreto? Del diálogo con distintas fuentes vinculadas al organismo y de la lectura de sus propios documentos surgen las siguientes prioridades.
- La clave central no es el tipo de cambio flotante, como apareció en distintas expresiones contradictorias (y aunque así lo sostenga la línea más ortodoxa del organismo) sino la cuestión fiscal. Los documentos del FMI sobre la Argentina hablaban hasta el año pasado de “presupuesto equilibrado”. Ahora el calificativo fue reemplazado por “no inflacionario”. En otras palabras, el déficit no debe ser cubierto con emisión, lo que en un contexto de ausencia de financiamiento externo no significa otra cosa que déficit cero. En contraposición a esta demanda, la misión del FMI que visitó recientemente el país elevó un informe, adelantado el jueves por este diario, en el que estimó para el 2002 un “déficit del sector público no financiero de 14.635 millones de pesos” (a un tipo de cambio de 1,75 peso por dólar). La pretensión del FMI es que estos 14,6 mil millones se eliminen del gasto y no que se cubran mediante la creación de nuevos impuestos.
- La segunda demanda es una nueva ley de Coparticipación Federal. Se entiende que una parte importante del ajuste debe pasar por el gasto de las provincias. A los técnicos del Fondo les disgusta que la actual Coparticipación garantice, en plena recesión, un piso de transferencias a las provincias. Aspiran a un replanteo de la relación con una indispensable poda del gasto.
- Solucionada la cuestión fiscal viene la tercera clave, en realidad el fin último del ajuste, que es sentarse a renegociar el pago de la deuda. El secretario del Tesoro estadounidense, Paul O’Neill, lo reclamó con insistencia: la Argentina debe “lo antes posible” presentar una propuesta concreta para el reordenamiento de su deuda pública.
- Por último existe un punto de naturaleza más “filosófica o de principios”, según las fuentes, y que se refiere a que en el país no se estarían respetando ciertas “reglas básicas”. En este punto entran las “violaciones a la propiedad privada” involucradas en el corralito y por la nueva ley de quiebras. El argumento es que “el Fondo no le da dinero a países que no respetan los contratos”.
Al margen de estas condicionalidades, las fuentes consultadas señalaron que existe una “gran voluntad de ayuda a la Argentina” y que se tiene conciencia de la “imposibilidad de restringir el gasto social y el problema de la gran masa de excluidos”. Por eso, “los organismos internacionales prestarán ayuda humanitaria a la república, tal vez 1000 o 2000 millones”, pero no darán dinero para gasto público ni para la flotación. “Además ya les dimos 4000 millones para eso”, destacaron en referencia al refuerzo de las reservas recibido por el “Blindaje 2001”.
La ayuda humanitaria sería canalizada a través del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero aquí se presenta otro problema: el BID y el BM sólo pueden otorgar asistencia si los países destinatarios tienen acordada una carta de intención con el FMI, es decir un plan con el organismo. En otras palabras, incluso para conseguir esta ayuda habrá que llegar a un acuerdo que incorpore las cuatro condicionalidades anteriores.