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Julián Domínguez parece dispuesto a modificar el funcionamiento “improductivo” de la Cámara de Diputados que preside hace poco más de un mes. Ya avanzó en los “consensos” para modificar el reglamento interno y priorizar el trabajo legislativo de las comisiones, a las que quiere dotar de “excelencia” con el asesoramiento permanente de universidades y propone que los diputados que las integran recorran el país para explicar los proyectos que involucran a las provincias. Al mismo tiempo que sostiene que hay que agilizar el debate en el recinto a través de los partidos políticos, que son “los dueños de las bancas” y representan “la soberanía política de los ciudadanos”. Domínguez se mostró partidario de una reforma constitucional que “rejerarquice” la Carta Magna por sobre determinados acuerdos internacionales y que instrumente un nuevo régimen de coparticipación federal. También defendió la sanción de la ley antiterrorista y negó que el Gobierno –“que garantiza la plena vigencia de los derechos humanos”– la utilice para reprimir la protesta social.

–Ha insinuado la necesidad de producir algunos cambios en la Cámara, ¿cuáles serían?

–La Cámara es de los representantes del pueblo, por lo tanto tiene que convertirse en un espacio donde la sociedad pueda conocer lo que aquí se hace. Pienso en una Cámara donde el debate principal, la confrontación de datos, estadísticas, investigación, análisis, consulta, se haga en el seno de las comisiones. Y que podamos, como lo hacen las Cámaras modernas del mundo, ir al recinto a fijar posiciones en torno de los proyectos de ley.

–¿Cómo se implementaría?

–Hay que pensar en un programa de modernización legislativa. Que la representación de quienes fijan posición en el recinto sea proporcional a la cantidad de diputados que se tiene.

–¿Le pareció tedioso el actual sistema parlamentario?

–Me pareció improductivo, que no le sirve a la ciudadanía para determinar cuál es la posición de los partidos aquí representados. Una de las cosas centrales de la ley de partidos es que tienen en su constitución una ideología que los define como tal. Acá es todo tan difuso que no se sabe.

–¿Cree que las bancas pertenecen a los partidos y no a los legisladores?

–Sí, pero no lo digo yo, lo dice la Constitución. Además hay una acordada de la Corte, donde se estableció que no es individual sino de los partidos. Inexorablemente es así. La soberanía política se representa a partir de los partidos. Creo que las bancas no son de los individuos.

–¿Apoyaría una ley que estableciera a quién pertenecen las bancas?

–No sé si debe ser una ley o no. La propia interpretación de la Constitución y la doctrina en el derecho electoral habla precisamente de esto. Creo que con aciertos o con errores la pelea hay que darla dentro de las propias instituciones nos gusten o no las conducciones transitorias de los partidos. La Argentina va a consolidarse y alcanzar un grado de madurez institucional cuando las propias contradicciones las resuelvan los ámbitos que lo tienen que resolver: los partidos y el debate en el Parlamento deben resolver pacíficamente las tensiones y los conflictos que conviven en la sociedad.

–¿Hay consenso con el resto de las bancadas políticas de modificar el reglamento de la Cámara de Diputados?

–Está presente. Creo representar la opinión casi mayoritaria, ya hay proyectos de modernización parlamentaria del FpV-PJ, la UCR, del PRO. Se propone buscar la excelencia en un staff permanente de asesoramiento de cada uno de los temas que hacen a las comisiones, porque acá se concentra la agenda prioritaria de intereses específicos para la Argentina.

–¿Sobre qué ejes?

–Un sistema de audiencia pública que permita profundizar el debate, que la Cámara pueda estar en las provincias a través de las comisiones, elegir los temas y como expresión federal de la representación política que podamos recorrer todo el país tratando los temas de interés. Tenemos que tener una estrategia común con las provincias y los municipios.

–En los últimos tiempos, la oposición insiste en sus propios proyectos y el oficialismo sólo respalda las iniciativas del Ejecutivo. ¿Qué proyectos serán prioritarios en esta etapa?

–El origen de nuestra Constitución está tomada del modelo norteamericano, donde hay un fuerte presidencialismo. Obviamente, los legisladores del oficialismo somos la expresión de un proyecto político y naturalmente lo que el sistema prevé es que seamos facilitadores de la instrumentación de las medidas políticas del gobierno al que pertenecemos.

–Usted se ha manifestado a favor de una reforma de la Constitución...

–Cada vez que se habla de este tema parece que sólo se refiriera a los mandatos de los titulares del Ejecutivo. Y el Congreso no puede delegar en interpretaciones jurisprudenciales la tarea de ser generador del propio ideario político argentino. La política tiene un rol transformador en la construcción de una patria justa, con igualdad de oportunidades para todos. Las instituciones públicas, como el Congreso, tienen que ser el soporte principal del proyecto nacional y popular. La Presidenta está liderando un proceso político y cultural sólido, fundado en nuestras raíces e identidad, con nuestra gente y sus necesidades. La reforma del ’94 respondió al espíritu del Consenso de Washington, donde el Estado fue garante del libre juego de las fuerzas del mercado. A partir del gobierno de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, la soberanía y la defensa del interés de las mayorías y el desarrollo argentino son el espíritu que impera, que incluye a las mayorías populares.

–¿Cuáles son los temas, entonces, que a su parecer requieren una nueva adecuación constitucional?

–Declarar de interés público el uso del suelo con fines productivos, su disposición, explotación y restricción. La incorporación de la Asignación Universal por Hijo para la protección social, como derecho para los niños y adolescentes. Que el Estado garantice el sostenimiento de la educación, la ciencia y la tecnología, con porcentajes del PBI. La eliminación de toda forma de discriminación y violencia de género. La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Modificar el mecanismo constitucional previsto para la sanción de la ley de coparticipación federal e incorporar como nuevo concepto de distribución de la coparticipación, la participación de cada provincia en el PBI.

–¿También incluiría los múltiples acuerdos bilaterales donde la Argentina se compromete a garantizar en nuestro territorio inversiones privadas que tienen origen económico con esos países?

–También. Argentina está penando en el Ciadi por una serie de tratados de inversiones recíprocas que siguen siendo un obstáculo sin resolución.

–Con el mismo criterio se podría cuestionar la llamada ley antiterrorista.

–No termino de entender el debate que se ha dado porque hay cuatro incisos que tipifican específicamente cómo se aplicará y hay un agregado que está vinculado a los derechos reconocidos en nuestra Constitución. No termino de comprender de qué parte de la ley se desprende la interpretación de que esto abriría la puerta a la criminalización de la protesta social. Además al Gobierno se le pueden plantear muchas cosas, menos que no haya una plena vigencia de los derechos humanos en el país.

–¿Por qué entonces la sanción de esta ley?

–En primera instancia pienso que para que exista una asociación ilícita terrorista se necesita tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político, estar organizados en redes operativas internacionales y disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos; o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas. Todas estas situaciones se dieron en los atentados que se produjeron contra la AMIA y la embajada de Israel en nuestro país. Por lo tanto, lo que se buscó en esta ley es prevenir este tipo de actos.

–Muchos de estos delitos pueden ser juzgados a través del Código Penal sin necesidad de una ley específica.

–Debemos tener en cuenta que Argentina participa de un sistema global de prevención y control de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Es necesario aclarar que no se ha creado un nuevo tipo penal consistente en atemorizar a la población, sino que, respetando la estructura lógica del Código Penal, se incorporó un nuevo artículo que determina fundamentalmente que cuando las consecuencias de dichos actos hubieran sido cometidas con la finalidad de atemorizar a la población, la escala penal se incrementa al doble, en el mínimo y en el máximo.