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La noticia fue recibida frente a Tribunales con cánticos, aplausos y bombas de estruendo. “Es un logro haber evitado que la Justicia sentara un precedente grave para las organizaciones sociales, no hay antecedentes de condena por incitación a la violencia a quienes participan de manifestaciones que suelen ser reprimidas y terminan con golpes y pedradas.” Así se pronunció el abogado Gabriel Lerner, uno de los defensores de los cuatro militantes de la agrupación Quebracho que ayer fueron absueltos por el Tribunal Oral Federal (TOF) número 4. Fernando Esteche, Leonardo del Grosso, Carlos Franca y Guillermo Caviasca coincidieron en afirmar que fueron víctimas de una causa política. “Ustedes tienen la posibilidad de hacer justicia o sembrar la semilla de la violencia que todos padecemos”, les dijo Del Grosso a los jueces al pronunciar sus últimas palabras. Los defensores se mostraron satisfechos con el veredicto que ignoró el pedido del fiscal de juicio, que había solicitado una condena a tres años de prisión en suspenso. Pero hubieran preferido que el TOF 4 determinara nulo un proceso que estuvo signado por “pruebas ilegales” presentadas por el ex ministro Carlos Corach. El único condenado fue Esteche, a quienes los jueces Leopoldo Bruglia, María San Martino y Horacio Vaccare impusieron tres años de prisión en suspenso por tenencia ilegítima de un arma de guerra cuando fue detenido.
El abogado Lerner explicó a Página/12 que se trata de una pistola 9 milímetros que Esteche posee legalmente, aunque no cumplió con un reempadronamiento exigido. La causa fue iniciada por el gobierno menemista en agosto de 1995 cuando los cuatro militantes fueron acusados de “incitación a la violencia colectiva contra las fuerzas de seguridad” por haber participado en una protesta estudiantil contra la aprobación de la Ley de Educación y en la marcha número 100 y 150 de los jubilados. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 25 de marzo.
Controlados de cerca por un importante operativo de seguridad, más de un centenar de dirigentes piqueteros y representantes de agrupaciones defensoras de los derechos humanos se concentraron ayer frente a los tribunales federales de Retiro. La Asociación Madres de Plaza de Mayo, representantes del Bloque Nacional Piquetero, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), de la Coordinadora de Unidad Barrial CUBA, del Frente 19 de Diciembre, vecinos de las asambleas del Gran Buenos Aires y Capital Federal, miembros de Barrios de Pie y de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón, entre otros, ocuparon desde temprano la playa de autos judiciales en solidaridad con Esteche, Caviasca, Del Grosso y Franca. “No vinimos a decir yo no fui, yo no estuve. Estuvimos y vamos a seguir yendo a las marchas, vamos a seguir peleando”, dijo Caviasca en la audiencia de la mañana. “En los últimos diez años Argentina fue un espiral de conflictos: Cutral-Có, Santiagazo, donde hubo 50 muertos siempre del mismo lado, nunca un policía, ¿cuál es la violencia que nosotros generamos?”, se preguntó el ex acusado. Y agregó que “el menemismo tenía necesidad de parar el conflicto social y entonces creó un demonio al que llamó Quebracho”.
Los hechos evaluados en su momento por el juez Carlos Liporaci, y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, como una incitación a la violencia fueron el haber derribado vallas de seguridad, arrojar piedras y otros elementos contundentes contra policías y edificios públicos y el incendio de paradas de colectivos. A su turno, Esteche colocó a los jueces “en la disyuntiva de hierro de consagrar o no como lícita una prueba ilícita”. Corach había presentado dos carpetas y un video que mostraba imágenes editadas, subtituladas y musicalizadas. Las carpetas contienen información sobre las actividades de más de 250 personas de Quebracho, Patria Libre y otras organizaciones políticas. Los defensores Lerner, Eduardo Soares y Liliana Mazea describieron que carecen de identificación y que esa información se obtuvo “pinchando” ilegalmente teléfonos, introduciendo clandestinamente micrófonos o mediante agentes encubiertos infiltrados en las agrupaciones. Los defensores consideraron que el fiscal Alberto Huarte Petite imputó de manera “prejuiciosa” a los acusados, en un sentido “demonizador” por su pertenencia a Quebracho. “En un contexto de escaramuzas y pedreas el fiscal cree identificar a uno de los acusados y luego le atribuye el papel de incitador por su sola pertenencia a esa agrupación”, argumentaron durante el alegato.
“Nadie condenará a (Luis) Barrionuevo por el desastre que hizo en Catamarca pero este fiscal sí pidió una condena. Condenarlos y absolverlos, entonces, era claramente una decisión política, se trata de un delito político porque no se aplica a los que mandan pero sí a los que resisten”, aseguró Lerner.