La Sala VI de la Cámara del Crimen ordenó que la mamá de Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero (PO) asesinado en una protesta de trabajadores tercerizados de la ex línea Roca, sea admitida como querellante en la causa en la que se investiga una trama de posibles sobornos que habrían estado destinados a conseguir en la Cámara de Casación Penal la libertad de los integrantes de la patota de la Unión Ferroviaria (UF) procesados por el homicidio.

Este fallo revierte la decisión del juez de primera instancia, Luis Rodríguez, que había señalado que la mujer, Beatriz Rial –representada por el CELS– no se veía afectada en forma directa por el presunto cohecho. Los camaristas Mario Filozof y Julio Lucini resolvieron que “si bien es cierto que el delito de cohecho afecta primordialmente a la administración pública, también ofende a quien invoca un derecho fundado en él”. Ahora se podría destrabar la causa, paralizada desde hace unos cuatro meses. El juez Rodríguez tiene el camino despejado para resolver los pedidos de indagatoria y detención que le hizo el 20 de mayo, basándose en escuchas, el fiscal Sandro Abraldes contra el titular de la UF, José Pedraza (preso por el asesinato de Mariano), el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, el apartado agente de la SIDE Juan José Riquelme, el número dos de Belgrano Cargas, Angel Stafforini, y el empleado de Casación, que por esa época trabajaba en la oficina de sorteos, Luis Ameghino Escobar (hijo), sospechado de haber manipulado la asignación de la causa, para que le tocara a la Sala III de Casación.

El juzgado, además, tiene pendiente ordenar los entrecruzamientos telefónicos contra tres integrantes de Casación sospechados: Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo.