El senador Daniel Filmus presidió la reunión de la comisión; a su lado, el canciller Héctor Timerman.
Imagen: DyN.

Con la sorpresiva visita del canciller, Héctor Timerman, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado manifestó su “más enérgico repudio” a las declaraciones del primer ministro inglés, David Cameron, quien había calificado de “colonialista” el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas. “No hay ningún motivo para que Gran Bretaña aduzca algún derecho sobre las islas”, ratificó Timerman, quien recordó que la Organización de Naciones Unidas estableció que el principio que debe regir en el diferendo es el de “la integridad territorial y no el de la autodeterminación” de los pueblos.

Alterando la tranquilidad del verano, el Senado abrió ayer sus puertas para repudiar la actitud británica y recibir a Timerman, cuya presencia fue acordada con los senadores oficialistas el miércoles durante el discurso de reaparición de la presidenta, Cristina Fernández, en Casa Rosada. “La cuestión Malvinas lleva 179 años de conflicto cuando, en 1833, parte del territorio de la República Argentina fue invadido por una potencia colonial como Gran Bretaña”, explicó Timerman ante los senadores que conforman la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Daniel Filmus.

Además de agradecerles a los senadores de todos los partidos políticos por el acompañamiento en la lucha por la soberanía, Timerman señaló que en 1965 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el diferendo entre la Argentina y el Reino Unido era una manifestación de “un problema colonial” y que la única forma de afrontarlo “debía ser la negociación directa”. En respuesta a la acusación lanzada por Cameron, el canciller también explicó que “nunca en la historia un barco argentino intentó obstruir la soberanía de otro pueblo”. “Por eso nos hemos hecho acreedores en el mundo del respeto por la lucha por nuestras islas Malvinas”, recordó.

Retomando las palabras de la Presidenta el día anterior, Timerman insistió también en la cuestión de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. Recordó que la ONU estableció que mientras el conflicto esté abierto no se puede introducir en la zona ningún elemento que altere la situación anterior al inicio del conflicto. “Gran Bretaña desobedeció esta recomendación y se aprestó a utilizar, explotar y beneficiarse con los recursos naturales renovables y no renovables que existen en el territorio ocupado”, cuestionó. Para el canciller argentino, la explotación de esos recursos a 14 mil kilómetros de la metrópolis “implica un severo riesgo ambiental”, que en caso de ocurrir un accidente podría desembocar en un “caos ecológico” para la Argentina y los países del Mercosur.

En el mismo sentido, los senadores de todos los bloques firmaron el proyecto de declaración donde “condenan” la exploración o explotación de recursos naturales en territorios “ilegalmente ocupados militarmente por potencias extranjeras”. Al consensuar el texto, subrayaron que la cuestión de la soberanía constituye “una política de Estado, donde los gobiernos se encuentran apoyados por todas las fuerzas políticas y sociales del país”.

Tanto el canciller como los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores agradecieron que, a diferencia de otro momento histórico, la Argentina cuenta con el compromiso y el apoyo de los gobiernos de Chile, Uruguay y Brasil, así como los integrantes de la Unasur y la Celac en el reclamo por la soberanía.

Al tomar la palabra, el radical Juan Carlos Marino y el socialista Rubén Giustiniani coincidieron en el rechazo al argumento de la “autodeterminación” de los isleños y de la negociación “trilateral”. A pedido del bloque de la UCR también hizo uso de la palabra el ex senador radical Rodolfo Terragno.

El ex funcionario recordó la existencia de un proyecto aprobado por unanimidad en la Cámara alta, en que se pide al Parlamento inglés que recuerde un acta firmada en 1983 en la que se consideran ciudadanos británicos plenos a los pobladores de las islas, tras el conflicto bélico de 1982. “El propio Parlamento británico sancionó la ley llamada British Nationality Falkland Islands Act 1983, la cual estableció que los isleños son –lisa y llanamente– británicos. Es decir, que no constituyen, en los términos de la ONU, un pueblo, razón por la cual no les asiste el derecho de autodeterminación. Ya que un grupo de británicos no puede ser árbitro de un conflicto entre su propio país y la Argentina, no pueden los isleños ser juez y parte”, concluyó Terragno.

La comisión volverá a reunirse la segunda semana de febrero para seguir trabajando estos temas y analizar la creación de una comisión bicameral permanente para defender la soberanía de las islas.