Sergio Schoklender pidió ante el juez Norberto Oyarbide la nulidad de la pericia caligráfica realizada por Gendarmería Nacional que estableció que la firma de Hebe de Bonafini había sido falsificada en un contrato en el que la Fundación Madres de Plaza de Mayo aparecía adjudicándole a la empresa Meldorek la construcción de viviendas sociales en todo el país. Ese informe de los peritos especializados es una fuerte evidencia que compromete al ex apoderado –dueño de esa firma–, ya que demostraría el engaño en perjuicio de la entidad y abonaría la hipótesis de que la firma podría haber sido utilizada para el desvío de fondos públicos destinados a la Misión Sueños Compartidos. El mayor de los Schoklender argumentó que no había sido notificado del estudio en cuestión y, por ende, no se le permitió designar un “perito de parte”. En otra presentación informó que pretende “garantizar la continuidad” de Meldorek y cumplir con las “obligaciones laborales, tributarias y designación de nuevas autoridades por parte de los accionistas”, para lo cual ya había pedido en la fiscalía de Jorge Di Lello que le liberaran los fondos que no tienen relación con actividades de Madres.

La pericia caligráfica que da cuenta de la falsificación de la firma de Hebe de Bonafini había sido ordenada por Oyarbide, quien tampoco les notificó sobre su realización a las Madres, que como institución son parte querellante. Para hacerla se utilizaron firmas que estaban en distintos escritos del expediente, consideradas “indubitables”. Las conclusiones de la Gendarmería fueron tajantes y representan una complicación para Sergio Schoklender, que es investigado por presunta defraudación y lavado de dinero, en el uso de fondos públicos otorgados a Madres para la construcción de viviendas. El contrato en cuestión, además de concederle a Meldorek la fabricación de las casas y las obras, incluía un pago inmediato de 1.920.000 pesos a la empresa. La maniobra también la habría permitido al mayor de los Schoklender y su entorno cobrar no sólo esa cifra el 28 de diciembre del año pasado, sino una suma similar cinco días después. Las viviendas, vienen sosteniendo en la Fundación, eran construidas por las Madres.

El argumento de Schoklender para intentar derribar esta prueba fundamental que lo complicaría es que se lo privó del “pleno ejercicio de mi derecho de defensa al no haber sido notificada (la pericia) y sin fundamentos válidos que justifiquen tal excepción”. En estas circunstancias, sostuvo, no tuvo la posibilidad de presentar un perito de parte para ejercer contralor. El ex apoderado pidió anular la pericia ya realizada, pero a su vez solicitó que se haga que consista en la “formación de un cuerpo de escritura” de Bonafini y se le permita poner un perito calígrafo propio. Según explicaron en Tribunales, es raro que los jueces acepten anular pruebas periciales que se pueden reproducir, como la de una firma. Y por esa misma razón, es común que no convoquen a peritos de parte.

Otro de los escritos que dejó Schoklender ayer, en su visita ya habitual a Comodoro Py 2002, fue un pedido para continuar con actividades de Meldorek. Esta empresa fue adquirida en un noventa por ciento por el ex apoderado de Madres en 2010. Había pertenecido al financista Fernando Caparrós Gómez, en cuyas financieras los Schoklender habrían cambiado cheques de la Fundación. En teoría, el mayor de los hermanos terminó comprando la firma porque a nombre de ella estaban dos aviones que le interesaba adquirir, que eran útiles para recorrer las obras de Madres en las provincias. El otro diez por ciento quedó para el piloto Gustavo Serventich, que quería explotar comercialmente las aeronaves. Una de ellas fue vendida. Lo que sucede es que con la investigación salieron a la luz algunos datos que dan cuenta de que Meldorek se habría utilizado para otras operaciones. Por ejemplo, el vehículo que usan las Madres para sus actividades está a nombre de esa firma. Pero además los investigadores detectaron que Schoklender le facturaba a la propia Meldorek supuestos honorarios por hasta 50 mil pesos.

Schoklender pidió que le devuelvan los “libros da actas” de Meldorek que él entregó a la Justicia o que, en su defecto, le den fotocopias certificadas. El día anterior había planteado en la fiscalía que para cancelar deudas de la empresa –que tiene inhibición de bienes– y continuar con trabajos ajenos a la construcción de viviendas le liberen fondos que no están vinculados con las actividades de Madres.