Sin secreto de sumario y tras un fuerte reto al juez de la causa de parte de la Cámara Federal, la investigación del posible desvío de fondos públicos que manejaba la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales entró en etapa de definiciones. El fiscal Jorge Di Lello trabaja en los fundamentos de la citación a indagatoria de entre veinte y treinta personas implicadas en el expediente y la elevaría al juzgado en el transcurso de diciembre, que recién la concretaría después de la feria judicial de enero. Los ex apoderados de Madres, Sergio y Pablo Schoklender, encabezan la lista de sospechosos, rodeados de socios de negocios y ex integrantes de la entidad junto con algunos financistas. Hebe de Bonafini no estará en la nómina inicial de citaciones, aunque no se descarta que lo esté su hija Alejandra.

“Sigo con más fuerza que nunca”, dijo ayer el juez Norberto Oyarbide, como reacción ante el fallo de la Sala I de la Cámara Federal que cuestionó el “errado direccionamiento” de la investigación y le advirtió que debía precisar el “objeto” de la causa y de qué se acusa a quiénes. Le reprocharon focalizar la causa en cuestiones patrimoniales más que en corroborar el desvío de fondos y haber prolongado el secreto de sumario más de cinco meses. “Es un trabajo en el que debo seguir adelante. Están trabajando mucho todos los cuerpos técnicos del Banco Central, de la Policía Federal. La trama es muy compleja, los imputados son muchos”, sostuvo el magistrado. Cerca del juzgado trascendió que antes de llamar a indagatoria, esperan los resultados de peritajes que podrían echar luz, entre otras cosas, sobre el destino final de los 765 millones de pesos que el Ministerio de Planificación destinó a la Misión Sueños Compartidos de la Fundación de las Madres para construir viviendas.

De todos modos, se conocieron datos que abonarían la teoría del desvío como el faltante de entre 15 y 20 millones de pesos de partidas aportadas por el gobierno porteño y el nacional para la construcción de 340 viviendas en Los Piletones, en Villa Soldati.

Hay tres maniobras que analiza la fiscalía de Di Lello sobres las cuales se apoyarían las indagatorias (por defraudación, lavado y quizás asociación ilícita) que pediría a mediados de mes:

- Schoklender o personas de su entorno habrían librado o endosado cheques de las Madres a empresas o personas conocidas que los cobran en efectivo o los transforman en bienes. En ciertos casos los cheques iban a cuentas de ese mismo entorno. Una de las hipótesis que lleva a la fiscalía a presumir que habría existido una maniobra de lavado de dinero es que se habrían utilizado cuentas bancarias de empleados con sueldos bajos (de unos dos mil pesos por mes) para mover sumas abultadas. En una de esas cuentas se habrían depositado cinco millones de pesos, retirados en efectivo.

- En dos barrios privados, El Patacón y El Remanso, se constató el desvío de materiales usados para las viviendas sociales (un sistema italiano de paneles móviles llamado M2) para la construcción de viviendas de los Schoklender, allegados y socios. Además, a través de la empresa Construcciones Calificadas, se ofrecían las casas de country a la venta.

- El nivel de vida, los gastos, en especial del mayor de los Schoklender y de su mano derecha, el contador Alejandro Gotkin, es una variable considerada de peso en la causa. Gotkin habría tenido gastos por cien mil pesos mensuales en su tarjeta, mientras que Sergio Schoklender habría vacacionado en un lujoso centro de esquí en Ushuaia por cerca de 60 mil pesos el año pasado. Todo eso sin contar la adquisición de barcos y autos costosos. Ambos, al igual que el piloto Gustavo Serventich, socio, hacían gastos con las tarjetas de la empresa Meldorek, que los tres integraban, que se sospecha que se utilizó como pantalla para desviar fondos públicos. Aparecía como empresa a cargo de las construcciones y venía de estar vinculada con el financista Fernando Caparrós Gómez, uno de los que se sospechan que les cambiaba cheques. Gotkin, a la vez, era titular de la firma Antártica Argentina, en cuya cuenta bancaria se detectó la primera operación sospechosa con cheques de la Fundación por cuatro millones de pesos, retirados por el propio Gotkin. Todos ellos integran la lista de posibles candidatos a ser citados a indagatoria. También podría ser citada Alejandra Bonafini, a raíz de dos reportes de operaciones sospechosas de la Unidad de Información Financiera que la vinculan y de dudas sobre la compra-venta de propiedades. Por lo menos para el fiscal, Hebe no tendría responsabilidad penal. La entidad se considera estafada y les reclama a los Schoklender deudas de cargas sociales e impositivas.