La trama de la Bonaerense empieza a aparecer en los debates del Circuito Camps. En la tercera jornada de audiencias del juicio que se realiza en La Plata se leyeron las acusaciones contra el comisario Miguel Etchecolatz y las patotas de la Comisaría V y del Pozo de Arana. La lectura se hizo frente a 18 represores presentes, sentados en la sala, de espaldas al público, pero también de espaldas a un pañuelo con la silueta de Jorge Julio López que alguien colgó detrás de sus asientos a un día de los cinco años de la desaparición del testigo. Las acusaciones hicieron eje en la articulación de los centros clandestinos con la Brigada de Investigaciones de La Pata, se metieron en el ataque a la casa de la calle 30 y mostraron los perfiles de los policías, muchos individualizados con la reapertura de las causas. Entre otros, Hugo Guallama –chofer de Etchecolatz– y el “Oso” Carlos García, uno de los capos de la patota, ascendido a subjefe de la Unidad Regional, reciclado años después como parte de la policía del duhaldismo. Acusados los dos entre otros hechos del robo de Clara Anahí, la nieta aún desaparecida de María Isabel “Chicha” Chorobick de Mariani.

El juicio por el Circuito Camps todavía no entró en etapa de testigos, y recién lo hará dentro de algunas semanas, cuando termine la larga lectura de las cinco acusaciones sobre los 26 imputados. Se juzgan crímenes en seis centros clandestinos del Circuito, con 281 víctimas, y pasarán más de 500 testigos. Ayer la lectura de los hechos de la Comisaría V y del llamado Pozo de Arana mostró partes de un mismo microcircuito: empezaba con el ingreso de los detenidos desaparecidos en la Brigada de Investigaciones de Etchecolatz, desde ahí eran derivados a la Comisaría V, un espacio principalmente de interrogatorios, y al Pozo de Arana, campo de torturas y exterminio.

En la sala no estuvieron todos los acusados. El Tribunal Oral Criminal Federal 1 a cargo del juicio trasladó sólo a los imputados de este tramo. Quedó afuera entre otros Ibérico Saint Jean, el ex gobernador bonaerense, defendido por su hijo, y que llegó a la audiencia la semana pasada en silla de ruedas. Según fuentes judiciales, Saint Jean no estuvo porque llegó a juicio con una acusación demasiado restringida desde la primera instancia, acusado sólo por una parte de los hechos. El dato, que podría modificarse a lo largo del proceso, le permite no presentarse y da tiempo al Tribunal para resolver los pedidos que presentó su hijo, avalado por tres informes del Cuerpo Médico Forense –cuestionado en más de un juicio– que dicen que supuestamente no está en condiciones de salud. Otro dato fue el problema de la defensa de Jaime Lamont Smart. El ex ministro de Gobierno bonaerense es el primer civil con rango de ministro juzgado en procesos por delitos de lesa humanidad. Fue autorizado por el Tribunal a defenderse a sí mismo, pero, para evitar un enfrentamiento con las víctimas, los jueces Carlos Rozansky, Mario Portella y Roberto Falcone pidieron que sea acompañado por un defensor oficial. El problema no se resolvió. Sonia Marcela Lagoa fue la defensora designada, pero se opuso a acompañarlo y apeló.

Por la Comisaría V pasaron víctimas como Adriana Calvo y Jorge Julio López. Inés Ortega, que dio a luz a su hijo Leonardo Fossatti. O los De la Cuadra: Estela, Roberto José y Elena, que dio luz a Ana Libertad, ambas todavía desaparecidas. En la sala estuvo Estela de la Cuadra: “Esta vez voy a declarar por cuatro”, explicó. “Yo no estoy cansada de declarar, al contrario, quiero hablar por los cuatro y voy a hacerlo todas las veces que pueda hasta que un coágulo me tape la cabeza: creo que puedo acordarme de más.”

Con el nombre de cada uno de ellos de fondo, el Tribunal leyó la acusación de los lobos negros de la Bonaerense. Guallama era un cuadro menor en la estructura de Etchecolatz, “un lumpen”, dice Inti Pérez Aznar, ex instructor de la causa, ahora querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Uno de los cargos principales lo vincula al ataque del 24 de noviembre de 1976 a la casa de la calle 30, donde vivía Diana Teruggi, la nuera de Chicha Mariani, y donde murieron ella, Roberto Porfirio, Juan Carlos Peiris y Daniel Elicabe. Guallama está acusado como autor de los disparos que mataron a Diana mientras corría con su hija en brazos. También está acusado de robar a la niña. Policía de la Bonaerense, con grados de agente, cabo, cabo primero, admitió haber sido chofer de Etchecolatz pero dijo que ese día estaba de franco. Pero la acusación recoge pruebas que parecen condenarlo: testimonios de vecinos, una condecoración de la Orden de San Miguel Arcángel seis días después del operativo por “eliminar elementos extremadamente peligrosos para la sociedad” y el relato de su propia mujer, Mabel Suárez, que aseguró que él vociferó varias veces haber estado en los techos de la casa con Ramón Camps y Etchecolatz “disparando contra una mujer que llevaba su bebé en brazos”.

Otro de los nombres que se escuchó y a los que volverá el juicio es Carlos “Oso” García. Jerarca de la Bonaerense, alcanzó rango de comisario general, fue director de la custodia del Banco Provincia de Eduardo Duhalde y participó de un grupo de investigadores que aportó información falsa en la causa AMIA. Para 1976, Juan Fiorillo era jefe de la Unidad Regional La Plata y García, su segundo. Guallama dijo que “a Fiorillo lo vieron cargando un bulto en su coche envuelto en una frazada”. Y con él “participó su jefe de Brigada, un oficial al que le decían Oso y era su apellido García”. García, que entonces era un “policía alto, morocho, excedido de peso, de unos 45 años, con un arma tipo escopeta en una mano y que en la otra llevaba a un bebé envuelto en algo blanco”, según los relatos de un vecino, tenía una voz de barítono con la que lo amenazó.