Después de casi cuatro meses de parálisis, comenzó a reactivarse la investigación sobre una presunta trama de sobornos destinada a conseguir en la Cámara de Casación Penal la libertad de los integrantes de la patota de la Unión Ferroviaria (UF) detenidos por el asesinato de Mariano Ferreyra en una protesta de trabajadores tercerizados de la ex línea Roca. El juez de instrucción Luis Rodríguez le pidió a la AFIP las declaraciones juradas presentadas en 2010 y 2011 por los jueces de Casación –el máximo tribunal penal– Eduardo Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo, según revelaron a Página/12 allegados al expediente. Los tres aparecen mencionados en escuchas telefónicas que en mayo último llevaron al fiscal Sandro Abraldes a plantear que no se puede descartar que “hayan tenido participación en los hechos, sea a través de la recepción de dádivas o de la aceptación de promesas de esa naturaleza”.

En mayo último, Abraldes pidió cinco indagatorias y detenciones por cohecho (coimas) y tráfico de influencias: la del titular de la UF, José Pedraza, y el número dos de Belgrano Cargas, Angel Stafforini, quienes habrían ofrecido y entregado dinero a los intermediarios Octavio Aráoz de Lamadrid (ex juez federal subrogante) y Juan José Riquelme (agente de la Secretaría de Inteligencia, desplazado tras este escándalo). El quinto hombre era el secretario Luis Ameghino Escobar (h), quien trabajaba en la oficina de sorteos de Casación y estaba en contacto con Aráoz de Lamadrid. La fiscalía se basó en escuchas telefónicas de las que surgía, dictaminó, que el objetivo era que las apelaciones de los detenidos por el asesinato no fueran tratadas durante la feria judicial del verano pasado; que saliera “sorteada” para quedarse con la causa la Sala III de Casación (lo que ocurrió), y finalmente comprar las voluntades de los jueces. Si bien Pedraza fue detenido después de la patota, se sospecha que habría apostado a golpear la investigación principal para evitar que lo alcanzara a él.

El juez Rodríguez no resolvió aún si concretará las citaciones impulsadas por Abraldes. La causa de los supuestos sobornos entró en un paréntesis cuando el magistrado rechazó un pedido de Beatriz Rial, la mamá de Mariano Ferreyra, para ser tenida como querellante. El intríngulis se destrabó recién la semana pasada, cuando la Sala VI de la Cámara del Crimen ordenó que se la acepte como parte. Ahora, el juez, con la causa en su poder, otra vez avanzaría en la pista que salpica a los camaristas de Casación y luego podría pedir las postergadas indagatorias.

En las increíbles escuchas –ordenadas en la causa del homicidio de Mariano– el agente y lobbista Riquelme aparece jactándose de tener contactos con camaristas de Casación, y de hecho en el tribunal es conocido. Según la transcripción de los diálogos, habla de supuestas reuniones y llamados con el juez Riggi y con Mitchell. Se apoya en Aráoz de Lamadrid para el presunto contacto con González Palazzo. Hay alusiones a “atenciones de fin de año” y “discretos almuerzos” que llevaron a la fiscalía a pedir que se investigue el papel de los magistrados. Aráoz de Lamadrid trabajó desde los noventa en la vocalía de Riggi (de la Sala III) junto con Ameghino Escobar. Riquelme nombra a Aráoz como “el amigo de la calle Viamonte” y a Ameghino como “el señor de las teclas” (manejaba la computadora que asigna causas). Riggi sería “el doctor Eduardo”.

Rodríguez ya habría relevado todos los números telefónicos que usan los camaristas y mandará a analizar en los próximos días con quiénes se comunicaron entre noviembre de 2010 y febrero de este año, mientras espera los informes de la AFIP sobre sus declaraciones patrimoniales e impositivas, señalaron fuentes judiciales.

En una de las frases más sorprendentes de las escuchas, Riquelme le hablaba a Pedraza del dinero que debían entregar: “Son verdes, informan del otro lado que son verdes”, exclamó, para aclarar que no eran pesos. Como los estaban escuchando, los investigadores detectaron el momento en que Stafforini habría llevado 50 mil dólares al estudio de Aráoz de Lamadrid. Los fajos fueron incautados minutos después por la policía, que los halló en un sobre que decía “Octavio”. Pero en las escuchas este mismo abogado habría dado indicios de la existencia de un supuesto pago anterior, ya que alude a una negociación de “diciembre”, de 2010, de la que aún no hay datos.