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La causa por la apropiación de Papel Prensa volvió a quedar a la deriva. Ayer el juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente por segunda vez y resolvió que el expediente debe ser investigado por la Justicia federal de La Plata, que tampoco había aceptado la causa. Ante esa situación el magistrado advirtió que si ese tribunal persiste en su criterio “dé por trabada la contienda negativa de competencia y se eleve la misma para que sea dirimida por la Cámara Nacional de Casación Penal”.

Tras la denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos, los fiscales platenses de la Unidad Especial para delitos de lesa humanidad habían determinado que la operación de venta forzosa de Papel Prensa se hizo “en el marco de una persecución por motivos políticos, económicos y religiosos, desatada desde el aparato terrorista estatal, que tuvo entre sus víctimas a los miembros del Grupo Graiver”. Las privaciones ilegales de la libertad cometidas contra miembros de la familia Graiver y el asesinato de Jorge Rubinstein, mano derecha de Graiver, son juzgados en La Plata en las causas del circuito Camps. Los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro coincidieron con el juez federal Arnaldo Corazza en que lo referido a la apropiación de Papel Prensa no es ajeno a esos delitos, incluso sería también un crimen de lesa humanidad, pero se trata de un hecho diferenciado que se habría cometido en la ciudad de Buenos Aires. La Cámara platense avaló esto y así el expediente viajó a los tribunales federales de Retiro.

En la resolución que firmó ayer, el juez Rafecas recordó que ya se había declarado parcialmente incompetente. Tras analizar detenidamente los hechos y el objeto procesal, el magistrado expresó que “no se entiende por qué motivo el ‘complejo conjunto de maniobras’ al que alude el doctor Corazza ha de abarcar sólo desde los instantes previos a la celebración de los contratos del 2 de junio de 1976 y hasta la asamblea de accionistas del 18 de enero de 1977, y no los posteriores”, como así tampoco es comprensible para el magistrado que para la fiscalía sea “el eje rector de la investigación las gravísimas afectaciones a bienes jurídicos fundamentales que implican los delitos de lesa humanidad acaecidos en sitios sobre los que tiene competencia” la Justicia platense, y no lo sea “aquella transferencia accionaria presuntamente compulsiva”.

El jefe de Gabinete de la secretaría, Luis Alén, había afirmado que “cualquiera fuera el juez que intervenga, debía llamar enseguida a indagatoria a los imputados”. Así las cosas, esa medida deberá seguir esperando ahora que Casación defina quién le pone el cascabel al gato.