La ministra de Seguridad, Nilda Garré, ordenó una auditoría del Proyecto X. “No admitimos espionaje y, si llegara a haber, seremos inflexibles”, señaló en su cuenta de Twitter, sobre la denuncia del espionaje de la Gendarmería a delegados e integrantes de organizaciones sociales. La ministra explicó que Proyecto X “es en realidad un software” y la auditoría se realizará para “saber qué contiene”, es decir para determinar si los gendarmes habían armado una base de datos con información sobre activistas.

En cuanto al pedido de los legisladores de la oposición para que dé explicaciones en el Congreso, la funcionaria apuntó que al Parlamento “se le respondió sobre el tema el 23 de enero, apenas requirieron informes”.

Durante la jornada, Garré hizo otro gesto para mostrar su disposición a controlar cómo actúan los uniformados que están bajo su órbita. Según informó un comunicado de prensa, se reunió con el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Miguel Angel Bermejo, y repasó con él “el estado de cumplimiento del protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad y policiales en manifestaciones públicas”.

Este protocolo de actuación establece, por ejemplo, que cuando se hacen operativos de seguridad por protestas sociales a los efectivos que puedan entrar en contacto con los manifestantes les está prohibido portar armas, que no pueden disparar balas de goma sino para fines defensivos, que todo el personal policial debe estar identificado y que no tienen permitido el uso de pistolas lanzagases, entre otros items.

“El gobierno nacional jamás se ha apartado de la ley en materia de seguridad. Desde la gestión del presidente Néstor Kirchner es la administración que con más firmeza condujo su acción contra la impunidad, la no criminalización de la protesta social y los límites a la acción policial”, agregó el comunicado, aludiendo a las críticas que el Ejecutivo recibió en los últimos días a raíz de la represión que sufrieron vecinos que manifestaban contra la minería en Catamarca –donde actuó la policía de la provincia, pero se cuestionó al gobierno nacional no haber intervenido– y el desalojo de una protesta que ex soldados realizaron en el centro porteño en reclamo de ser reconocidos como ex combatientes de Malvinas.

El parte de prensa agregó que 19 de las 24 jurisdicciones del país ya adhirieron a estos criterios. “El Ministerio de Seguridad lleva un seguimiento permanente de las condiciones en que cada provincia aplica el protocolo vigente y, además, ha ofrecido mejorar la formación y capacitación de los cuerpos que se emplean en el tratamiento de manifestaciones públicas.”

El tema siguió generando repercusiones en la dirigencia política. Desde Nuevo Encuentro, el diputado Martín Sabbatella dijo no tener dudas de que, “de comprobarse que la Gendarmería realizó investigaciones sobre organizaciones políticas y sociales, el Gobierno será tajante en sancionar a quienes las promovieron”. Además, sostuvo que “es ridículo” pedirle a la ministra Garré que “dé testimonio de su compromiso con la democracia y los derechos humanos” porque “sobran pruebas” de eso.

En el mismo sentido opinó Marcelo Saín, ex viceministro de Seguridad provincial y ex titular de la Policía Aeroportuaria. “Me consta, porque estuve al frente de una fuerza mucho más pequeña, que hay cosas que las podés controlar y otras que no podés controlar de manera directa. Es muy probable que la Gendarmería haya incurrido en alguna ilegalidad, pero tengo la absoluta certeza de que Nilda (Garré) no avala esto.”

La abogada del PTS en el Frente de Izquierda Myriam Bregman, una de las patrocinantes de la denuncia judicial, cuestionó en cambio a la ministra al recordar que el tema “hace tres meses” tomó estado público, por lo que “no puede decir que no sabía nada”. A estos cuestionamientos se sumó Néstor Pitrola, también integrante del Frente, pero por el Partido Obrero: “No hay dudas de que la Gendarmería excedió toda orden judicial, ya que en la causa Kraft (seguida contra los delegados de esa empresa por corte de rutas) informaron que participaba el militante Luis Cubillas, que había fallecido dos meses antes”. A su criterio, de esto se podría deducir que los gendarmes tenían una base de datos previa a la apertura del expediente judicial.

El caso quedó a cargo del juez Norberto Oyarbide. En el informe que el jefe de la Gendarmería, Héctor Schenone, envió al fiscal Gerardo Pollicita, consigna que su fuerza tiene tres bases de datos, tal como reveló Página/12 hace dos semanas. Una de ellas es el Proyecto X que, agregó el informe, “se nutre de toda la información que surja durante el transcurso de una investigación judicial” como “nombres, teléfonos, direcciones, apodos, vinculaciones, vehículos y lugares”. Su función principal, concluye la explicación oficial, es “auxiliar el trabajo de entrecruzamiento de datos”.