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Si bien en el crimen de María Marta García Belsunce nada parece previsible, ni siquiera su resolución, sus familiares imputados por encubrimiento sumaron otra batalla perdida. Ayer, la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro rechazó por unanimidad el pedido de remover al fiscal Diego Molina Pico de la investigación de los encubrimientos. Ya el juez Diego Barroetaveña había resuelto rechazar la solicitud. Los defensores de Carlos Carrascosa, Horacio García Belsunce, Guillermo Bártoli, Constantino y John Hurtig sostienen que el fiscal debería ser citado como testigo y que perdió su objetividad al mostrar interés por enmendar errores de su actuación. Después del nuevo traspié, pero sin que la desmoralización haga mella entre sus filas, los abogados José Scelzi y Marcelo Nardi aseguraron que apelarán ante la Cámara de Casación.
El pedido de la defensa estaba concentrado en dos puntos principales: la presencia de Molina Pico en el chalet de los Carrascosa, el 28 de octubre pasado, un día después del crimen y cuando se desarrollaba el velorio con más de 200 presentes. El fiscal no abrió el expediente con esa actuación sino que lo hizo dos días más tarde, al ordenar a peritos de la Bonaerense que se presenten en el chalet. Los defensores sostienen que ese 28 Molina Pico era uno más entre los invitados y solicitaron que sea considerado como testigo. Por otro lado, consideran que el fiscal intentó enmendar ese error al tomar declaración a los imputados, cuando se hizo notorio que algunas preguntas estaban dirigidas a describirlo a él constituyéndose en el velorio para iniciar las averiguaciones. En ese caso, los abogados sostienen que Molina Pico perdió la objetividad imprescindible para seguir al frente de la investigación.
El juez Barroetaveña ya había rechazado la solicitud resolviendo que el fiscal no concurrió al velorio como testigo ni perdió su objetividad. El juez sostuvo que nadie de la familia transmitió al fiscal ninguna de las dudas que rondaban sobre la muerte de María Marta (léase pituto y demás).
Ayer, los jueces Fernando Maroto, Emilio Rodríguez Mainz y Celia Vásquez resolvieron rechazar la apelación por unanimidad, pero con diferencias de criterio. Los dos últimos fundamentaron que la apelación era un recurso “improcedente e inaceptable” porque no era ése el órgano correspondiente. Maroto fue más a fondo y sostuvo que “no puede sostenerse que Molina Pico haya participado como testigo del hecho”, y argumentó que la presencia policial, el modo en que el fiscal fue convocado, el nulo conocimiento previo que el fiscal tenía de la familia y que se encontrara de turno ese día invalidan ese punto. Respecto a la falta de objetividad, Maroto cargó contra la Reforma Procesal: “Uno de los desaciertos más graves de la reforma del Código Procesal de la provincia es que por un lado le dice al fiscal que debe ser objetivo y por otro le asigna rol de parte interviniente en el proceso”.