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La Justicia federal de Rosario procesó a una decena de miembros del Ejército, con Jorge Rafael Videla y Ramón Díaz Bessone a la cabeza, y a dos policías federales por la desaparición y muerte de 27 militantes del ERP, y la sustracción de una menor, ocurridos en agosto de 1976. Lo dispuso el viernes pasado el juez Marcelo Bailaque, quien también dictó la prisión preventiva de los acusados.

Los represores procesados pertenecían al Centro de Operaciones Tácticas (COT) del Segundo Cuerpo de Ejército, un órgano integrado por jefes de distintas áreas como Operaciones, Inteligencia, Recursos Humanos o Logística, entre otras, que conformaban el Estado Mayor del Segundo Cuerpo. Allí se diseñaban los operativos posibles, se los proponían al comandante y éste decidía cuál se ejecutaba. Entre los procesados se encuentran, además de Videla y Díaz Bessone, los militares Julio Ezequiel Franciulli, Eitel Aramis Ferreira, José Javier De La Torre, Alfredo Sotera, Jorge Alberto Fariña, Heriberto Lavallén, Marino Héctor González y Jorge Alfredo López, y los ex policías Federico Almeder y Rubén Oscar Jaime.

A su vez, el juez dispuso la falta de mérito de otros cinco imputados: Horacio Guillermo Canestro, Edgardo Antonio Faur, Roberto Oscar Galuppo, Roberto Fossa y Enrique Benito Laurenti.

Las causas por las que fueron procesados los represores investigan la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por Fernando Brarda, que luego concluyeron en las posteriores muertes o desapariciones de Ricardo Klotzman, Cecilia Barral, Juan Tumbetta, María Laura González, Ricardo Machado, Elvira Márquez y Héctor González. Entre las personas desaparecidas también se cuentan Osvaldo Matosky Szeverin, José Angel Albá, Daniel Garrera, Liliana Girardi, Julio Curtolo, María Teresa Vidal Martínez Bayo, María Teresa Latino, Alejandro Ramón Pastorini, Herminia Nilda Inchaurraga, José Rolando Maciel, Elena Cristina Márquez, Dante Vidali, Isabel Carlucci, Víctor Fina, María Teresa Serra, Juan Carlos Lieby, Elvio Ignacio Castañeda, Oscar Alberto Medina, María Gazzano Bertos y Edgardo Silva. En la pesquisa se estableció la sustracción de una niña hija de la pareja Klotzman Barral, que fue reconocida como la nieta número 103 por las Abuelas de Plaza de Mayo.

En la resolución que dispuso el procesamiento, el juez destacó "que las personas que fueron muertas o se encuentran a la fecha desaparecidas eran integrantes del ERP o sospechadas de pertenecer a esa organización o de tener algún tipo de vinculación". Añadió que "los hechos habrían sido llevados a cabo por fuerzas conjuntas a cargo del Ejército y de la Policía Federal". La mayoría de las desapariciones se perpetraron durante la primera quincena de agosto de 1976 y se sospecha que algunas de las víctimas habrían estado privadas de la libertad en la llamada Quinta Operacional de Fisherton, en la zona oeste de Rosario.