Dieciséis años desde que comenzó la investigación penal. Cerca de tres años de juicio oral. 384 testigos. Imputados que confesaron la maniobra. Transferencias millonarias documentadas. Equipos de funcionarios judiciales y contadores trabajando full time. Exhortos. Declaraciones de embajadores por videoconferencia. 495 cuerpos de expediente. Un pedido de condena de la fiscalía a ocho años de prisión para los principales responsables en seis días de alegato. Otro de la Aduana. Así y todo, la causa por la venta de 6500 toneladas de armamento a Ecuador y Croacia terminó en una sentencia que, excepto los acusados, nadie esperaba: el ex presidente Carlos Menem y los otros diecisiete imputados, entre ellos su ex ministro de Defensa Oscar Camilión y su ex asesor y cuñado Emir Yoma, fueron todos absueltos. Para la mayoría del Tribunal en lo Penal Económico 3 (TOPE) no hubo contrabando. Aquí no pasó nada. A su vez, los jueces ordenaron abrir una investigación penal por presunto falso testimonio contra el ex jefe del Ejército Martín Balza, actual embajador en Colombia. Los fundamentos se conocerán recién el 7 de noviembre. “No entiendo de dónde sale esta sentencia. ¿Estuve en otro juicio? ¿La querella estuvo en otro juicio? Puede haber matices, ¿pero este abismo? Esto no lo vi en mi vida”, le dijo el fiscal Mariano Borinsky a Página/12, y anunció que la resolución será apelada.

Menem, que buscará sin trabas otro mandato como senador, había llegado a juicio oral acusado por la firma de tres decretos secretos que, entre 1991 y 1995, permitieron exportar armas a Ecuador y Croacia, dos países que estaban en guerra y a los que no se les podían vender material bélico por disposición de Naciones Unidas. En los decretos figuraban dos destinos irreales: Panamá y Venezuela. Según los fiscales Borinsky y Marcelo Agüero Vera, el ex presidente sabía adónde iban las armas, se envió más cantidad que la asentada en los decretos y se distribuyeron al menos 20 millones de dólares de reintegros del contrabando. El planteo estuvo en sintonía con los fallos de primera instancia y de la Cámara en lo Penal Económico y en el juicio se sumaron datos. De la maniobra que describieron como “contrabando agravado” sostuvieron que participaron distintas áreas del Estado a través de Camilión, Yoma, el ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga, al intermediario y presunto traficante de armas Diego Palleros, al jefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik, directores de Fabricaciones Militares y funcionarios de Cancillería (ver aparte).

El presidente del TOPE3, Luis Imas, comenzó a leer la sentencia en plena tarde. Pronunció los nombres, números de documento y fecha de cumpleaños de todos los acusados, mientras otro juez se adormecía. Enumeró los rechazos a nulidades y cuando todo hacía pensar que después de anunciar “el tribunal resuelve” diría la palabra “condenar”, entonces dijo “absolver”. “A Emir Yoma”, agregó. Y tras dos nombres más, “a Carlos Saúl Menem”. Ahí se produjo un murmullo, y sonaron unos aplausos aislados. El riojano, en la última fila, bajó los párpados y mostró los dientes. Palmeó a sus abogados. Imas dijo “absolver” dieciocho veces en total. Los fiscales y la querella quedaron atónitos. Alguno transpiraba. El fallo fue dividido: el voto mayoritario fue de Imas y Horacio Artabe; Gustavo Losada votó en disidencia, por condenar a todos menos a la ex verificadora de la Aduana María Teresa Cueto y a Paulik.

Yoma, hoy un hombre ancho con el rostro intacto, salió envalentonado. Los movileros, con cierta impotencia, le preguntaban si se arrepentía de algo, y que cómo podía ser que ni supiera del contrabando. “Yo nunca fui funcionario”, contestó superado. A su lado emergía como de otros tiempos –pero como melena gris– el abogado Mariano Cúneo Libarona. A Yoma le había tocado decir sus últimas palabras unas horas antes: “Asevero haber sido una de las personas inocentes en la historia argentina que ha sido más investigada”, se victimizó. Más tarde acusó a los gritos a los periodistas de “mentirosos”. Al salir, tuvo un cruce verbal en el pasillo con el abogado Ricardo Monner Sans, autor de una de las primeras denuncias, aunque una línea fundamental se abrió tras la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, vinculada al intento de ocultar el faltante de armas enviadas a Ecuador y Croacia (ver aparte). Camilión, mesurado, dijo que fue “un fallo ajustado a derecho”.

Menem esperó un rato largo para dejar tribunales y se escabulló cuando quedaba poca prensa. A la mañana temprano había dicho con la voz cascada que tenía “fe y esperanza”. Como si supiera.

El fiscal Borinsky salió de la sala de audiencias “shockaeado”, confesó. “Se hicieron tres años de juicio, mostramos que 17 personas son penalmente responsables, y ahora el TOPE absuelve a todos: o los fiscales estamos locos o no entiendo para qué se hizo este juicio”, le dijo Borinsky a este diario. “El dispendio jurisdiccional que significó, la sociedad pendiente, todo para esta conclusión. Yo no me levanté un día e inventé una imputación. Procesé casi 400 testimonios, trabajé con contadores, analizamos cuentas, documentos”, señaló. “Además de que se enviaron armas a destinos prohibidos, se demostró que Palleros recibió 53 millones de dólares, pagó 33 por el material y distribuyó 20 millones a funcionarios, varios de Fabricaciones Militares, que desde ya no hacían esto solos. Yoma a través de gente de su entorno recibió por lo menos 200 mil dólares. Camilión también recibió dinero. Es parte del dinero producido por el contrabando”, aseguró. Borinsky, quien está por asumir como juez de la Cámara de Casación, pero dijo que sus sucesores apelarán, una vez conocidos los fundamentos de la absolución masiva.

Una de las pocas concesiones a la fiscalía fue la denuncia contra Balza por falso testimonio. El actual embajador testificó en junio de 2010 que jamás vio armas argentinas en la guerra de los Balcanes y que en el Ejército “no faltó ni una bala”. Según los fiscales, testigos y pruebas lo desmentirían. Por el mismo delito se investigará contra Aurelia Hoffman, quien trabajó con Yoma.

La querella de la Aduana apelará también, anunció el abogado Carlos Lobos Oroño. La sentencia es “inexplicable”, advirtió. “Los hechos existieron, el delito existió”, enfatizó. Recordó que “uno de los imputados confesó el contrabando”, en alusión a Sarlenga, de Fabricaciones Militares, quien en 2001 se convirtió en el primer arrepentido cuando dijo que en el gobierno todo el mundo conocía el verdadero destino de las armas, que las órdenes del envío las daba Yoma y señaló a Palleros. La sentencia será revisada por Casación, que en ciertos casos –como Cromañón– se ha tomado más de un año para resolver. Luego podría terminar todo en la Corte.