El Ministerio de Seguridad desplazó a 21 comisarios y subcomisarios por sospechas de estar vinculados con boliches donde se ejerce la prostitución. Entre ellos figuran los comisarios Roberto Cabrini y Sergio Maldonado, mencionados en la primera declaración ante la Justicia de Lorena Martins, la hija de Raúl Martins, dueño de siete prostíbulos en Capital Federal. El ministerio también abrió el sumario administrativo 465-21-12 en el cual se investiga la eventual participación del comisario Galli y los titulares actuales de las comisarías mencionados por Lorena. Ya en marzo pasado, la jueza María Servini de Cubría ordenó un enorme procedimiento por los posibles contactos entre policías federales y redes de trata. El martes a las 11, Lorena fue citada a declarar en los tribunales de Comodoro Py por el juez Marcelo Martínez del Giorgi, quien subroga a Norberto Oyarbide. Sin embargo, la joven no quiere declarar en el juzgado de Oyarbide por “tener amistad y vínculo comercial con mi padre”. Lorena tiene lista para presentar una planilla con los 35.000 pesos mensuales que se les pagan a las comisarías e indica los nombres y apodos de quienes cobrarían esas coimas. También se menciona a quienes reciben las coimas en la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (ver aparte).

Pese a las demoras de la Justicia, el Ministerio de Seguridad interviene en el caso desde el inicio, cuando Página/12 fue contactado por Lorena Martins. La ministra Garré, por pedido del titular de la Unidad Fiscal de Atención a los Secuestros Extorsivos (Ufase), Marcelo Colombo, dispuso ponerle una custodia de la Gendarmería Nacional justamente porque parte de sus denuncias tenían que ver con la Policía Federal.

En las investigaciones en curso sobre complicidad con los boliches, el ministerio intervino con 400 gendarmes y 200 hombres de la Prefectura para allanar 40 locales. Quedaron involucrados 90 policías, entre ellos seis comisarios y 15 subcomisarios de seis de las ocho circunscripciones. Se pasó a disponibilidad a Sergio Maldonado y a Roberto Cabrini, mencionados por Lorena.

Aunque la joven promete dar más detalles cuando declare otra vez ante la Justicia –ella lo viene reclamando desde hace un mes–, ya denunció que la organización de Martins le paga a un tal Tano, un efectivo de Seguridad Personal, ex Moralidad, y “cuando el Tano no está, el que cobra es un tal Rodrigo”. Respecto de la comisaría 19, hasta que Garré lo relevó, “estaba Sergio Maldonado, muy amigo de mi padre. No-

sotros le decimos El Fantasma, porque entra y sale sin que nadie lo vea del edificio de Anchorena, desde donde los hombres de mi papá manejan todo. Después de Maldonado estuvo Galli, con quien también se arreglaba todo, aunque quisieron aumentar el abono. En la 38 siguen cobrando igual, aunque fue desplazado Cabrini. Con la 50 hubo problemas después de que (Nilda) Garré armó todo el lío de los allanamientos. No querían agarrar la plata. Eso significa que no te dan cobertura, lo que te hace imposible mantener el boliche, porque no se puede trabajar sin cobertura. Al final se arregló. Me parece que intervino Maldonado, aunque ya esté afuera. Hubo una reunión a la que tuvieron que ir Estela Perceval, la nueva pareja de mi papá, y su tío Alberto Solís. El pagador frecuente es José González, al que le decimos Rocky o El Arbitro”.

En la planilla que Lorena presentará a la Justicia y que, como se podrá comprobar, fue enviada desde las computadoras de la administración de su padre, figura, por ejemplo, como Gaona, la comisaría 50, ubicada en esa avenida; la 83 de la planilla, en verdad es la 38; Arbitro 11 es la que corresponde al barrio de Once; la 19 es Vecinos, porque queda a pocos metros del Club Swinger; Drogas Peligrosas es Farmacia; Extranjeros es Asuntos Extranjeros; la División Seguridad Personal, ex Moralidad, es Casa Mayor; Ruidos Molestos es Tata; y Delitos Contravencionales es Contra. Los pagos denunciados sumarían 33.400 pesos mensuales.

En marzo pasado, Servini de Cubría concretó una enorme cantidad de allanamientos en una misma noche porque en las causas judiciales aparecían numerosos testimonios a favor de los boliches y el ministerio detectó que las identidades estaban cambiadas, los testigos eran inhallables o sospechosamente repetidos. Según contó Lorena, los hombres de Martins estaban avisados con 48 horas de antelación, por lo que dejaron en los locales muy pocas chicas y todas con un guión armado previamente. Lorena indicó los lugares en los que existen puertas secretas que comunican los locales con departamentos en edificios aledaños y por el cual sacan a las chicas si hay un procedimiento. Aun así, los hombres de la Gendarmería y de la Prefectura, enviados por Garré, encontraron varios locales –no los que estaban alertados, como los de Martins– en que los dueños tenían retenidos, en cajas fuertes, los documentos de las chicas. Servini de Cubría dictó el procesamiento, por trata de personas, de los dueños de Kit Kats, Keops y Classic Airish Pub, que antes se llamaba Kiss. Toda la investigación se trabajó en combinación con la Ufase.

Desde que trascendió la denuncia de Lorena, el Ministerio de Seguridad abrió el expediente número 465-21-2-12, en el cual se investiga la eventual participación del comisario Galli y los titulares actuales y anteriores de las comisarías mencionadas en los hechos denunciados por la joven. Los funcionarios que están a las órdenes de Garré están esperando que Lorena declare ante la Justicia, algo que se demoró de forma asombrosa, pese a que se mantuvo en secreto la denuncia para permitir que los fiscales y jueces le tomen declaración. Uno de los mayores obstáculos es que el sorteo determinó que el expediente recayera en el juzgado de Norberto Oyarbide. Habrá que ver qué sucede cuando ella concurra el martes a la citación. La joven venía insistiendo, por ejemplo, en que la sede de los negocios de Martins en Buenos Aires, en el edificio de Anchorena 1121, debe ser allanada en horas del mediodía, que es cuando se ponen los pendrives en las computadoras con toda la información sobre movimiento de chicas y pago de coimas a policías y hombres del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde que Lorena propuso ese allanamiento, pasó casi un mes, con el expediente pasando de una fiscalía a otra y de un juzgado a otro.