Desde Santiago

Un nuevo paro –que durará hasta hoy– se vivió ayer en Chile. Esta vez convocó la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam), gremio que representa a unas 25 mil personas en todo Chile. Según la presidenta de la entidad, Carolina Espinoza, la participación sobrepasó el 90 por ciento de los funcionarios.

La dirigente precisó que las quejas apuntan al ministro de Salud, Jaime Mañalich, “que no quiere ver los problemas pendientes”. En este sentido, dijo que las principales demandas de los funcionarios de la atención primaria son: acceso a los mismos beneficios de los otros funcionarios de los servicios de salud, complemento de la asignación de zonas extremas y la implementación de un mecanismo de incentivo al retiro.

“Recibimos un per cápita de 2754 pesos (menos de cinco dólares por paciente) y todos los estudios, incluyendo los del ministerio, señalan que deben ser de 3500 pesos. Esta diferencia está generando hoyos que algunos municipios no pueden paliar, la mayoría tiene que desvestir un santo para vestir a otro”, dijo la dirigente.

Al igual que buena parte de la educación secundaria chilena, la salud primaria, sobre todo en regiones, recae en los municipios, otra herencia del régimen militar y los civiles de derecha que realizaron un proceso de descentralización de la salud que incluyó la municipalización de los consultorios.

El modelo partió mal: escasa capacidad administrativa, falta de infraestructura, desigualdad en recursos por parte de las municipalidades y la creación de un sistema en el tipo de atención que divide el acceso entre las personas de mayores y menores ingresos.

En 1981, en plena dictadura, se materializó la gran privatización de la salud, con la creación de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), que pueden captar y administrar el financiamiento de la salud y otorgar el servicio a través de prestadores como clínicas y centros de atención privados. El sistema funciona a favor de estas empresas que establecen contratos individuales con la persona interesada en ingresar al sistema privado a los cuales se les descuenta legalmente el 7 por ciento de su sueldo. Teóricamente, toda la población tiene libertad de elección entre el sector público y el privado, pero, en la práctica, los grupos de ingreso medio-superior y alto son los afiliados a las Isapres porque pueden cubrir los “copagos” y no se los excluye por alto riesgo. Los pobres o con ingreso bajo, de alto riesgo, deben afiliarse al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Hace unos días se hicieron públicas las utilidades de las Isapres durante el primer semestre de 2011: $ 45 mil millones (un dólar es equivalente a unos 470 pesos chilenos).

Tras conocerse las ganancias obtenidas por las Isapres, el diputado opositor Gabriel Ascencio pidió al gobierno que ponga “fin al lucro” en la salud, modificando las normas legales que permiten obtener millones “lucrándose con todos los chilenos”.

El parlamentario agregó que “tal como la mayoría del país, está en contra del lucro en la educación, porque no es lógico ni ético que se estén obteniendo ganancias con un derecho fundamental de los chilenos, también creemos que no podemos permitir que se siga lucrando con la salud, y menos obteniendo ganancias de más de 45 mil millones de pesos, como obtuvieron las Isapres durante el primer semestre de este año”.

Pero no sólo este año. Un informe entregado ayer por la Superintendencia de Salud reveló que las utilidades de las Isapres han crecido el doble en los últimos diez años. En ese período, estas compañías pasaron de tener ganancias por 20 mil millones de pesos en 2001, a 45 mil millones de pesos en junio de 2011. Ello también ha ido aparejado de un alza en los precios de los planes de salud para los afiliados, que en el último año fue de 5,6 por ciento, según informó el diario La Segunda.