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Las autoridades de la Cámara de Diputados difundieron a última hora de ayer el mensaje y proyecto del Presupuesto 2012. La iniciativa contempla un crecimiento del PBI de 5,1 por ciento, una inflación anual de 9,2 por ciento y un tipo de cambio promedio de 4,40 pesos, no muy lejos de la actual cotización. Los recursos tributarios llegarían a los 668.290,5 millones de pesos, es decir un incremento de 23,5 por ciento en relación con lo proyectado para este año. Dentro de estos ingresos ya están contemplados los flujos provenientes del impuesto al cheque y a los cigarrillos, normas que deberán ser prorrogadas este año. El gasto público tendrá un incremento de 18,8 por ciento, mientras que los subsidios para el sector privado, público y externo tendrán una suba de 28,0 por ciento.

Dentro del articulado del proyecto, el Ministerio de Planificación es autorizado a tomar deuda por 9000 millones de dólares, sumado a la posibilidad de otorgar avales para endeudarse por más de 27.000 millones de dólares, con la intención de invertir en obras estratégicas de infraestructura, planillas que al cierre de esta edición no habían sido publicadas. Por otro lado, la norma vuelve a insistir con la creación de un cargo específico para financiar la construcción de gasoductos troncales y regionales.

El proyecto del Presupuesto del próximo año será presentado por el ministro de Economía el 28 de septiembre, tras su regreso de la reunión anual del FMI. Tal como anticipó Página/12 el sábado pasado, el saldo de la balanza comercial previsto para el próximo período será de 8579 millones de dólares, un resultado muy distante de los 5000 millones que eran calculados por los analistas privados. En cuanto al resultado primario, se espera un superávit de 2,2 por ciento y un resultado financiero (luego del pago de los intereses de la deuda) también superavitario, aunque muy cercano al equilibrio (0,07 por ciento del PBI). En cambio, para este año habría un déficit cercano al 0,7 por ciento del producto.

Uno de los temas que más se discutirán en el debate parlamentario –por fuera del índice de inflación, previsto en 9,2 por ciento– tendrá que ver con la distribución del gasto público. Según el proyecto enviado al Congreso, el 60,0 por ciento estará destinado a servicios sociales (salud, asistencia social, educación, vivienda, agua potable, etc). Serán 303.027 millones de pesos, lo que representará un incremento de 20,6 por ciento en comparación con lo previsto para 2011. En cuanto al gasto destinado a fines económicos (energía, transporte, industria, agricultura, etc.), se destinarán 94.994 millones de pesos, es decir un incremento del 13,9 por ciento.

Por otro lado, el monto de transferencias para financiar los gastos corrientes de los sectores privado, público y externo tendrá un incremento de 14,4 por ciento en relación con lo previsto para este año (141.572 millones de pesos), lo que implicará un 28,0 por ciento del gasto total. Dentro de los subsidios, el sector privado se llevará el 53,4 por ciento de los recursos. Se destacan transporte y energía.

El debate por el Presupuesto no sólo incluye a los legisladores, sino que los gobernadores también son de la partida, aunque su ámbito de negociación sea otro. Muchas de sus exigencias se ven plasmadas en la planilla donde figura el detalle de todas las obras públicas que ya tienen un financiamiento previsto.

Otro eje de discusión para los gobernadores tiene que ver con la coparticipación. Uno de los tributos coparticipables es el impuesto al cheque, que deberá ser prorrogado este año. El Ejecutivo prevé recaudar 43.927 millones de pesos (un 2,11 del PBI). Estos recursos se distribuyen en un 70 por ciento para la Nación y un 30 por ciento para las provincias, pero de este último porcentaje, un 15 por ciento va directamente a la Anses. El año pasado la oposición intentó modificar el esquema de distribución de estos recursos, pero no logró superar el trámite parlamentario.

Otra de las leyes que necesitarán una prórroga son el impuesto a los cigarrillos y la llamada Emergencia Económica, normativa que le permite al Ejecutivo renegociar los contratos con las empresas privatizadas.

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