Desde Río de Janeiro

Han sido doce días de huelga de la Policía Militar de Bahía. Tiempo suficiente para que el comercio y el turismo sufriesen pérdidas de unos cuatro mil millones de reales (unos diez mil millones de pesos), que se robasen 402 vehículos (una media de 33 al día, más de uno por hora), y pasada una semana del final de la huelga se contabilizan 196 asesinatos, más que el doble de la media de uno de los estados más violentos del país. Al menos 40 cadáveres mostraban signos claros de ejecución.

Hay indicios significativos de que grupos parapoliciales aprovecharon la huelga para ejecutar adversarios o saldar deudas pendientes. Un número todavía desconocido de comercios fueron saqueados y destrozados, y más de un centenar de ómnibus y automóviles han sido incendiados.

Por detrás de esos números hay algo que sigue preocupando no sólo al gobierno de Jacques Wagner, del PT, pero también –y principalmente– al gobierno nacional.

A estas alturas, sobran indicios de que no se trató de un movimiento reivindicativo local, sino de un claro aviso a Brasilia para que se termine de aprobar una ley que establece un piso salarial que dobla –y en algunos casos triplica– los sueldos de los policías militares y bomberos en casi todo el país. Es algo que tanto los gobiernos estaduales como el nacional consideran absolutamente inviable, pues significaría un gasto excedente de 46 mil millones de reales (algo así como 115 mil millones de pesos argentinos), de los cuales 34 mil millones corresponderían a los estados y el resto a Brasilia. La inmensa mayoría de los estados brasileños no tendría cómo hacer frente a los aumentos salariales pretendidos y Brasilia dice que no podría ayudar con ningún centavo.

Hay, en la Cámara de Diputados, algunos grupos que respaldan esa reivindicación, con el ojo puesto en los votos de los centenares de miles de policías militares de todo el país. Cada tanto, para presionar al gobierno de Dilma Rousseff (ya lo habían hecho con Lula), amenazan con llevar el proyecto de ley a segunda votación. Varios diputados estuvieron claramente en articulación con los huelguistas de Bahía y con dirigentes sindicales de otros estados, amenazando con lanzar nuevos brotes en otras capitales. De ahí la reacción del gobernador de Río, que llevó 270 policías a la Justicia e hizo detener a 17 líderes sindicales, mientras proponía un aumento gradual en los sueldos locales. Y por eso, principalmente, la reacción de Dilma Rousseff que, en plena negociación entre el gobernador de Bahía, Jacques Wagner, y el comando de huelga, intervino duramente al oponerse a cualquier posibilidad de conceder amnistía a los huelguistas. “Amnistiar sería crear estímulos para nuevos actos como ése”, dijo Dilma, agregando que policías militares no pueden, por ley, hacer huelga o declarar paros. Sometidos a las reglas militares, hacer huelga equivale a insubordinación grave. Y fue exactamente lo que ocurrió en Bahía.

Sea como fuere, el hechizo se hizo contra el hechicero. La gravedad de lo ocurrido hace que entre los diputados el clima sea cada vez más desfavorable a la ley pretendida por las policías militares de todo el país. Y, al mismo tiempo, abre espacio para otro tipo de presión, destinado a que se establezca una amplia discusión sobre seguridad pública en Brasil, bien como la situación de las policías en todas las provincias. Y eso es precisamente lo que los policías menos quieren. Quedarían en claro su falta de preparación, los abusos de fuerza y de autoridad, la corrupción endémica.

El problema es que el proyecto de ley –en realidad, una enmienda a la Constitución– fue aprobado en primera votación, en marzo de 2010, como forma de presionar al entonces presidente Lula da Silva, pese a las muchas advertencias de que se trataba de una decisión irresponsable. Desde entonces, gobernadores de los principales estados brasileños luchan para lograr que los diputados posterguen hacia el infinito la segunda votación, conforme exige la misma Constitución que sería enmendada. Es para acelerar esa puesta en votación del pleno de Diputados que se movilizan las policías militares de diversos estados.

En Bahía, optaron por pasar de la amenaza a los actos. La indignación de la población en todo el país dejó claro que el efecto ha sido al revés. De todas formas, el tema sigue pendiente. Y con el tema, la amenaza. Ahora, con el balance de los resultados de doce días de huelga, hasta los parlamentarios más inclinados a respaldar la reivindicación dan marcha atrás. Pero el gobierno de Dilma Rousseff sabe que tiene en las manos una bomba de tiempo.